BANGLADESH: UN PUÑADO DE DETERGENTE PARA BLANQUEAR LA 'ROPA SUCIA'



2 de Enero de 2014 

Después de ocho largos meses de demoras y dilaciones, acaba de constituirse un fondo de compensación para los familiares de los 1.132 fallecidos y los dos millares de heridos en el derrumbamiento del edificio de la factoría Rana Plaza, de Dacca, la capital del país, el pasado mes de abril. Previamente, la policía había inculpado a 13 personas por homicidio negligente en el incendio de otra fábrica textil de Tazreen, ocurrido en noviembre de 2012, en el que murieron más de un centenar de personas.
                 
Estos dos son los casos recientes más dramáticos, a través de los cuales hemos sabido algo más sobre las deplorables condiciones de trabajo de los obreros que fabrican buena parte de las prendas de vestir que nosotros compramos en las principales tiendas de distribución europeas y norteamericanas.
                 
El fondo de compensación de Rana ha sido pactado por algunas empresas textiles, casi todas europeas, el gobierno y las organizaciones sindicales. El dinero comenzará a reunirse en febrero, una vez que se fijen las cuotas de cada parte. Se trata de un paso adelante, aunque la cantidad parece irrisoria: 40 millones de dólares. Para entender el impacto de estas compensaciones, hay que tener en cuenta que el sueldo mensual más habitual en esos talleres no supera los 40 dólares al mes, o 500 dólares anuales, y cada beneficiario recibirá unos 25.000 dólares. En estos ocho meses transcurridos desde la catástrofe, las víctimas sólo habían recibido pequeñas cantidades (unos 200 euros) en concepto de ayuda de emergencia, aportadas por la empresa anglo irlandesa Primark, una de las que más encargos había hecho en el Rana Plaza. Muchos de los heridos y lesionados siguen teniendo muchas dificultades para reintegrarse a la vida laboral, debido a las lesiones sufridas.
                 
Dos mil personas han muerto en los talleres textiles de Bangladesh en lo que va de siglo. Esta actividad fabril representa las cuatro quintas partes de las exportaciones del país. Las autoridades no tienen ni la voluntad ni la capacidad políticas para establecer normas más seguras y saludables en las instalaciones. La veintena de compañías que recibían productos manufacturados en el edificio de Rana Plaza cuenta con instrumentos de presión y equipos de abogados experimentados, por no hablar de posibles complicidades políticas y un entorno favorable a la desprotección y la ausencia de derechos laborales y sociales.
                 
Si ahora se ha constituido el fondo, en el caso de Rana Plaza, o se han practicado diligencias policiales y detenciones, en el de Tazreen, no es solamente por una mayor conciencia, o porque haya cambiado la tendencia en las relaciones laborales en Bangladesh. La razón principal estriba con toda probabilidad en el intento de las grandes marcas por mejorar su imagen y no hacer peligrar sus ventas en sus cadenas de tiendas en Occidente.
                 
EL LIMITADO CONTRASTE ENTRE ESTADOS UNIDOS Y EUROPA
                
Hasta ahora,  se han adherido al fondo de compensación de Rana sólo algunas de las empresas que tenían encargos en Rana Plaza: Bon Marché, El Corte Inglés, Benetton, Loblaw y Primark. Todas europeas.
                
Más allá de estas compensaciones en este caso específico, las firmas europeas suscribieron el pasado mes de mayo un acuerdo para establecer un sistema de aparente mejora de las condiciones de seguridad y trabajo. Para formalizar contratos de suministro de prendas, se obliga a las compañías manufactureras a correr con parte de los gastos e inversiones necesarios y se permite la participación sindical en la implementación y seguimiento de las medidas. Entre los signatarios figuran Benetton, Inditex, H&M, Carrefour, Primark, El Corte Inglés, Mango y otras.
                
Ciertamente, algunas compañías norteamericanas se han adherido a este acuerdo, pero son muy contadas (Abercrombie, Fruits of Loom y American Eagle). La gran mayoría ha optado por una estrategia diferente, mucho menos comprometida y exigente. La racanería llega hasta el punto de que, para contribuir a la mejora de las condiciones de seguridad, contemplan la aportación de préstamos, pero no cantidades a fondo perdido.
                 
El caso más significativo es el de Walmart. Esta compañía se ha negado incluso a contribuir al fondo de indemnización a las víctimas del Rana Plaza, pese a que en el edificio siniestrado se encontraron documentos que acreditan que un contratista canadiense estaba produciendo allí pantalones vaqueros para la gigante multinacional de la distribución. Fuentes de Walmart aseguran, no sin cinismo, que desconocían la actividad de su contratista.  En realidad, las grandes compañías norteamericanas temen que la participación en el fondo puede ser entendido como un reconocimiento explícito de responsabilidad en el mantenimiento de un escandaloso sistema de explotación laboral.
                
En una declaración al NEW YORK TIMES, el director de una ONG norteamericana dedicada a proteger los derechos laborales (Worker Rights Consortium), ha definido con mucha claridad el comportamiento de estas empresas de distribución: "increíblemente, no parecen sentir responsabilidad alguna hacia las familias cuyas vidas han sido destruidas como resultado de su negligencia".
                 
En todo caso, todas estas empresas (de uno u otro lado del Atlántico) parecen guiadas por motivaciones de imagen, ya que ninguna parece dispuesta a renunciar a un modelo de producción que persigue el máximo beneficio al menor coste posible, para asegurar su competitividad en un mercado muy dinámico y agresivo. Recientemente, fracasaron unas negociaciones, en las que los sindicatos plantearon triplicar los salarios de estos trabajadores textiles para adecuarlos a una realidad social más justa. Los fabricantes aseguraron que sus clientes occidentales no están dispuestos a pagar ese aumento de los costes de producción.
                 
LA COMPLICIDAD LOCAL
                
Las autoridades de Bangladesh se han mostrado enormemente indulgentes con estas actividades fabriles y han impedido la adopción de medidas más rigurosas de seguridad y la protección de derechos laborales y sindicales. Buena parte de los diputados y ministros tienen conexiones directas o indirectas con el negocio textil. En los casos de Rana y Tazreen, los encargados de las plantas obligaron a los obreros a continuar su labor a pesar de que se habían registrado evidencias de graves riesgos de seguridad (grietas en las paredes o humo, según el caso). Los gobernantes no han querido incomodar a la gallina de los huevos de oro, en uno de los países más pobres de Asia.
                
Las medidas puestas en marcha a consecuencias de las últimas tragedias en el sector también comprometen al gobierno a adoptar un sistema de control y vigilancia mucho más estricto. Pero sectores sindicales temen, como señalaba recientemente el diario THE WASHINGTON POST, que las elecciones legislativas este mes de enero puedan paralizar parcialmente el funcionamiento del aparato político y administrativo y demorar la aplicación de algunas de estas medidas vitales para proteger la vida de uno de los colectivos laborales más explotados del planeta.

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