2 de Enero de 2014
Después
de ocho largos meses de demoras y dilaciones, acaba de constituirse un fondo de
compensación para los familiares de los 1.132 fallecidos y los dos millares de
heridos en el derrumbamiento del edificio de la factoría Rana Plaza, de Dacca,
la capital del país, el pasado mes de abril. Previamente, la policía había
inculpado a 13 personas por homicidio negligente en el incendio de otra fábrica
textil de Tazreen, ocurrido en noviembre de 2012, en el que murieron más de un
centenar de personas.
Estos
dos son los casos recientes más dramáticos, a través de los cuales hemos sabido
algo más sobre las deplorables condiciones de trabajo de los obreros que
fabrican buena parte de las prendas de vestir que nosotros compramos en las
principales tiendas de distribución europeas y norteamericanas.
El
fondo de compensación de Rana ha sido pactado por algunas empresas textiles,
casi todas europeas, el gobierno y las organizaciones sindicales. El dinero
comenzará a reunirse en febrero, una vez que se fijen las cuotas de cada parte.
Se trata de un paso adelante, aunque la cantidad parece irrisoria: 40 millones
de dólares. Para entender el impacto de estas compensaciones, hay que tener en
cuenta que el sueldo mensual más habitual en esos talleres no supera los 40
dólares al mes, o 500 dólares anuales, y cada beneficiario recibirá unos 25.000
dólares. En estos ocho meses transcurridos desde la catástrofe, las víctimas sólo
habían recibido pequeñas cantidades (unos 200 euros) en concepto de ayuda de
emergencia, aportadas por la empresa anglo irlandesa Primark, una de las
que más encargos había hecho en el Rana Plaza. Muchos de los heridos y
lesionados siguen teniendo muchas dificultades para reintegrarse a la vida
laboral, debido a las lesiones sufridas.
Dos
mil personas han muerto en los talleres textiles de Bangladesh en lo que va de
siglo. Esta actividad fabril representa las cuatro quintas partes de las
exportaciones del país. Las autoridades no tienen ni la voluntad ni la
capacidad políticas para establecer normas más seguras y saludables en las
instalaciones. La veintena de compañías que recibían productos manufacturados
en el edificio de Rana Plaza cuenta con instrumentos de presión y equipos de abogados
experimentados, por no hablar de posibles complicidades políticas y un entorno
favorable a la desprotección y la ausencia de derechos laborales y sociales.
Si
ahora se ha constituido el fondo, en el caso de Rana Plaza, o se han practicado
diligencias policiales y detenciones, en el de Tazreen, no es solamente por una
mayor conciencia, o porque haya cambiado la tendencia en las relaciones
laborales en Bangladesh. La razón principal estriba con toda probabilidad en el
intento de las grandes marcas por mejorar su imagen y no hacer peligrar sus
ventas en sus cadenas de tiendas en Occidente.
EL
LIMITADO CONTRASTE ENTRE ESTADOS UNIDOS Y EUROPA
Hasta
ahora, se han adherido al fondo de
compensación de Rana sólo algunas de las empresas que tenían encargos en Rana
Plaza: Bon Marché, El Corte Inglés, Benetton, Loblaw y Primark. Todas europeas.
Más
allá de estas compensaciones en este caso específico, las firmas europeas
suscribieron el pasado mes de mayo un acuerdo para establecer un sistema de
aparente mejora de las condiciones de seguridad y trabajo. Para formalizar
contratos de suministro de prendas, se obliga a las compañías manufactureras a
correr con parte de los gastos e inversiones necesarios y se permite la
participación sindical en la implementación y seguimiento de las medidas. Entre
los signatarios figuran Benetton, Inditex, H&M, Carrefour, Primark, El
Corte Inglés, Mango y otras.
Ciertamente,
algunas compañías norteamericanas se han adherido a este acuerdo, pero son muy
contadas (Abercrombie, Fruits of Loom y American Eagle). La gran mayoría
ha optado por una estrategia diferente, mucho menos comprometida y exigente. La
racanería llega hasta el punto de que, para contribuir a la mejora de las
condiciones de seguridad, contemplan la aportación de préstamos, pero no
cantidades a fondo perdido.
El
caso más significativo es el de Walmart. Esta compañía se ha negado
incluso a contribuir al fondo de indemnización a las víctimas del Rana Plaza, pese
a que en el edificio siniestrado se encontraron documentos que acreditan que un
contratista canadiense estaba produciendo allí pantalones vaqueros para la
gigante multinacional de la distribución. Fuentes de Walmart aseguran,
no sin cinismo, que desconocían la actividad de su contratista. En realidad, las grandes compañías
norteamericanas temen que la participación en el fondo puede ser entendido como
un reconocimiento explícito de responsabilidad en el mantenimiento de un
escandaloso sistema de explotación laboral.
En
una declaración al NEW YORK TIMES, el director de una ONG norteamericana
dedicada a proteger los derechos laborales (Worker Rights Consortium), ha
definido con mucha claridad el comportamiento de estas empresas de
distribución: "increíblemente, no parecen sentir responsabilidad alguna hacia
las familias cuyas vidas han sido destruidas como resultado de su
negligencia".
En
todo caso, todas estas empresas (de uno u otro lado del Atlántico) parecen
guiadas por motivaciones de imagen, ya que ninguna parece dispuesta a renunciar
a un modelo de producción que persigue el máximo beneficio al menor coste
posible, para asegurar su competitividad en un mercado muy dinámico y agresivo.
Recientemente, fracasaron unas negociaciones, en las que los sindicatos
plantearon triplicar los salarios de estos trabajadores textiles para
adecuarlos a una realidad social más justa. Los fabricantes aseguraron que sus
clientes occidentales no están dispuestos a pagar ese aumento de los costes de
producción.
LA
COMPLICIDAD LOCAL
Las
autoridades de Bangladesh se han mostrado enormemente indulgentes con estas
actividades fabriles y han impedido la adopción de medidas más rigurosas de
seguridad y la protección de derechos laborales y sindicales. Buena parte de
los diputados y ministros tienen conexiones directas o indirectas con el
negocio textil. En los casos de Rana y Tazreen, los encargados de las plantas
obligaron a los obreros a continuar su labor a pesar de que se habían
registrado evidencias de graves riesgos de seguridad (grietas en las paredes o
humo, según el caso). Los gobernantes no han querido incomodar a la gallina de
los huevos de oro, en uno de los países más pobres de Asia.
Las
medidas puestas en marcha a consecuencias de las últimas tragedias en el sector
también comprometen al gobierno a adoptar un sistema de control y vigilancia
mucho más estricto. Pero sectores sindicales temen, como señalaba recientemente
el diario THE WASHINGTON POST, que las elecciones legislativas este mes de
enero puedan paralizar parcialmente el funcionamiento del aparato político y
administrativo y demorar la aplicación de algunas de estas medidas vitales para
proteger la vida de uno de los colectivos laborales más explotados del planeta.
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