ESTADOS UNIDOS: DEFENSA, VIOLENCIA Y JUSTICIA


20 de diciembre de 2012

¿Servirá la matanza de Newtown (Connecticut) para propiciar por fin un cambio significativo en la legislación sobre tenencia, comercialización y control de armas en los Estados Unidos? 

Nada más conocer la tragedia, el Presidente Obama, con visible aflicción,  anunció que no era posible seguir amparándose en “excusas políticas” para no hacer nada. Se empezaron a escuchar voces en favor de “cambios significativos”. Finalmente, este miércoles presentó al Vicepresidente Biden como cabeza de una comisión para proponer medidas al Congreso, antes de su discurso sobre el Estado de la Unión, en la tercera semana de enero. Y advirtió que ejercerá todo su poder para sacarlas adelante.

Después de su llamado inicial, Obama parece haber esperado a que posicionaran las fuerzas políticas. En días anteriores, prominentes senadores demócratas de tendencia moderada o, en todo caso, de apego a la tradición del gatillo, se habían pronunciado por la introducción de controles. Varios gobernadores también anunciaron  restricciones.

Cabe recordar que después de anteriores episodios similares, también se hicieron sonoras invocaciones a la inaplazable adopción de medidas y, al cabo, las buenas intenciones se diluyeron en el fragor de otros afanes políticos. Se teme que, una vez más, cuando se enfríen los sentimientos, los intereses tomen de nuevo el control del discurso. Se percibe una línea de actuación para frenar los cambios: presionar para que las restricciones sólo se apliquen a personas con problemas de estabilidad mental.

CULTURA E INTERESES

Suele apelarse a la profunda cultura de autoprotección y el individualismo fundacional del país para justificar la pasividad, la ambigüedad o las intermitencias legislativas en la materia. En el 40% de los hogares hay armas de fuego. La segunda enmienda de la Constitución sanciona el derecho de los ciudadanos a portar armas para defenderse. Es obvio que esa provisión era profundamente coyuntural porque cuando se redactó y aprobó, en el siglo XIX, el Estado no podía garantizar la seguridad de todos los ciudadanos con las mismas garantías que hoy.

Pero los sectores más conservadores se envuelven en la Constitución para no aceptar las realidades actuales. De hecho, los republicanos más recalcitrantes han señalado que no admitirán un cuestionamiento fundamental de la Segunda Enmienda.

¿Cuestión de ‘valores’? Quizás. Pero también de intereses. No debe olvidarse tampoco las sustanciosas sumas de dinero que mueve el sector del armamento. Y, correlativamente, la infiltración de este negocio en los pasillos del Capitolio y otras tuberías del sistema político. A pesar de esto  -sostienen los más optimistas-, en esta ocasión podría haber un cambio de dinámica.

Algunos perciben que la capacidad de presión de la NRA (la Asociación Nacional del Rifle) se ha debilitado. Este grupo malgastó 14 millones de dólares en impedir la reelección de Obama, contra quien cargó desde el principio de su mandato, basándose en falsas alegaciones de hostilidad. El potente lobby armamentístico no fue seriamente desafiado por el Presidente en sus primeros cuatro años de gobierno. De hecho, Obama se pasó todo este tiempo amagando sin actuar, a pesar de las matanzas en N.York, Arizona (donde fue gravemente herida la congresista Giffords) y Colorado.
           
La NRA ha tardado días en pronunciarse sobre la matanza de Newton, según dice por respeto al duelo. En sus primeros comentarios, sus líderes han sido muy cautos. Han asegurado que están dispuestos a contribuir para que “esto no vuelva a ocurrir”. Pero no han dejado entender que aceptarían cambios normativos significativos. Después de tragedias anteriores, pasado el impacto inicial, hicieron más bien lo contrario: se embarcaron en exitosas campañas de propaganda en las que aplicaron el principio de que la mejor defensa es un buen ataque, como muy bien documenta David Weigel en SLATE, quien remata con un corolario: “la NRA no ha perdido un voto legislativo sobre control de armas desde 1999, tras la matanza de Columbine”.

Según el NEW YORK TIMES, la administración podría rescatar algunas medidas preparadas por el Departamento de Justicia en 2011 (después del caso Giffords), y nunca  aplicadas. Se espera al menos que se reintroduzca la prohibición a los particulares de portar armas de asalto, como se hizo en 1994, durante el mandato de Bill Clinton, hasta que la legislación expiró 2004 y no fue prorrogada. Asimismo, se endurecerán las condiciones para poder comprar y portar armas más ligeras. Pero será necesario algo más. Mucho más.

EL ARRAIGO DE LA VIOLENCIA JUSTICIERA

En todo caso, la tragedia de Newtown debería propiciar una reflexión de mayor alcance sobre la conexión no siempre aparente entre el instinto de defensa propia y los amplios márgenes de ejercer la justicia, ya sea en el ámbito privado o en el público. El uso generalizado de armas por particulares, la exhibición insistente de la violencia en películas y programas de televisión, la persistencia y amplitud de la pena de muerte, la generalización de métodos dudosos en la investigación y persecución del terrorismo, el mantenimiento de la ilegal cárcel de Guantánamo o el uso de los ‘drones’ como arma de guerra en auge son fenómenos ciertamente diferentes, por supuesto. Pero todos ellos son tributarios de una concepción basada en la legitimidad de la autodefensa, la amplia justificación de la violencia y la porosa frontera entre la venganza y la justicia.

Uno de los asuntos de conversación estos días en bares y hogares es la película sobre la caza y liquidación de Bin Laden (‘Zero Dark Thirty’). Al parecer, los autores, Bigelow y Boal, no quisieron ser especialmente críticos ni con la operación propiamente dicha, ni con los antecedentes. Pero no evitaron reflejar la práctica de la tortura en las investigaciones sobre la responsabilidad de los atentados del 11 de septiembre. De hecho, el film comienza con una sesión de ‘waterboarding’ (ahogamiento simulado).

Algo similar ha ocurrido con muy galardonada serie ‘Homeland’, de la que el Presidente Obama se declara ardiente seguidor. En ella se narra el desconcertante efecto que la muerte de inocentes por los ataques de ‘drones’ produce en un soldado norteamericano. Paradójicamente, Obama ha multiplicado el uso de este tipo de armamento durante sus cuatro años en la Casa Blanca.

La violencia como elemento legítimo de administración de justicia está en auge. El impulso irracional y peligroso de venganza inoculado por la administración Bush no sólo favoreció la aceptación de guerras ilegales y ruinosas, o debilitó el Estado de Derecho y las libertades individuales, como ya se ha denunciado oportunamente. Además, propició un clima favorable al recurso de la violencia en la prevención y persecución de otras supuestas amenazas terrorista.

El rechazo a la tortura como recurso ha descendido en los últimos años, según un estudio dirigido por Amy B. Zegart, de la Universidad de Stanford. La liquidación de supuestos enemigos de Estados Unidos en cualquier sitio donde se escondan o encuentren recibe un respaldo abrumador, aunque se desarrolle en el curso de operaciones que implique la muerte de inocentes. El recurso creciente a los ‘drones’ en Afganistán y Pakistán no provoca de momento repudio significativo, salvo en sectores progresistas o intelectuales muy concienciados. Lo mismo ha ocurrido con el incumplimiento del cierre de Guantánamo o el fiasco del juicio civil de los atentados del 11 de septiembre. Sólo una minoría denunció los pasos atrás de la administración.

Habrá que esperar para comprobar si la tragedia de Newtown supone de verdad un cambio de inflexión en la respuesta política y social a los riesgos de una sociedad ‘hiperarmada’. Varios políticos y analistas sostienen que Obama afronta una oportunidad histórica para definir su segundo mandato. Pero el antídoto contra la seducción de la violencia como recurso legítimo de defensa llevará más tiempo. Y un esfuerzo mucho más intenso, que no será fácil concitar.

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