29 de agosto de 2016
Los
acuerdos de paz entre el Gobierno de Colombia y la FARC deben ser saludados
como una noticia positiva, pese a todas las dudas y dilemas no resueltos que
han suscitado, tanto de manera legítima como interesada, por algunos sectores
de la oposición.
No
obstante, debe evitarse cualquier forma de complacencia o triunfalismo. No es
el fin de la violencia lo que debe cuestionarse, sino precisamente lo contrario.
La paz sigue siendo una aspiración, no una realidad. Y no por defecto, descuido
o falta de voluntad de los negociadores, sino por los problemas estructurales
del Estado y de la sociedad colombiana y por la propia evolución de las FARC y
de otros agentes políticos y sociales.
ALGUNAS
AMENAZAS
En
una edición anterior, se detallan las provisiones del acuerdo (1). En este
comentario tratamos de identificar algunas de las principales amenazas, no
todas, a las que se enfrenta.
1)
La entrega de las armas que tiene en su poder las FARC a responsables de la ONU
puede no ser completa; de hecho, es casi imposible que lo sea. No está claro
que todas las unidades guerrilleras observen obediencia a la cúpula de la
organización. Algunos sectores, más radicales, como el Primer Frente (los
autores del secuestro de Ingrid Betancur, por ejemplo) ya han manifestado su
oposición. Otros han decidido pasarse a las filas del otro grupo guerrillero
con el que aún no hay acuerdo, el ELN (Ejército de Liberación Nacional o los elenos,
como se les conoce coloquialmente). Algunos de esos disidentes de las FARC con
capacidad operativa en sus territorios habrían vendido ya sus armas al ELN o
incluso, por motivos de supervivencia o de otro tipo, a bandas criminales
residuales de las autodefensas (los grupos antiterroristas consentidos o apoyados
en su momento por el Estado).
2)
La reinserción social de los guerrilleros desmovilizados es un largo proceso
que estará sometido a fuertes tensiones, como ocurrió con el proceso similar en
el caso de las autodefensas o combatientes anti-terroristas en la década
anterior. Como pude comprobar durante la elaboración de un reportaje para TVE
en 2006, muchos de estos individuos eludieron los esquemas oficiales de
inserción y se unieron o incluso fundaron bandas criminales autónomas. Esos
grupos delictivos no se han debilitado con el tiempo; por el contrario, se ha
convertido en una fuerza temible, más o menos agrupados bajo la popular denominación
de BACRIM, y representan un problema de seguridad de notable envergadura para
el estado colombiano.
3)
No puede descartarse ajustes de cuentas, en distintos planos: sobre el terreno,
las imputaciones de traición, entreguismo o entrega el enemigo por parte de los
recalcitrantes o contrarios al final establecido del conflicto pueden solaparse
con las acusaciones de desobediencia, infantilismo o individualismo narcisista
provenientes de los oficialistas o partidarios de los acuerdos. Por otro lado,
existe también el riesgo de enfrentamientos armados entre ex-guerrilleros y
ex-autodefensas, por disputas puramente ideológicos o, más probablemente, por
asuntos pendientes de los años de combate. Aunque estos ajustes de cuentas no
tengan respaldo organizativo, es difícil creer que las organizaciones dispongan
de la autoridad, de los medios y de la capacidad para prevenir tales actos de
venganza.
4)
La propia dinámica del negocio de la elaboración, distribución y venta de la
cocaína, principal elemento de financiación de las FARC en esta última fase de
su evolución operativa, constituye un factor fundamental de amenaza para la
seguridad general. Hay informaciones solventes que atestiguan una transferencia
masiva del negocio desde hace tiempo. En algunos casos, serán guerrilleros
opuestos a la paz; en otras, miembros de otros grupos guerrilleros; pero, sobre
todo, es el crimen organizado, procedente de las autodefensas o no, quienes
parecen estar en mejor disposición de controlar este negocio tan lucrativo. De
hecho, según la Oficina antidrogas de la ONU, el cultivo de cocaína se ha
incrementado en un 39% el último año con respecto al anterior (2). Donde hay
negocio de la droga, hay violencia. El corredor de la frontera con Venezuela es
un sector especialmente sensible. La
desmovilización de las FARC abre el mercado, por así decirlo, general una lucha
por el control de la oferta. Este pulso puede resolverse en forma de trato o,
en su defecto, tiro a tiro, bomba a bomba. Puede presentarse el riesgo de
revivir los oscuros ochenta, cuando el narcotráfico mantenía el vilo a toda la
sociedad y en jaque al Estado.
5)
Es de temer que a los ex-guerrilleros de las FARC que decidan participar en la
vida política y, en su día, se conviertan en candidatos para desempeñar cargos
y responsabilidades en las instituciones democráticas, les ocurra lo mismo que
a los militantes del M-19 en los años noventa. La izquierda colombiana fue
prácticamente decapitada en esos años, con el asesinato sistemático no sólo de
antiguos guerrilleros, sino de otros dirigentes políticos, sindicales y
sociales que defendieron la reinserción o simplemente se mostraban críticos con
el sistema político y social de Colombia. La debilidad del Estado es palpable.
Y lo peor: su escaso compromiso, cuando no su negligencia e incluso encubierta
hostilidad ante la vigilancia y defensa de los derechos humanos, como han
denunciado en no pocas ocasiones organizaciones internacionales neutrales como Amnistía
Internacional y Human Rights Watch.
ACUERDO
NECESARIO PERO NO SUFICIENTE
En
definitiva, Colombia necesitaba este acuerdo de paz, pero no debenn albergarse
expectativas exageradas sobre su efectividad práctica. La posición opuesta, en
particular la sostenida por el ex-presidente Uribe, es poco constructiva. La
utilización de la justicia como valor opuesto a los términos de esta paz suena
a oportunista. El acuerdo con los terroristas de las Autodefensas fue obra
suya. Aunque las garantías ofertadas a los combatientes no fueron tan amplias,
el seguimiento de los acuerdos fue fallido. Uribe cree que puede encabezar el
malestar de ciertos sectores de la población y de los aparatos del Estado para
erigirse de nuevo en alternativa. De ser así, es un cálculo peligroso.
Después
de años de esfuerzo y paciencia, el trabajo no ha terminado. Para que este
acuerdo no se convierta, involuntariamente, en el "futuro del
crimen", como teme el investigador Adam Isacson (3), todos los actores
políticos y sociales deberán acometer el compromiso de salvaguardar no sólo la
letra de los acuerdos, sino también su espíritu: es decir, trabajar en pos de
una sociedad más justa y más igualitaria, es decir, menos propensa a la generación
de violencia. Un desafío mucho más complicado que las negociaciones de paz
ahora concluidas con éxito.
NOTAS
(1) NUEVA TRIBUNA, 28 de agosto
(2) https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/Monitoreo_Cultivos_ilicitos_2015.pdf
(3) "Colombian
War Just Ended. A new wave of violence is begining". ELISABETH DICKINSON.
FOREIGN POLICY, 25 de agosto.
