La expropiación de Repsol-YPF por el Gobierno argentino ha desatado más excesos de los convenientes: verbales, gestuales y políticos. A la espera de las decisiones más cabales y racionales, casi todas las partes han dado rienda suelta a comentarios y valoraciones demagógicas, emocionales o presuntamente patrióticas y poco alentadoras. En estas cuestiones de conflictos entre gobiernos y empresas se produce, con bastante frecuencia, una incongruencia irritante. Cuando soplan vientos favorables y todo son ganancias, los dividendos se incrementan y las retribuciones de ejecutivos se multiplican, se quiere a los gobiernos -de cualquier signo y nacionalidad- lo más lejos y despistados que resulte posible y presentable. En cambio, cuando se tuerce el rumbo y todo lo que subía exponencialmente empieza a bajar siquiera ligeramente, se convoca al Gobierno más a mano, por supuesta adscripción nacional o por simpatías interpuestas, para que acuda(n) al rescate. Por ello, conviene una posición cauta y hasta escéptica. Las evidentes motivaciones oportunistas del Gobierno argentino son tan lamentables como las manifestaciones de orgullo herido, de indignación nacional o de atropello que se han escuchado de este lado.
Produce
cierta incomodidad que, en casos como éste, se confunda con absoluto
desparpajo los intereses de una compañía privada con los intereses
generales. No se trata de inhibirse irresponsablemente. Pero se roza la
gazmoñería cuando la lesión que ha podido causarse a unos particulares
se convierta en afrenta nacional. Ni todos los españoles nos
beneficiamos directa o indirectamente de las suculentas ganancias
acumuladas por Repsol en su negocio argentino, ni nos veremos
perjudicados dramáticamente ahora.
Si Repsol ha sido agredida, debe defenderse con los abundantes bazas de que dispone: una legislación internacional (muy favorable, por cierto, a los intereses de las compañías transnacionales), unos equipos jurídicos a los que hay que presumir competencia y sagacidad, y una experiencia en el terreno de la supervivencia en aguas difíciles, como se le supone a cualquier entidad de esa dimensión en el mundo de los negocios.
LAS OBLIGACIONES DEL GOBIERNO RAJOY
De las reacciones oficiales españolas, hay algunas que resultan reprochables. En primer lugar, las amenazas ambiguas rematadas con un estrambote que negaba la intencionalidad de la propia amenaza. “Las medidas se toman pero no se anuncian”, dijo la vicepresidenta Sáenz de Santamaría el pasado viernes. En sus palabras se advierte cierta tensión contradictoria. En su gestos, no reproducibles aquí, se apreciaba una clarísima intención intimidatoria; al cabo, ineficaz, como se ha visto.
Confirmada la resolución expropiatoria, el Gobierno adoptó una actitud más cautelosa. O bien porque reflexionó, o bien porque, después de todo, las ‘medidas no anunciadas’ no estaban del todo maduradas. Inmediatamente después, al calor de la reacción pública, alentada por encendidas valoraciones de editoriales, comentaristas y tertulianos, -también por chocantes declaraciones solidarias de amigos latinoamericanos de conveniencia-, se atisbó un cierto envalentonamiento de algunos titulares gubernamentales.
De todas las manifestaciones de desagrado y malestar, lo más chocante ha resultado los reproches, primero contenidos (Ministro Margallo) y luego explícitos (Ministro Soria) a la Administración norteamericana. ¿Se esperaba escuchar en Washington tambores batiendo en defensa de intereses corporativos ‘españoles’ solo porque desde aquellas latitudes se proclama por defecto la primacía de los negocios por encima de cualquier otra consideración? Esta pretensión resulta cuando menos ingenua. Como han señalado THE NEW YORK TIMES o el WALL STREET JOURNAL, intereses petroleros norteamericanos se suman a los chinos en el merodeo de los recursos energéticos argentinos.
El Gobierno español representa los intereses generales de los españoles, también de los accionistas de Repsol-YPF, pero cualquiera de las acciones legítimas que adopte para defenderlos no puede perjudicar a la inmensa mayoría de los nacionales que no han resultado directamente lesionados por la expropiación de la empresa. Eso parece obvio, pero no lo es tanto, a juzgar por la temperatura que marcan los termómetros políticos y mediáticos.
UNA DUDOSA RESTITUCION
La privatización de YPF y su adquisición por Repsol, a finales de los noventa, por decisión del Gobierno liquidador del nominalmente peronista Carlos Menem, formó parte de uno de los mayores expolios de la reciente historia argentina. Las privatizaciones acontecidas durante las últimas tres décadas de arremetida neoliberal -en América Latina y en los antiguos países comunistas, por citar sólo los casos más sangrantes- presentan muchos casos de lesión indiscutible de los intereses generales en los lugares donde se produjeron. La mayoría de los gobiernos o de sus exponentes políticos miraron para otro lado o fueron cómplices. Por no hablar de los portavoces de todas las clases en medios de comunicación, instituciones y empresas.
En cuanto al Gobierno argentino, qué duda cabe que resulta indisimulable el carácter oportunista de su actuación. Estos días han sido puestas en evidencia las contradicciones de los Kirchner con respecto a la petrolera. Son bien conocidos el politiqueo, la falta de transparencia y la incoherencia de la política energética del Gobierno de la pareja presidencial.
El talante de Cristina Fernández tampoco ha ayudado mucho en este momento. La ocasión era demasiado tentadora para satisfacer sus instintos populistas, pero sobre todo su estilo arrogante. Es una constante de su estilo de liderazgo: combina -de forma atrabiliaria muchas veces- la supuesta defensa de intereses nacionales, e incluso populares, con una verborrea innecesaria y contraproducente. Y lo que es peor, atiende mal o no atiende en absoluto defectos muy arraigados en las clases dirigentes argentinas: el amiguismo, la falsa apariencia, la propensión a la corrupción. Muchas de las causas justas que ha defendido durante su mandato -o el de su marido fallecido- han resultado fatalmente manchadas por el engaño, la impostura o la ignominia.
Cristina ha protagonizado su ‘Malvinazo’ particular, como lo hicieron los declinantes militares argentinos hace treinta años. Aquella aventura patriotera se disolvió en dolor, desastre, y descrédito. Pero, al mismo tiempo, aceleró el cambio democrático, que luego las penosas circunstancias económicas lastrarían durante más de una década.
Si Cristina no mantiene adecuadamente su apuesta le puede ocurrir algo parecido: la recuperación de un bien nacional, en este caso la gestión de los recursos petrolíferos, puede servir para reorientar positivamente su proyecto político. Pero es razonable temerse lo contrario: que se utilice para consolidar vicios y malversaciones. LA NACION, diario de derechas y muy hostil a la presidenta, ha recordado estos días que algunas de las personas designadas para hacerse cargo inmediato de la compañía acreditan un historial de sospechas, irregularidades e incompetencias. Las proclamas nacionalistas resultan huecas y sólo pueden impresionar a los interesados o los irreflexivos: no bastará con protestas de soberanía recobrada para que la recuperación formal de un recurso tan importante signifique una mejora real y objetiva de la mayoría de los argentinos.
Si Repsol ha sido agredida, debe defenderse con los abundantes bazas de que dispone: una legislación internacional (muy favorable, por cierto, a los intereses de las compañías transnacionales), unos equipos jurídicos a los que hay que presumir competencia y sagacidad, y una experiencia en el terreno de la supervivencia en aguas difíciles, como se le supone a cualquier entidad de esa dimensión en el mundo de los negocios.
LAS OBLIGACIONES DEL GOBIERNO RAJOY
De las reacciones oficiales españolas, hay algunas que resultan reprochables. En primer lugar, las amenazas ambiguas rematadas con un estrambote que negaba la intencionalidad de la propia amenaza. “Las medidas se toman pero no se anuncian”, dijo la vicepresidenta Sáenz de Santamaría el pasado viernes. En sus palabras se advierte cierta tensión contradictoria. En su gestos, no reproducibles aquí, se apreciaba una clarísima intención intimidatoria; al cabo, ineficaz, como se ha visto.
Confirmada la resolución expropiatoria, el Gobierno adoptó una actitud más cautelosa. O bien porque reflexionó, o bien porque, después de todo, las ‘medidas no anunciadas’ no estaban del todo maduradas. Inmediatamente después, al calor de la reacción pública, alentada por encendidas valoraciones de editoriales, comentaristas y tertulianos, -también por chocantes declaraciones solidarias de amigos latinoamericanos de conveniencia-, se atisbó un cierto envalentonamiento de algunos titulares gubernamentales.
De todas las manifestaciones de desagrado y malestar, lo más chocante ha resultado los reproches, primero contenidos (Ministro Margallo) y luego explícitos (Ministro Soria) a la Administración norteamericana. ¿Se esperaba escuchar en Washington tambores batiendo en defensa de intereses corporativos ‘españoles’ solo porque desde aquellas latitudes se proclama por defecto la primacía de los negocios por encima de cualquier otra consideración? Esta pretensión resulta cuando menos ingenua. Como han señalado THE NEW YORK TIMES o el WALL STREET JOURNAL, intereses petroleros norteamericanos se suman a los chinos en el merodeo de los recursos energéticos argentinos.
El Gobierno español representa los intereses generales de los españoles, también de los accionistas de Repsol-YPF, pero cualquiera de las acciones legítimas que adopte para defenderlos no puede perjudicar a la inmensa mayoría de los nacionales que no han resultado directamente lesionados por la expropiación de la empresa. Eso parece obvio, pero no lo es tanto, a juzgar por la temperatura que marcan los termómetros políticos y mediáticos.
UNA DUDOSA RESTITUCION
La privatización de YPF y su adquisición por Repsol, a finales de los noventa, por decisión del Gobierno liquidador del nominalmente peronista Carlos Menem, formó parte de uno de los mayores expolios de la reciente historia argentina. Las privatizaciones acontecidas durante las últimas tres décadas de arremetida neoliberal -en América Latina y en los antiguos países comunistas, por citar sólo los casos más sangrantes- presentan muchos casos de lesión indiscutible de los intereses generales en los lugares donde se produjeron. La mayoría de los gobiernos o de sus exponentes políticos miraron para otro lado o fueron cómplices. Por no hablar de los portavoces de todas las clases en medios de comunicación, instituciones y empresas.
En cuanto al Gobierno argentino, qué duda cabe que resulta indisimulable el carácter oportunista de su actuación. Estos días han sido puestas en evidencia las contradicciones de los Kirchner con respecto a la petrolera. Son bien conocidos el politiqueo, la falta de transparencia y la incoherencia de la política energética del Gobierno de la pareja presidencial.
El talante de Cristina Fernández tampoco ha ayudado mucho en este momento. La ocasión era demasiado tentadora para satisfacer sus instintos populistas, pero sobre todo su estilo arrogante. Es una constante de su estilo de liderazgo: combina -de forma atrabiliaria muchas veces- la supuesta defensa de intereses nacionales, e incluso populares, con una verborrea innecesaria y contraproducente. Y lo que es peor, atiende mal o no atiende en absoluto defectos muy arraigados en las clases dirigentes argentinas: el amiguismo, la falsa apariencia, la propensión a la corrupción. Muchas de las causas justas que ha defendido durante su mandato -o el de su marido fallecido- han resultado fatalmente manchadas por el engaño, la impostura o la ignominia.
Cristina ha protagonizado su ‘Malvinazo’ particular, como lo hicieron los declinantes militares argentinos hace treinta años. Aquella aventura patriotera se disolvió en dolor, desastre, y descrédito. Pero, al mismo tiempo, aceleró el cambio democrático, que luego las penosas circunstancias económicas lastrarían durante más de una década.
Si Cristina no mantiene adecuadamente su apuesta le puede ocurrir algo parecido: la recuperación de un bien nacional, en este caso la gestión de los recursos petrolíferos, puede servir para reorientar positivamente su proyecto político. Pero es razonable temerse lo contrario: que se utilice para consolidar vicios y malversaciones. LA NACION, diario de derechas y muy hostil a la presidenta, ha recordado estos días que algunas de las personas designadas para hacerse cargo inmediato de la compañía acreditan un historial de sospechas, irregularidades e incompetencias. Las proclamas nacionalistas resultan huecas y sólo pueden impresionar a los interesados o los irreflexivos: no bastará con protestas de soberanía recobrada para que la recuperación formal de un recurso tan importante signifique una mejora real y objetiva de la mayoría de los argentinos.
