20 de diciembre de 2012
¿Servirá
la matanza de Newtown (Connecticut) para propiciar por fin un cambio
significativo en la legislación sobre tenencia, comercialización y control de
armas en los Estados Unidos?
Nada
más conocer la tragedia, el Presidente Obama, con visible aflicción, anunció que no era posible seguir
amparándose en “excusas políticas” para no hacer nada. Se empezaron a escuchar
voces en favor de “cambios significativos”. Finalmente, este miércoles presentó
al Vicepresidente Biden como cabeza de una comisión para proponer medidas al
Congreso, antes de su discurso sobre el Estado de la Unión, en la tercera
semana de enero. Y advirtió que ejercerá todo su poder para sacarlas adelante.
Después de su
llamado inicial, Obama parece haber esperado a que posicionaran las fuerzas
políticas. En días anteriores, prominentes senadores demócratas de tendencia
moderada o, en todo caso, de apego a la tradición del gatillo, se habían
pronunciado por la introducción de controles. Varios gobernadores también
anunciaron restricciones.
Cabe recordar
que después de anteriores episodios similares, también se hicieron sonoras
invocaciones a la inaplazable adopción de medidas y, al cabo, las buenas
intenciones se diluyeron en el fragor de otros afanes políticos. Se teme que,
una vez más, cuando se enfríen los sentimientos, los intereses tomen de nuevo
el control del discurso. Se percibe una línea de actuación para frenar los
cambios: presionar para que las restricciones sólo se apliquen a personas con
problemas de estabilidad mental.
CULTURA E
INTERESES
Suele apelarse
a la profunda cultura de autoprotección y el individualismo fundacional del
país para justificar la pasividad, la ambigüedad o las intermitencias
legislativas en la materia. En el 40% de los hogares hay armas de fuego. La
segunda enmienda de la Constitución sanciona el derecho de los ciudadanos a
portar armas para defenderse. Es obvio que esa provisión era profundamente
coyuntural porque cuando se redactó y aprobó, en el siglo XIX, el Estado no
podía garantizar la seguridad de todos los ciudadanos con las mismas garantías
que hoy.
Pero los
sectores más conservadores se envuelven en la Constitución para no aceptar las
realidades actuales. De hecho, los republicanos más recalcitrantes han señalado
que no admitirán un cuestionamiento fundamental de la Segunda Enmienda.
¿Cuestión de
‘valores’? Quizás. Pero también de intereses. No debe olvidarse tampoco las
sustanciosas sumas de dinero que mueve el sector del armamento. Y, correlativamente,
la infiltración de este negocio en los pasillos del Capitolio y otras tuberías
del sistema político. A pesar de esto
-sostienen los más optimistas-, en esta ocasión podría haber un cambio
de dinámica.
Algunos perciben que la capacidad de presión de la
NRA (la Asociación Nacional del Rifle) se ha debilitado. Este grupo malgastó 14
millones de dólares en impedir la reelección de Obama, contra quien cargó desde
el principio de su mandato, basándose en falsas alegaciones de hostilidad. El
potente lobby armamentístico no fue seriamente desafiado por el Presidente en
sus primeros cuatro años de gobierno. De hecho, Obama se pasó todo este tiempo
amagando sin actuar, a pesar de las matanzas en N.York, Arizona (donde fue
gravemente herida la congresista Giffords) y Colorado.
La NRA ha
tardado días en pronunciarse sobre la matanza de Newton, según dice por respeto
al duelo. En sus primeros comentarios, sus líderes han sido muy cautos. Han
asegurado que están dispuestos a contribuir para que “esto no vuelva a
ocurrir”. Pero no han dejado entender que aceptarían cambios normativos
significativos. Después de tragedias anteriores, pasado el impacto inicial,
hicieron más bien lo contrario: se embarcaron en exitosas campañas de
propaganda en las que aplicaron el principio de que la mejor defensa es un buen
ataque, como muy bien documenta David Weigel en SLATE, quien remata con un
corolario: “la NRA no ha perdido un voto legislativo sobre control de armas
desde 1999, tras la matanza de Columbine”.
Según
el NEW YORK TIMES, la administración podría rescatar algunas medidas preparadas
por el Departamento de Justicia en 2011 (después del caso Giffords), y
nunca aplicadas. Se espera al menos que
se reintroduzca la prohibición a los particulares de portar armas de asalto,
como se hizo en 1994, durante el mandato de Bill Clinton, hasta que la
legislación expiró 2004 y no fue prorrogada. Asimismo, se endurecerán las
condiciones para poder comprar y portar armas más ligeras. Pero será necesario
algo más. Mucho más.
EL
ARRAIGO DE LA VIOLENCIA JUSTICIERA
En
todo caso, la tragedia de Newtown debería propiciar una reflexión de mayor
alcance sobre la conexión no siempre aparente entre el instinto de defensa
propia y los amplios márgenes de ejercer la justicia, ya sea en el ámbito
privado o en el público. El uso generalizado de armas por particulares, la
exhibición insistente de la violencia en películas y programas de televisión,
la persistencia y amplitud de la pena de muerte, la generalización de métodos
dudosos en la investigación y persecución del terrorismo, el mantenimiento de
la ilegal cárcel de Guantánamo o el uso de los ‘drones’ como arma de
guerra en auge son fenómenos ciertamente diferentes, por supuesto. Pero todos
ellos son tributarios de una concepción basada en la legitimidad de la
autodefensa, la amplia justificación de la violencia y la porosa frontera entre
la venganza y la justicia.
Uno
de los asuntos de conversación estos días en bares y hogares es la película
sobre la caza y liquidación de Bin Laden (‘Zero Dark Thirty’). Al
parecer, los autores, Bigelow y Boal, no quisieron ser especialmente críticos
ni con la operación propiamente dicha, ni con los antecedentes. Pero no
evitaron reflejar la práctica de la tortura en las investigaciones sobre la responsabilidad
de los atentados del 11 de septiembre. De hecho, el film comienza con una
sesión de ‘waterboarding’ (ahogamiento simulado).
Algo similar
ha ocurrido con muy galardonada serie ‘Homeland’, de la que el
Presidente Obama se declara ardiente seguidor. En ella se narra el
desconcertante efecto que la muerte de inocentes por los ataques de ‘drones’
produce en un soldado norteamericano. Paradójicamente, Obama ha multiplicado el
uso de este tipo de armamento durante sus cuatro años en la Casa Blanca.
La violencia
como elemento legítimo de administración de justicia está en auge. El impulso
irracional y peligroso de venganza inoculado por la administración Bush no sólo
favoreció la aceptación de guerras ilegales y ruinosas, o debilitó el Estado de
Derecho y las libertades individuales, como ya se ha denunciado oportunamente.
Además, propició un clima favorable al recurso de la violencia en la prevención
y persecución de otras supuestas amenazas terrorista.
El rechazo a
la tortura como recurso ha descendido en los últimos años, según un estudio
dirigido por Amy B. Zegart, de la Universidad de Stanford. La liquidación de
supuestos enemigos de Estados Unidos en cualquier sitio donde se escondan o
encuentren recibe un respaldo abrumador, aunque se desarrolle en el curso de
operaciones que implique la muerte de inocentes. El recurso creciente a los ‘drones’
en Afganistán y Pakistán no provoca de momento repudio significativo, salvo en
sectores progresistas o intelectuales muy concienciados. Lo mismo ha ocurrido
con el incumplimiento del cierre de Guantánamo o el fiasco del juicio civil de
los atentados del 11 de septiembre. Sólo una minoría denunció los pasos atrás
de la administración.
Habrá que
esperar para comprobar si la tragedia de Newtown supone de verdad un cambio de
inflexión en la respuesta política y social a los riesgos de una sociedad ‘hiperarmada’.
Varios políticos y analistas sostienen que Obama afronta una oportunidad
histórica para definir su segundo mandato. Pero el antídoto contra la seducción
de la violencia como recurso legítimo de defensa llevará más tiempo. Y un
esfuerzo mucho más intenso, que no será fácil concitar.
