29 de Julio de 2010
El efecto de la filtración de los documentos clasificados del Pentágono sobre la guerra de Afganistán no es desdeñable. No tanto por lo que éstos descubren –nadie medianamente informado se habrá asombrado-, ni por el daño político o diplomático colateral –que ya está amortizado hace tiempo-, aunque si, quizás por el riesgo añadido a muchas personas sobre el terreno, como ha destacado Obama.
DE UNA FILTRACION A OTRA
La comparación de esta filtración con los legendarios “Pentagono Papers” (“documentos del Pentagono”) de la guerra de Vietnam era inevitable. Las valoraciones han sido muy dispares. No son pocos quienes, como el analista militar Fred Kaplan, consideran que esa comparación es “descabellada”, puesto que por alcance, profundidad, y potencial revelador los dos paquetes documentales son muy distintos y su valor difiere enormemente.
Los documentos del Pentágono revelados en 1972 por el analista Daniel Ellsberg (por cierto, al principio, un apologético apasionado de la intervención que terminó amargado por la decepción), constituían un trabajo finalizado y estructurado. Pero, sobre todo, dieron a conocer lo que no se sabía o sólo se intuía: los errores y horrores de sucesivas administraciones y la concatenación de falsedades, mentiras, intoxicaciones y manipulaciones para encubrirlos.
En cambio, la filtración de Wikileaks simplemente proporciona casuística a lo que ya se sabía, y en algunos casos con razonable conocimiento de detalle, sobre estos otros errores y horrores y falsedades. Efectivamente, ya sabíamos que en Afganistán: 1) Se ha matado a tanta gente inocente –o más- que a cabecillas extremistas. 2) Se apoya a gobiernos corruptos o indolentes; 3) Se trata como aliado a quien organiza redes que conspiran contra los intereses norteamericanos; 4) Se paga por servicios de protección a bandas que colaboran con aquellos a los que se combate; 5) Se tolera o consiente a los narcotraficantes siempre que lubrifiquen la causa occidental; 6) Se ocultan o maquillan los acontecimientos más negativos, ya sean los errores fatales o las fortalezas del enemigo…. Y etcétera.
Pero tambien tienen razón los que aseguran que el conocimiento público de esta acumulación de telegramas, análisis rápidos, impresiones (a veces, sólo especulaciones) influirá en las próximas decisiones del liderazgo político de los Estados Unidos sobre el futuro de la guerra En Afganistán (y en áreas fronterizas de Pakistán). Lo que le otorga mayor valor es precisamente que no constituye una novedad. Que los propios encargados de conseguir la victoria militar nos demuestren su escaso convencimiento en lo realizable de la tarea. De ahí que la insistencia de la mayoría de la clase política y del estamento uniformado en mantener la guerra para privar al “terrorismo islámico” de un santuario privilegiado resulte cada vez más dificil de aceptar a muchos norteamericanos y a un número creciente de aliados.
SEGURAMENTE HABRÁ MÁS FILTRACIONES….
El presidente Obama, en su primer comentario público sobre la filtración, ha señalado que los documentos ahora revelados son anteriores a que su administración aprobara una revisión de la estrategia en Afganistán. “Muchas cosas han cambiado allí desde entonces”, ha dicho en refuerzo de esta línea de argumento, el Almirante McMullen, su Jefe de Estado Mayor interarmas. El responsable de Wikileaks, Julian Assange, asegura que están examinando y preparando otros 15.000 documentos adicionales antes de darlos a conocer. ¿Se referirán a acontecimientos posteriores a la revisión de Obama? Es presumible que sí, de forma que podremos comprobar si las cosas realmente han cambiado. Es de temer que no.
….Y QUIZÁS NO SERAN BUENAS
Sabemos, porque la administración actual lo ha reconocido, que las operaciones de los aviones pilotados a distancia (drones) se han incrementado durante la administración Obama, y sus actuaciones son las principales causante de victimas cíviles no deseadas.
Sabemos, por las propias denuncias públicas de los principales asesores del Presidente y de él mismo, que la colusión del gobierno Karzai con las mafias locales se han consolidado y reforzado en los últimos meses; y, sin embargo, se le ha revalidado política y diplomáticamente en reiteradas ocasiones, la última durante la reciente Conferencia en Kabul.
Sabemos que las operaciones de fidelización de los dirigentes tribales han fracasado estos últimos meses, porque el dimitido/cesado General McChrystal no pudo decirlo más claro en su extemporánea contribución al famoso artículo de la revista Rolling Stones.
Sabemos que se mantiene e incrementa la ayuda económica y militar a Pakistán mientras se lamenta, en privado y en público, su escaso compromiso contra el terrorismo e incluso la complicidad de sus aparatos de inteligencia con los insurgentes afganos. ¿Acaso no se incurre en la misma duplicidad que se denuncia?
La revisión estratégica de Obama podrá cosechar mejores resultados militares. Tal vez, aunque se hace dificil admitirlo a priori. Podrá mejorar la información, o dignificarla. Concedamos que es posible, pero ya no se pueden firmar cheques en blanco. Lo que no ocurrirá, no podrá ocurrir, es que las condiciones e intereses que han conducido a América a esta guerra generen políticas muy distintas a las conocidas. Los errores y horrores de hoy son producto inevitable de las decisiones consecuentes de ayer: el apoyo a los entonces “combatientes de la libertad” y hoy “terroristas”; la complicidad de gobiernos no sólo no democráticos sino abierta y perdurablemente autoritarios y represivos, sólo porque se confíaba en que garantizasen los intereses norteamericanos; la dificil cohabitación entre la seguridad interior de Estados Unidos y la inseguridad, incomprensión, dolor y muerte de aquéllos alos que se dice defender subsidiariamente.
UNA LÓGICA PERVERSA
Después de la invasión y ocupación de Irak, un grupo de periodistas e intelectuales norteamericanos produjeron un excelente documental basado en un libro de Norman Solomon, titulado “War Made Easy” (que podríamos traducir como “La guerra hecha aceptable”). En este trabajo, no emitido en España, no sólo se analizan más de medio siglo de intervenciones militares norteamericanas y del arsenal de encubrimientos, mentiras, medidas verdades, manipulaciones y técnicas de relaciones públicas para hacerlas comprensibles, aceptables y hasta necesarias para la opinión pública (y publicada). También ponía en evidencia –en línea con las posiciones de Chomsky- la complicidad necesaria de la mayoría de los medios de comunicación en la implantación social de las sucesivas imposturas bélicistas. Lamentablemente, la mayoría de la población norteamericana (y, por extensión, occidental) no ha visto ese documental, ni otros similares. De lo contrario, estos nuevos “papeles del Pentágono” sonarían a “déjà vu”.
Las filtraciones no constituyen traición, ni siquiera desconsideración hacia los intereses nacionales. En eso, los medios escogidos para su propagación han actuado correctamente y no parecían necesarias algunas aclaraciones. Las filtraciones son puros síntomas de que hay imposibles cuadraturas del círculo. Ya no podrá acusarse de irresponsables o antipatrióticos a los que llevan mucho tiempo, en el Congreso, en las calles o en los medios críticos, exigiendo una corrección radical y no un simple cambio de estrategia. Y para los que han venido defendiendo, de una u otra forma, la intervención militar, estos 92.000 fragmentos pueden convertirse, por cansancio, por cálculo de desgaste político o por simple oportunismo, en la “pistola humeante” que necesitaban para bajarse del barco.
KOSOVO: UNA ESPIRAL DE PARADÓJAS
22 de Julio de 2010
La declaración de independencia de Kósovo no violó la legalidad internacional, según el Tribunal Internacional de Justicia, máximo órgano jurídico del sistema de las Naciones Unidas. La decisión no es vinculante, pero todo indica que contribuirá a acelerar el reconocimiento diplomático de Kosovo. Hasta ahora sólo lo han hecho 69 países.
La derrota militar serbia en 1999 y el apoyo político occidental a los albano-kosovares, población mayoritaria en el territorio, abrió un complicado periodo de negociación diplomática sobre el estatus definitivo de la provincia serbia. Como no fue posible un acuerdo entre las partes, los albano-kosovares declararon unilateralmente la independencia en febrero de 2008, con el apoyo de la mayoría de países occidentales, pero no del resto del mundo. España es uno de los cinco países europeos (junto a Grecia, Chipre, Rumanía y Eslovaquia) que no ha reconocido a Kósovo, por razones que luego recordaremos.
UN EMBROLLO JURÍDICO-DIPLOMÁTICO
Los independentistas albano-kosovares y sus protectores internacionales se apoyaban en dos actuaciones relevantes de la comunidad internacional. La primera, la resolución 1244 del Consejo de Seguridad de la ONU, que autorizó la intervención militar contra la República serbia, en castigo por la violación masiva de los derechos humanos en Kósovo en 1999. La segunda, la decisión del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia de condenar el proyecto criminal del liderazgo político y militar serbio en Kósovo.
Por el contrario, las autoridades serbias, sin negar los excesos cometidos por sus antecesores, argumentaban que la mencionada resolución 1242 reconocía la soberanía serbia sobre Kosovo. En consecuencia, la “declaración unilateral de independencia” tendría que ser considerada ilegal, porque supuso una “violación flagrante del principio de integridad territorial de un Estado” y, además, podría legitimar iniciativas similares de numerosos movimientos separatistas en el resto del mundo. Serbia obtuvo autorización de la Asamblea de la ONU para plantear la legitimidad de la independencia unilateral ante el Tribunal Internacional de Justicia. Los magistrados comenzaron a examinar la solicitud serbia en diciembre de 2009.
El TIJ basa su decisión en que cuando se produjo la declaración de independencia el país del que dependía legalmente el territorio, la República de Serbia y Montenegro, había desaparecido, debido a la separación de la segunda, el último peldaño de la desintegración yugoslava. En consecuencia, “la asamblea legislativa de Kosovo tenía poder para tomar decisiones que afectaran a su orden legal”.
REVÉS PARA SERBIA, ¿O ALIVIO, QUIZÁS?
Aparentemente, Serbia ha sufrido un duro golpe. Y, en cierto modo, sorpresivo, porque incluso los más prudentes observadores serbios confíaban en una decisión mucho más favorable del Tribunal Internacional. El presidente serbio, el moderado y proeuropeísta Boris Tadic, ha insistido en que Serbia “no reconocerá nunca” la independencia de un territorio considerado por la inmensa mayoría de sus ciudadanos como la cuna de la nación serbia.
Sin embargo, la decisión jurídica la ONU puede tener un efecto paradójicamente aliviante para el actual gobierno de Belgrado. Efectivamente, si la Corte hubiera fallado a su favor, las autoridades serbias habrían tenido que ser consecuentes y plantear ante la ONU la renegociación de la independencia de Kosovo. Sería una consecuencia lógica y una respuesta inevitable a la segura exigencia de los serbioskosovares y de todos los nacionalistas serbios.
Ante el eventual triunfo de sus tesis, la diplomacia serbia ya tenía preparada una estrategia, que pasaba por plantear la partición de la provincia, el intercambio de territorios o una combinación de ambas. Todas esas iniciativas se hubieran topado con la oposición frontal de las autoridades independentistas de Pristina.
Pero lo que más preocupaba al gobierno serbio es que el cuestionamiento –activo, no sólo declarativo- de la independencia kosovar habría incomodado enormemente a las potencias occidentales, cuya amistad y colaboración viene cultivando estos últimos años. No por casualidad, el presidente kosovar, Hasim Thaci, quiso estar en visita oficial en Estados Unidos cuando se anunció la sentencia. Efectivamente, Washington y la mayoría de las capitales europeas habían enviado a Belgrado un mensaje claro y escasamente diplomático: cualquier intento de boicotear la independencia de Kósovo, basándose en una eventual sentencia favorable de la Corte, tendría consecuencias negativas sobre las aspiraciones serbias de ingresar en la Unión Europea. Después de todo, si el TIJ hubiera fallado a favor de las tesis serbias, la diplomacia occidental hubiera quedado visiblemente desairada.
UNA SITUACION EXPLOSIVA
En todo caso, la sentencia del TIJ no resuelve los problemas de convivencia en Kosovo. Estos dos años de independencia formal han sido muy difíciles. En el territorio viven dos millones de albaneses y unos 120.000 serbios. Diez mil soldados de la OTAN mantienen una paz precaria. Aunque carece de un liderazgo sólido, la comunidad serbia ha creado una red de municipios desobedientes de Prístina, embrión de una administración paralela. Algunas revueltas sobre todo en la ciudad de Mitrovica -dividada de facto- han acabado con muertos y heridos. La desconfianza y la hostilidad dominan las relaciones entre ambas comunidades. El mejorable comportamiento de las autoridades albano-kosovares hacia la minoría serbia, las conexiones de algunos de los dirigentes albaneses con el crimen organizado y la impotencia internacional no han contribuido a mejorar las cosas.
Los independentistas albaneses pueden sucumbir ahora a la tentación de reforzar sus posiciones e incrementar la presión contra Belgrado para que prive de apoyo a los serbo-kosovares. Sería un dramático error que las potencias occidentales valedoras de Prístina lo permitieran. Si la situación en Kosovo sigue degradandose, el peligro de que se agraven los conflictos violentos podría alcanzar niveles de alarma. Por eso, no es descartable que Occidente se avenga a otorgar a Serbia un papel de protector o vigilante en el norte de la provincia, donde viven la mayoría de los serbokosovares y donde se encuentran los lugares históricos y religiosos más emblemáticos de la historia serbia.
UN ANTECEDENTE PROBLEMÁTICO
Se pueden apuntar implicaciones adicionales de la sentencia que presagian nuevos problemas. La decisión del TIJ avala, se quiera o no, iniciativas similares. Todo el mundo tiene la mente puesta en Bosnia. No son pocos los políticos serbo-bosnios que anhelan conseguir la independencia de su República Srpska y su ulterior integracion en Serbia. Sería la ruptura de la Bosnia actual, todavía frágil e inestable cuando está a punto de completar tres lustros de existencia. Los dirigentes de Serbia han sido muy prudentes y han desvinculado las realidades de Bosnia y Kosovo. Pero la frustración emocional y la consiguiente presión nacionalista pueden generar un elemento adicional de movilización.
Con alcance general, está por ver si este fallo de la Corte invitará a los movimientos separatistas a escalar sus aspiraciones independentistas. Aunque puede argumentarse que las condiciones importan y que lo que legitimó la independencia kosovar fue el comportamiento de las otrora autoridades serbias, lo cierto es que se abre una puerta inquietante.
Como se ha apuntado, España se ha desmarcado del mayoritario apoyo occidental a la independencia kosovar. Algunos han interpretado la posición española como fruto del temor a que este ejemplo aliente los independentismos ibéricos. En realidad, los argumentos de Madrid se basaban en principios tradicionales del Derecho Internacional, como la integridad territorial y la resolución pactada de los conflictos, cuando no se trate de cuestiones coloniales.
Tampoco es dificil explicarse la posición griega o chipriota en contra de la independencia kosovar. Los turcos de Chipre mantienen de facto un Estado independiente en el sector oriental de la isla, con apenas reconocimiento internacional, pero con el decisivo apoyo de Turquía.
El antecedente de Kosovo también puede servir de munición legal para Osetia del Sur y Abjazia, dos provincias secesionistas de Georgia, cuya independencia ha apoyado el Kremlin con más que palabras. Recuérdese la escalada militar del verano de 2008. Por solidaridad histórica y cultural con Serbia, Rusia no ha reconocido la independencia de Kosovo. Esta decisión del TIJ avalaría futuras actuaciones del Kremlin a favor de las aspiraciones osetias y abjazas. Una paradója más de una decisión judicial que podría tener más consecuencias de las que se derivarían de su condición no vinculante.
La declaración de independencia de Kósovo no violó la legalidad internacional, según el Tribunal Internacional de Justicia, máximo órgano jurídico del sistema de las Naciones Unidas. La decisión no es vinculante, pero todo indica que contribuirá a acelerar el reconocimiento diplomático de Kosovo. Hasta ahora sólo lo han hecho 69 países.
La derrota militar serbia en 1999 y el apoyo político occidental a los albano-kosovares, población mayoritaria en el territorio, abrió un complicado periodo de negociación diplomática sobre el estatus definitivo de la provincia serbia. Como no fue posible un acuerdo entre las partes, los albano-kosovares declararon unilateralmente la independencia en febrero de 2008, con el apoyo de la mayoría de países occidentales, pero no del resto del mundo. España es uno de los cinco países europeos (junto a Grecia, Chipre, Rumanía y Eslovaquia) que no ha reconocido a Kósovo, por razones que luego recordaremos.
UN EMBROLLO JURÍDICO-DIPLOMÁTICO
Los independentistas albano-kosovares y sus protectores internacionales se apoyaban en dos actuaciones relevantes de la comunidad internacional. La primera, la resolución 1244 del Consejo de Seguridad de la ONU, que autorizó la intervención militar contra la República serbia, en castigo por la violación masiva de los derechos humanos en Kósovo en 1999. La segunda, la decisión del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia de condenar el proyecto criminal del liderazgo político y militar serbio en Kósovo.
Por el contrario, las autoridades serbias, sin negar los excesos cometidos por sus antecesores, argumentaban que la mencionada resolución 1242 reconocía la soberanía serbia sobre Kosovo. En consecuencia, la “declaración unilateral de independencia” tendría que ser considerada ilegal, porque supuso una “violación flagrante del principio de integridad territorial de un Estado” y, además, podría legitimar iniciativas similares de numerosos movimientos separatistas en el resto del mundo. Serbia obtuvo autorización de la Asamblea de la ONU para plantear la legitimidad de la independencia unilateral ante el Tribunal Internacional de Justicia. Los magistrados comenzaron a examinar la solicitud serbia en diciembre de 2009.
El TIJ basa su decisión en que cuando se produjo la declaración de independencia el país del que dependía legalmente el territorio, la República de Serbia y Montenegro, había desaparecido, debido a la separación de la segunda, el último peldaño de la desintegración yugoslava. En consecuencia, “la asamblea legislativa de Kosovo tenía poder para tomar decisiones que afectaran a su orden legal”.
REVÉS PARA SERBIA, ¿O ALIVIO, QUIZÁS?
Aparentemente, Serbia ha sufrido un duro golpe. Y, en cierto modo, sorpresivo, porque incluso los más prudentes observadores serbios confíaban en una decisión mucho más favorable del Tribunal Internacional. El presidente serbio, el moderado y proeuropeísta Boris Tadic, ha insistido en que Serbia “no reconocerá nunca” la independencia de un territorio considerado por la inmensa mayoría de sus ciudadanos como la cuna de la nación serbia.
Sin embargo, la decisión jurídica la ONU puede tener un efecto paradójicamente aliviante para el actual gobierno de Belgrado. Efectivamente, si la Corte hubiera fallado a su favor, las autoridades serbias habrían tenido que ser consecuentes y plantear ante la ONU la renegociación de la independencia de Kosovo. Sería una consecuencia lógica y una respuesta inevitable a la segura exigencia de los serbioskosovares y de todos los nacionalistas serbios.
Ante el eventual triunfo de sus tesis, la diplomacia serbia ya tenía preparada una estrategia, que pasaba por plantear la partición de la provincia, el intercambio de territorios o una combinación de ambas. Todas esas iniciativas se hubieran topado con la oposición frontal de las autoridades independentistas de Pristina.
Pero lo que más preocupaba al gobierno serbio es que el cuestionamiento –activo, no sólo declarativo- de la independencia kosovar habría incomodado enormemente a las potencias occidentales, cuya amistad y colaboración viene cultivando estos últimos años. No por casualidad, el presidente kosovar, Hasim Thaci, quiso estar en visita oficial en Estados Unidos cuando se anunció la sentencia. Efectivamente, Washington y la mayoría de las capitales europeas habían enviado a Belgrado un mensaje claro y escasamente diplomático: cualquier intento de boicotear la independencia de Kósovo, basándose en una eventual sentencia favorable de la Corte, tendría consecuencias negativas sobre las aspiraciones serbias de ingresar en la Unión Europea. Después de todo, si el TIJ hubiera fallado a favor de las tesis serbias, la diplomacia occidental hubiera quedado visiblemente desairada.
UNA SITUACION EXPLOSIVA
En todo caso, la sentencia del TIJ no resuelve los problemas de convivencia en Kosovo. Estos dos años de independencia formal han sido muy difíciles. En el territorio viven dos millones de albaneses y unos 120.000 serbios. Diez mil soldados de la OTAN mantienen una paz precaria. Aunque carece de un liderazgo sólido, la comunidad serbia ha creado una red de municipios desobedientes de Prístina, embrión de una administración paralela. Algunas revueltas sobre todo en la ciudad de Mitrovica -dividada de facto- han acabado con muertos y heridos. La desconfianza y la hostilidad dominan las relaciones entre ambas comunidades. El mejorable comportamiento de las autoridades albano-kosovares hacia la minoría serbia, las conexiones de algunos de los dirigentes albaneses con el crimen organizado y la impotencia internacional no han contribuido a mejorar las cosas.
Los independentistas albaneses pueden sucumbir ahora a la tentación de reforzar sus posiciones e incrementar la presión contra Belgrado para que prive de apoyo a los serbo-kosovares. Sería un dramático error que las potencias occidentales valedoras de Prístina lo permitieran. Si la situación en Kosovo sigue degradandose, el peligro de que se agraven los conflictos violentos podría alcanzar niveles de alarma. Por eso, no es descartable que Occidente se avenga a otorgar a Serbia un papel de protector o vigilante en el norte de la provincia, donde viven la mayoría de los serbokosovares y donde se encuentran los lugares históricos y religiosos más emblemáticos de la historia serbia.
UN ANTECEDENTE PROBLEMÁTICO
Se pueden apuntar implicaciones adicionales de la sentencia que presagian nuevos problemas. La decisión del TIJ avala, se quiera o no, iniciativas similares. Todo el mundo tiene la mente puesta en Bosnia. No son pocos los políticos serbo-bosnios que anhelan conseguir la independencia de su República Srpska y su ulterior integracion en Serbia. Sería la ruptura de la Bosnia actual, todavía frágil e inestable cuando está a punto de completar tres lustros de existencia. Los dirigentes de Serbia han sido muy prudentes y han desvinculado las realidades de Bosnia y Kosovo. Pero la frustración emocional y la consiguiente presión nacionalista pueden generar un elemento adicional de movilización.
Con alcance general, está por ver si este fallo de la Corte invitará a los movimientos separatistas a escalar sus aspiraciones independentistas. Aunque puede argumentarse que las condiciones importan y que lo que legitimó la independencia kosovar fue el comportamiento de las otrora autoridades serbias, lo cierto es que se abre una puerta inquietante.
Como se ha apuntado, España se ha desmarcado del mayoritario apoyo occidental a la independencia kosovar. Algunos han interpretado la posición española como fruto del temor a que este ejemplo aliente los independentismos ibéricos. En realidad, los argumentos de Madrid se basaban en principios tradicionales del Derecho Internacional, como la integridad territorial y la resolución pactada de los conflictos, cuando no se trate de cuestiones coloniales.
Tampoco es dificil explicarse la posición griega o chipriota en contra de la independencia kosovar. Los turcos de Chipre mantienen de facto un Estado independiente en el sector oriental de la isla, con apenas reconocimiento internacional, pero con el decisivo apoyo de Turquía.
El antecedente de Kosovo también puede servir de munición legal para Osetia del Sur y Abjazia, dos provincias secesionistas de Georgia, cuya independencia ha apoyado el Kremlin con más que palabras. Recuérdese la escalada militar del verano de 2008. Por solidaridad histórica y cultural con Serbia, Rusia no ha reconocido la independencia de Kosovo. Esta decisión del TIJ avalaría futuras actuaciones del Kremlin a favor de las aspiraciones osetias y abjazas. Una paradója más de una decisión judicial que podría tener más consecuencias de las que se derivarían de su condición no vinculante.
EL PEOR LUGAR DEL MUNDO
15 de julio de 2010
Tal vez si las más de setenta personas asesinadas el domingo en dos establecimientos hosteleros de Kampala no hubieran estado presenciando la final del Mundial de fútbol, la noticia del atentado que les costó sus vidas hubiera pasado casi desapercibida. Algunos medios, de hecho, no resistieron la tentación de resaltar del comunicado de sus autoproclamados autores la proclama antifutbolera, por la condición “antiislámica” del deporte más popular del mundo.
El doble atentado de la capital ugandesa arrastra, sin embargo, significaciones de mucho mayor alcance que una aparente excentricidad radical. Ni que decir tiene que el odio por el fútbol no tiene más fundamento que el proclamado por los talibanes por la música o cualquier otra manifestación cultural, deportiva o recreativa proveniente del exterior del mundo islámico.
Mucho más significativo, por supuesto, es el lugar donde se produjeron los atentados: un restaurante etíope y un club deportivo vinculado con el partido oficialista ugandés. Etiopía y Uganda son los principales países enemigos de la milicia islamista somalí Al Shabab, porque de ellos han partido los principales esfuerzos militares para desalojarlos del “poder” (los etíopes) o para prevenir su regreso (los ugandeses).
¿Por qué están Etiopía y Uganda tan interesados en determinar el futuro político de un país destruido y carente de cualquier vestigio de Estado como Somalia? Aparte de un lógico interés por acabar con una inestabilidad venenosa tan cercana, ambos países africanos cuentan con mayoria de población cristiana –aunque de confesiones diferentes-, que contemplan con creciente inquietud el tono fundamentalista de la milicia que aspira a derrocar al pseudo gobierno de Sharif Sheikh Ahmed.
La situación en Somalia es inigualablemente endiablada. El Gobierno reconocido internacionalmente sólo acredita autoridad sobre una parte de la capital, Mogadiscio, y de forma altamente precaria. La facción leal al Presidente, un profesor de secundaria, representa el sector moderado de los combatientes islámicos que, a mitad de la década, consiguieron alzarse sobre el pandemonium de bandas armadas que se dividen un control volátil y errático de Somalia desde hace casi veinte años. Esos combatientes islámicos aceptaron la supremacía de la denominada Unión de los Tribunales Islámicos, unos jeques que gozaban de cierta autoridad moral e intelectual, pero de una terrible crueldad en la administración de justicia y de las cosas públicas que quedaban por administrar.
Los países africanos limítrofes, aterrorizados por la deriva fundamentalista somalí y azuzados por Estados Unidos y otras potencias occidentales, decidieron crear una fuerza de intervención, la AMISOM, para derribar a los “tribunales islámicos”. Lo consiguieron. Pero ante la necesidad de dar cierta imagen de respeto por la soberanía somalí, se optó por apoyar a la facción más moderada. Ese atomizado y caótico universo de islámico somalí se fragmentó. Los más extremistas se agruparon bajo la divisa de Al Shabab, presentada en Occidente como una franquicia más de Al Qaeda, de hecho su agente más activo y peligroso en el este de África.
Como el denominado Gobierno Federal Transitorio no era capaz de dar un paso más allá del barrio “gubernamental” de Mogadiscio, los países limítrofes consiguieron que la Unidad Africana (UA) avalara la continuidad de la misión de intervención en Somalía, Escarmentados de la etapa anterior, los etíopes prefieron mantenerse en la reserva. Tomaron el relevo dos de los países más pro-norteamericanos de la zona: Uganda y Burundi. El apoyo militar “africano” al “gobierno” somalí no ha resultado tan eficaz como hubieran deseado en Washington, donde se contemplaba la iniciativa como sustitutivo de una implicación propia más directa, poco conveniente, debido al esfuerzo que exigía la situación en Afganistán e Irak.
En los últimos días, la milicia islamista radical ha puesto en jaque al gobierno, hasta el punto de que el virtual Presidente somalí ha tenido que reconocer que “Somalia está en manos de Al Qaeda y de los grupos extremistas”. Sherif Sheikh Ahmed ha suplicado a sus protectores internacionales una “estrategia militar eficaz y urgente”. No es probable que sea atendido. Más allá del incremento en dos mil hombres de los efectivos de la AMISOM, no se espera un cambio significativo de estrategia. En el diario THE GUARDIAN, el analista Frank Mártin, afirma que “apoyarse en naciones como Etiopía, Uganda y Burundi para operar en Somalia es comparable a emplear un batallón de soldados indios con la etiqueta de la ONU y enviarlos a ocupar y pacificar las áreas tribales paquistaníes”.
Uganda representa el compendio de todos los males para los islamitas radicales que aspiran a recuperar todo el poder en Somalía. Lo inquietante es que otras facciones somalíes tampoco contemplan al vecino ugandés como un protector, precisamente. Su presidente, Museveni, fue presentado en su día por el entonces Presidente Clinton como un ejemplo para toda África, en gran parte por su vigorosa política de contención y lucha contra el SIDA.
Museveni ha intentado ganarse el favor de la población somalí, entre otras cosas, mostrandose generoso con los desplazados somalíes. Se calcula en 4.000 el número de refugiados somalíes en Uganda. Él exodo parece acelerarse: cada semana las autoridades ugandesas acogen a 15 personas que huyen del infierno somalí, según THE GUARDIAN. Una ayuda humanitaria raquítica si tenemos en cuenta la realidad humanitaria del país. Según cifras generalmente aceptadas, cerca de cuatro millones de somalíes se encuentran en una situación desesperada, al borde de la propia supervivencia. Una cuarta parte de la población ha huido del pais y vaga en condiciones miserables por varios países de la zona.
El escritor Dan Morrison, autor del libro “El Nilo Negro”, de próxima aparición, se muestra menos complaciente con Museveni. En un artículo para SLATE, recuerda que la población somalí ha visto agravada su atroz fortuna por los bombardeos de las fuerzas ugandesas integrantes de la AMISOM. También resalta que la oposición ugandesa reprocha a su presidente que se inmiscuya en la intratable crisis somalí mientras se muestra incapaz, a pesar de la ayuda norteamericana, de liquidar a la odiosa guerrilla del “Ejército del Señor”, que en veinte años de actividad ha secuestrado a veinte mil niños y jóvenes en el norte del país. Finalmente, Morrison se pregunta si el presidente ugandés podrá prevenir una explosión de cólera de ciertos sectores cristianos protestantes contra los refugiados islámicos somalíes, si se desborda una conflagración de carácter religioso o confesional (los pentecostistas se ufanan de haber convertido a miles de musulmanes ugandeses al credo cristiano).
Está por ver si la administración Obama mantendrá su confianza en su aliado ugandés y en su patrocinada fuerza africana o decide incrementar su implicación directa. La situación estratégica de Somalía obliga a tomarse la situación muy en serio. El principal responsable del Departamento para asuntos africanos, John Carsson, ha admitido que la crisis “ya ha infectado a toda la comunidad internacional”.
En las páginas del NEW YORK TIMES, el especialista en contraterrorismo de la Universidad de Georgetown, Bruce Hoffman, asegura que la milicias Al Shabab se han convertido en “uno de los grupos terroristas arquetípicos del siglo XXI” y señala las características que pueden convertirlas en una “amenaza internacional”: una acreditada capacidad comunicativa, una población somalí expatriada en la que recrutar, figuras carismáticas para atraer seguidores y una probada capacidad de actuar en países extranjeros.
A los responsables de la lucha antiterrorista en Estados Unidos les preocupa especialmente el reclutamiento de militantes suicidas entre la comunidad de somalíes residentes en suelo norteamericano o las conexiones acreditadas de los extremistas somalíes con algunos de los principales santones fieles a Bin Laden.
El problema es que Somalia no está sólo amenazada por una fuerza islámica extremista. Lo más grave es que no se vislumbra futuro alguno. Hace veinte años que el país no tiene un gobierno digno de tal nombre. Dos regiones, Somaliland y Putland, son prácticamente independientes, aunque no hayan conseguido el reconocimiento formal internacional. Occidente ha apoyado a personajes impresentables en Somalia desde 1991, sólo porque parecían capaces de poner orden, cuando lo único que aportaron fue más pillaje, corrupción y miseria. Sobre ese fracaso se edificó la opcion islámica, que hasta hace poco era una opción improbable en Somalia.
Varios analistas consideran que, más temprano que tarde, la comunidad internacional tendrá que hacerse cargo del país, y no sólo para prevenir la actividad de los piratas, fenómeno que suele ser despachado con análisis muy simplistas en los medios. Cuando resulte inesquivable, a buen seguro resultará tremendamente inoportuno ocuparse, en serio, del peor lugar del mundo.
Tal vez si las más de setenta personas asesinadas el domingo en dos establecimientos hosteleros de Kampala no hubieran estado presenciando la final del Mundial de fútbol, la noticia del atentado que les costó sus vidas hubiera pasado casi desapercibida. Algunos medios, de hecho, no resistieron la tentación de resaltar del comunicado de sus autoproclamados autores la proclama antifutbolera, por la condición “antiislámica” del deporte más popular del mundo.
El doble atentado de la capital ugandesa arrastra, sin embargo, significaciones de mucho mayor alcance que una aparente excentricidad radical. Ni que decir tiene que el odio por el fútbol no tiene más fundamento que el proclamado por los talibanes por la música o cualquier otra manifestación cultural, deportiva o recreativa proveniente del exterior del mundo islámico.
Mucho más significativo, por supuesto, es el lugar donde se produjeron los atentados: un restaurante etíope y un club deportivo vinculado con el partido oficialista ugandés. Etiopía y Uganda son los principales países enemigos de la milicia islamista somalí Al Shabab, porque de ellos han partido los principales esfuerzos militares para desalojarlos del “poder” (los etíopes) o para prevenir su regreso (los ugandeses).
¿Por qué están Etiopía y Uganda tan interesados en determinar el futuro político de un país destruido y carente de cualquier vestigio de Estado como Somalia? Aparte de un lógico interés por acabar con una inestabilidad venenosa tan cercana, ambos países africanos cuentan con mayoria de población cristiana –aunque de confesiones diferentes-, que contemplan con creciente inquietud el tono fundamentalista de la milicia que aspira a derrocar al pseudo gobierno de Sharif Sheikh Ahmed.
La situación en Somalia es inigualablemente endiablada. El Gobierno reconocido internacionalmente sólo acredita autoridad sobre una parte de la capital, Mogadiscio, y de forma altamente precaria. La facción leal al Presidente, un profesor de secundaria, representa el sector moderado de los combatientes islámicos que, a mitad de la década, consiguieron alzarse sobre el pandemonium de bandas armadas que se dividen un control volátil y errático de Somalia desde hace casi veinte años. Esos combatientes islámicos aceptaron la supremacía de la denominada Unión de los Tribunales Islámicos, unos jeques que gozaban de cierta autoridad moral e intelectual, pero de una terrible crueldad en la administración de justicia y de las cosas públicas que quedaban por administrar.
Los países africanos limítrofes, aterrorizados por la deriva fundamentalista somalí y azuzados por Estados Unidos y otras potencias occidentales, decidieron crear una fuerza de intervención, la AMISOM, para derribar a los “tribunales islámicos”. Lo consiguieron. Pero ante la necesidad de dar cierta imagen de respeto por la soberanía somalí, se optó por apoyar a la facción más moderada. Ese atomizado y caótico universo de islámico somalí se fragmentó. Los más extremistas se agruparon bajo la divisa de Al Shabab, presentada en Occidente como una franquicia más de Al Qaeda, de hecho su agente más activo y peligroso en el este de África.
Como el denominado Gobierno Federal Transitorio no era capaz de dar un paso más allá del barrio “gubernamental” de Mogadiscio, los países limítrofes consiguieron que la Unidad Africana (UA) avalara la continuidad de la misión de intervención en Somalía, Escarmentados de la etapa anterior, los etíopes prefieron mantenerse en la reserva. Tomaron el relevo dos de los países más pro-norteamericanos de la zona: Uganda y Burundi. El apoyo militar “africano” al “gobierno” somalí no ha resultado tan eficaz como hubieran deseado en Washington, donde se contemplaba la iniciativa como sustitutivo de una implicación propia más directa, poco conveniente, debido al esfuerzo que exigía la situación en Afganistán e Irak.
En los últimos días, la milicia islamista radical ha puesto en jaque al gobierno, hasta el punto de que el virtual Presidente somalí ha tenido que reconocer que “Somalia está en manos de Al Qaeda y de los grupos extremistas”. Sherif Sheikh Ahmed ha suplicado a sus protectores internacionales una “estrategia militar eficaz y urgente”. No es probable que sea atendido. Más allá del incremento en dos mil hombres de los efectivos de la AMISOM, no se espera un cambio significativo de estrategia. En el diario THE GUARDIAN, el analista Frank Mártin, afirma que “apoyarse en naciones como Etiopía, Uganda y Burundi para operar en Somalia es comparable a emplear un batallón de soldados indios con la etiqueta de la ONU y enviarlos a ocupar y pacificar las áreas tribales paquistaníes”.
Uganda representa el compendio de todos los males para los islamitas radicales que aspiran a recuperar todo el poder en Somalía. Lo inquietante es que otras facciones somalíes tampoco contemplan al vecino ugandés como un protector, precisamente. Su presidente, Museveni, fue presentado en su día por el entonces Presidente Clinton como un ejemplo para toda África, en gran parte por su vigorosa política de contención y lucha contra el SIDA.
Museveni ha intentado ganarse el favor de la población somalí, entre otras cosas, mostrandose generoso con los desplazados somalíes. Se calcula en 4.000 el número de refugiados somalíes en Uganda. Él exodo parece acelerarse: cada semana las autoridades ugandesas acogen a 15 personas que huyen del infierno somalí, según THE GUARDIAN. Una ayuda humanitaria raquítica si tenemos en cuenta la realidad humanitaria del país. Según cifras generalmente aceptadas, cerca de cuatro millones de somalíes se encuentran en una situación desesperada, al borde de la propia supervivencia. Una cuarta parte de la población ha huido del pais y vaga en condiciones miserables por varios países de la zona.
El escritor Dan Morrison, autor del libro “El Nilo Negro”, de próxima aparición, se muestra menos complaciente con Museveni. En un artículo para SLATE, recuerda que la población somalí ha visto agravada su atroz fortuna por los bombardeos de las fuerzas ugandesas integrantes de la AMISOM. También resalta que la oposición ugandesa reprocha a su presidente que se inmiscuya en la intratable crisis somalí mientras se muestra incapaz, a pesar de la ayuda norteamericana, de liquidar a la odiosa guerrilla del “Ejército del Señor”, que en veinte años de actividad ha secuestrado a veinte mil niños y jóvenes en el norte del país. Finalmente, Morrison se pregunta si el presidente ugandés podrá prevenir una explosión de cólera de ciertos sectores cristianos protestantes contra los refugiados islámicos somalíes, si se desborda una conflagración de carácter religioso o confesional (los pentecostistas se ufanan de haber convertido a miles de musulmanes ugandeses al credo cristiano).
Está por ver si la administración Obama mantendrá su confianza en su aliado ugandés y en su patrocinada fuerza africana o decide incrementar su implicación directa. La situación estratégica de Somalía obliga a tomarse la situación muy en serio. El principal responsable del Departamento para asuntos africanos, John Carsson, ha admitido que la crisis “ya ha infectado a toda la comunidad internacional”.
En las páginas del NEW YORK TIMES, el especialista en contraterrorismo de la Universidad de Georgetown, Bruce Hoffman, asegura que la milicias Al Shabab se han convertido en “uno de los grupos terroristas arquetípicos del siglo XXI” y señala las características que pueden convertirlas en una “amenaza internacional”: una acreditada capacidad comunicativa, una población somalí expatriada en la que recrutar, figuras carismáticas para atraer seguidores y una probada capacidad de actuar en países extranjeros.
A los responsables de la lucha antiterrorista en Estados Unidos les preocupa especialmente el reclutamiento de militantes suicidas entre la comunidad de somalíes residentes en suelo norteamericano o las conexiones acreditadas de los extremistas somalíes con algunos de los principales santones fieles a Bin Laden.
El problema es que Somalia no está sólo amenazada por una fuerza islámica extremista. Lo más grave es que no se vislumbra futuro alguno. Hace veinte años que el país no tiene un gobierno digno de tal nombre. Dos regiones, Somaliland y Putland, son prácticamente independientes, aunque no hayan conseguido el reconocimiento formal internacional. Occidente ha apoyado a personajes impresentables en Somalia desde 1991, sólo porque parecían capaces de poner orden, cuando lo único que aportaron fue más pillaje, corrupción y miseria. Sobre ese fracaso se edificó la opcion islámica, que hasta hace poco era una opción improbable en Somalia.
Varios analistas consideran que, más temprano que tarde, la comunidad internacional tendrá que hacerse cargo del país, y no sólo para prevenir la actividad de los piratas, fenómeno que suele ser despachado con análisis muy simplistas en los medios. Cuando resulte inesquivable, a buen seguro resultará tremendamente inoportuno ocuparse, en serio, del peor lugar del mundo.
LOS APUROS DE SARKOZY
7 de julio de 2010
Un feo asunto que aglutina presuntos fraude fiscal, encubrimiento, tráfico de influencias, negligencia administrativa, culebrón familiar y financiación política irregular amenaza con amargarle el verano al Presidente de la República francesa y lastrar faltalmente su “quinquenato”.
La decisión de la fiscalía de Nanterre de abrir una investigación por la denuncia de cobro de dinero destinado a la presunta financiación ilegal de la campaña presidencial de Sarkozy en 2007 es el último episodio de un escándalo que lleva semanas infectando el espacio político francés. Resumimos brevemente el entramado lo que ha venido en denominarse mediáticamente el “affaire Betthencourt”, pero que a partir de ahora conoceremos “affaire Woerth”. O, muy probablemente, “el Watergate - ¿Waterloo?- de Sarkozy”.
La millonaria Lilianne Bethencourt, heredera y dueña del imperio L´Óreal, habría evadido impuestos mediante el mantenimiento de cuentas secretas en Suiza por un valor cercano a los ochenta millones de euros y la posesión no declarada de una isla en el archipiélago de las Seychelles. La información habría sido obtenida mediante unas escuchas ilegales practicadas por uno de sus mayordomos en la mansión que la millonaría tiene en Neuilly-sur-Seine, en las afueras de París. Paralelamente, la hija de Bethencourt interpuso una denuncia contra un fotógrafo amigo de la madre por haberse aprovechado de ella.
Una de sus empleadas clave en estas operaciones fraudulentas, la encargada de colocar sus fondos hasta el pasado 21 de junio, era Florence Woerth, esposa del actual ministro de Trabajo, Eric Woerth y anterior Ministro del Presupuesto, del que dependían las instancias administrativas responsables de controlar los presuntos delitos fiscales como el imputado a Bethencourt. Un juez de Nanterre, al que una revista acusaba de haber hecho oidos sordos a ciertas denuncias llegadas a su juzgado, se defendía asegurando que comunicó al Ministerio del Presupuesto estas presuntas irregularidades en enero de 2009, cuando Woerth estaba todavía al frente del departamento. Un director general –y por tanto subordinado político de Woerth en esa época- asegura no haber recibido instrucción alguna del entonces ministro en relación al presunto fraude de la señora Bethencourt.
Por debajo de este asunto de fraude fiscal e incompetencia -o negligencia, o complicidad- administrativa subyace la sospecha que más daño puede hacer a la presidencia de Sarkozy: que Woerth intentara encubrir los delitos debido a las contribuciones, por lo demás conocidas, que la dama de L`Oreal, realizaba con regularidad a las arcas del partido gubernamental. Se da la circunstancia adicional de que Woerth había sido durante un tiempo tesorero de la UMP (Unión por la Mayoría Presidencial). Una antigua contable de L’Oreal asegura que, en 2007, Eric Woerth, “en su calidad de tesorero de la UMP recibió la suma de 150.000 euros en efectivo para financiar la campaña presidencial de Nicolás Sarkozy”. La policía ha encontrado pruebas que parecen avalar esta acusación; en concreto, el registro deuna orden de retirada de fondos en fecha coincidente.
Woerth ha anunciado que presentará querella por calumnias, después de haberse defendido ferozmente de las acusaciones, el martes, en una entrevista emitida por el primer canal de la Televisión francesa (TF-1. El ministro bajo sospecha había soportado una tumultosa sesión de control del gobierno en la Asamblea Nacional, donde los diputados de la oposición socialista cuestionaron duramente su integridad moral y política. El presidente del grupo parlamentario, Jean-Marc Ayrault, denunció “un sistema que reposa sobre la indecente connivencia entre la política y los poderosos del dinero”. La réplica corrió a cargo del sucesor de Woerth en el Ministerio del Presupuesto, François Baroin, quien acusó a los socialistas de “hacer el juego a la extrema derecha”, lo que motivó que abandonaran el hemiciclo.
La puesta en escena del drama político parecía inevitable, una vez que el propio Presidente Sarkoy decidiera abandonar la discreción con la que había asistido a los iniciales desenvolvimientos del escándalo para defender públicamente a su ministro Woerth en términos tan inequívocos que lo comprementen a él, políticamente.
Sarkozy aseguró en Canadá, durante la cumbre económica internacional de finales del junio, que Woerth contaba con su confianza “totalmente, completamente”. Es misma semana, con la crisis ya aparentemente fuera de control, el Presidente ha elevado el tono al calificar las imputaciones de “calumnia que no tiene más que un solo objetivo, ensuciar sin especie alguna de realidad”.
No es baladí la apuesta del presidente de la República, ya que Woerth es hoy una de las figuras clave del actual gobierno, ya que, como Ministro de Trabajo, debe presentar, en la “rentrée”, el proyecto de reforma de las pensiones, probablente el dossier político más peligroso para el futuro político de Sarkozy. Decía LE MONDE esta semana que, pase lo que pase con el affaire Bethencourt, Eric Woerth era ya un ministro “fragilizado”. La mayoría, de momento, ha cerrado filas, sin fisuras perceptibles. Pero el “fuego lento” de previsibles nuevas revelaciones, conexiones y comentarios puede carbonizar a este ministro predilecto del Eliseo y abrir vías de agua en la estrategia presidencial. Algunos medios señalan ya indicios de movimiento entre los gaullistas de Villepin, enemigo declarado del presidente, y regresado a la escena política después de salir políticamente vivo del escándalo Clearstream.
La prensa francesa adopta un tono unánime de reproche por la actuación presidencial. Los afines, por considerar que Sarkozy ha exhibidio tardanza o falta de reflejos. El mordaz articulista Erik Izraelewicz, en LA TRIBUNE, compara su gestión de la crisis con el bochorno de la selección francesa de fútbol en el Mundial de Suráfrica, y le reclama que coja las riendas “para evitar que esta crisis de autoridad degenere en crisis de régimen”. Desde el diario católico de derechas LA CROIX se echa una mano al Presidente, preguntándose “de qué horizontes vienen las informaciones” y “a quién benefician las acusaciones”, pero admitiendo también que “la imagen del compromiso político no sale agrandada de este episodio”. Incluso el editorialista de LE FIGARO, habitualmente en buenos términos con el Eliseo, le pide más vigor al Presidente: “Si Nicolás Sarkozy quiere evitar la crisis de confianza que se perfila, debe hablar y hacer frente a los ataques”.
Por lo que parece, sus propios defensores en la prensa no creen suficiente sus intervenciones hasta el momento, quizás porque han detectado un cierto nerviosismo en la mayoría y un creciente clima de sospecha en la ciudadanía. Con un índice de popularidad hundido en el 33%, el riesgo de pasar del “hiper-presidente” al “infra-presidente” (en palabras del mencionado Izraelewicz) está ya instalado en las mentes de la derecha francesa.
Un feo asunto que aglutina presuntos fraude fiscal, encubrimiento, tráfico de influencias, negligencia administrativa, culebrón familiar y financiación política irregular amenaza con amargarle el verano al Presidente de la República francesa y lastrar faltalmente su “quinquenato”.
La decisión de la fiscalía de Nanterre de abrir una investigación por la denuncia de cobro de dinero destinado a la presunta financiación ilegal de la campaña presidencial de Sarkozy en 2007 es el último episodio de un escándalo que lleva semanas infectando el espacio político francés. Resumimos brevemente el entramado lo que ha venido en denominarse mediáticamente el “affaire Betthencourt”, pero que a partir de ahora conoceremos “affaire Woerth”. O, muy probablemente, “el Watergate - ¿Waterloo?- de Sarkozy”.
La millonaria Lilianne Bethencourt, heredera y dueña del imperio L´Óreal, habría evadido impuestos mediante el mantenimiento de cuentas secretas en Suiza por un valor cercano a los ochenta millones de euros y la posesión no declarada de una isla en el archipiélago de las Seychelles. La información habría sido obtenida mediante unas escuchas ilegales practicadas por uno de sus mayordomos en la mansión que la millonaría tiene en Neuilly-sur-Seine, en las afueras de París. Paralelamente, la hija de Bethencourt interpuso una denuncia contra un fotógrafo amigo de la madre por haberse aprovechado de ella.
Una de sus empleadas clave en estas operaciones fraudulentas, la encargada de colocar sus fondos hasta el pasado 21 de junio, era Florence Woerth, esposa del actual ministro de Trabajo, Eric Woerth y anterior Ministro del Presupuesto, del que dependían las instancias administrativas responsables de controlar los presuntos delitos fiscales como el imputado a Bethencourt. Un juez de Nanterre, al que una revista acusaba de haber hecho oidos sordos a ciertas denuncias llegadas a su juzgado, se defendía asegurando que comunicó al Ministerio del Presupuesto estas presuntas irregularidades en enero de 2009, cuando Woerth estaba todavía al frente del departamento. Un director general –y por tanto subordinado político de Woerth en esa época- asegura no haber recibido instrucción alguna del entonces ministro en relación al presunto fraude de la señora Bethencourt.
Por debajo de este asunto de fraude fiscal e incompetencia -o negligencia, o complicidad- administrativa subyace la sospecha que más daño puede hacer a la presidencia de Sarkozy: que Woerth intentara encubrir los delitos debido a las contribuciones, por lo demás conocidas, que la dama de L`Oreal, realizaba con regularidad a las arcas del partido gubernamental. Se da la circunstancia adicional de que Woerth había sido durante un tiempo tesorero de la UMP (Unión por la Mayoría Presidencial). Una antigua contable de L’Oreal asegura que, en 2007, Eric Woerth, “en su calidad de tesorero de la UMP recibió la suma de 150.000 euros en efectivo para financiar la campaña presidencial de Nicolás Sarkozy”. La policía ha encontrado pruebas que parecen avalar esta acusación; en concreto, el registro deuna orden de retirada de fondos en fecha coincidente.
Woerth ha anunciado que presentará querella por calumnias, después de haberse defendido ferozmente de las acusaciones, el martes, en una entrevista emitida por el primer canal de la Televisión francesa (TF-1. El ministro bajo sospecha había soportado una tumultosa sesión de control del gobierno en la Asamblea Nacional, donde los diputados de la oposición socialista cuestionaron duramente su integridad moral y política. El presidente del grupo parlamentario, Jean-Marc Ayrault, denunció “un sistema que reposa sobre la indecente connivencia entre la política y los poderosos del dinero”. La réplica corrió a cargo del sucesor de Woerth en el Ministerio del Presupuesto, François Baroin, quien acusó a los socialistas de “hacer el juego a la extrema derecha”, lo que motivó que abandonaran el hemiciclo.
La puesta en escena del drama político parecía inevitable, una vez que el propio Presidente Sarkoy decidiera abandonar la discreción con la que había asistido a los iniciales desenvolvimientos del escándalo para defender públicamente a su ministro Woerth en términos tan inequívocos que lo comprementen a él, políticamente.
Sarkozy aseguró en Canadá, durante la cumbre económica internacional de finales del junio, que Woerth contaba con su confianza “totalmente, completamente”. Es misma semana, con la crisis ya aparentemente fuera de control, el Presidente ha elevado el tono al calificar las imputaciones de “calumnia que no tiene más que un solo objetivo, ensuciar sin especie alguna de realidad”.
No es baladí la apuesta del presidente de la República, ya que Woerth es hoy una de las figuras clave del actual gobierno, ya que, como Ministro de Trabajo, debe presentar, en la “rentrée”, el proyecto de reforma de las pensiones, probablente el dossier político más peligroso para el futuro político de Sarkozy. Decía LE MONDE esta semana que, pase lo que pase con el affaire Bethencourt, Eric Woerth era ya un ministro “fragilizado”. La mayoría, de momento, ha cerrado filas, sin fisuras perceptibles. Pero el “fuego lento” de previsibles nuevas revelaciones, conexiones y comentarios puede carbonizar a este ministro predilecto del Eliseo y abrir vías de agua en la estrategia presidencial. Algunos medios señalan ya indicios de movimiento entre los gaullistas de Villepin, enemigo declarado del presidente, y regresado a la escena política después de salir políticamente vivo del escándalo Clearstream.
La prensa francesa adopta un tono unánime de reproche por la actuación presidencial. Los afines, por considerar que Sarkozy ha exhibidio tardanza o falta de reflejos. El mordaz articulista Erik Izraelewicz, en LA TRIBUNE, compara su gestión de la crisis con el bochorno de la selección francesa de fútbol en el Mundial de Suráfrica, y le reclama que coja las riendas “para evitar que esta crisis de autoridad degenere en crisis de régimen”. Desde el diario católico de derechas LA CROIX se echa una mano al Presidente, preguntándose “de qué horizontes vienen las informaciones” y “a quién benefician las acusaciones”, pero admitiendo también que “la imagen del compromiso político no sale agrandada de este episodio”. Incluso el editorialista de LE FIGARO, habitualmente en buenos términos con el Eliseo, le pide más vigor al Presidente: “Si Nicolás Sarkozy quiere evitar la crisis de confianza que se perfila, debe hablar y hacer frente a los ataques”.
Por lo que parece, sus propios defensores en la prensa no creen suficiente sus intervenciones hasta el momento, quizás porque han detectado un cierto nerviosismo en la mayoría y un creciente clima de sospecha en la ciudadanía. Con un índice de popularidad hundido en el 33%, el riesgo de pasar del “hiper-presidente” al “infra-presidente” (en palabras del mencionado Izraelewicz) está ya instalado en las mentes de la derecha francesa.
AFGANISTÁN: UNA VICTORIA INCIERTA
1 de julio de 2010
Después del cambio en la cúpula militar norteamerica en Afganistán, la Casa Blanca confiaba en un nuevo impulso en el estado de ánimo. Pasada la euforia inicial por la rapidez y aparente brillantez de la fórmula elegida para salir del marasmo, lo cierto es que la cruda realidad sobre el terreno impone sus inquietantes perspectivas. Tres factores hacen muy complicado el éxito en Afganistán: la incierta victoria militar, la ausencia de un gobierno local estable y fiable y, finalmente, la persistencia de viejos conflictos étnicos y regionales.
¿VIETNAMIZACIÓN?
La primera de las condiciones para dar un giro positivo a la situación se vuelve cada día más problemática. A pesar de los crecientes recursos empleados, no se aprecia un cambio de tendencia en la dinámica militar. Que este mes de junio, con casi un centenar de muertos (exactamente, noventa y cinco), haya sido el más luctuoso para los aliados desde el comienzo de la guerra, hace casi nueve años, supone un elemento adicional de pesimismo y frustración. La OTAN ha tratado de compensar estas malas noticias con la publicación de estadísticas de tono más favorable. Más de un centenar de cabecillas talibanes habrían sido eliminados o capturados en los últimos cuatro meses, como resultado de la intensa campaña de las unidades especiales, el cuerpo del que procedía el defenestrado General McChrystal. El impacto de estas operaciones (cinco diarias, de media, contra objetivos permanente actualizados, preferente en el sur del país) habría provocado, según portavoces de la OTAN, que “algunos de sus líderes talibanes hayan comenzado a plantear la conveniencia de aceptar las ofertas de reconciliación” realizadas por el gobierno central. A pesar de que los talibanes han sido debilitados en su capacidad operativa, no terminan de consolidarse estas ganancias parciales o temporales. La operación de Marja, uno de los feudos insurgentes, es un caso significativo. La incapacidad del ejército afgano en tomar el relevo de la inicial ofensiva norteamericana ha hecho que los insurgentes hayan sido capaces de reconstruir sus posiciones en torno al lugar y de esta forma se encuentren en condiciones de dificultar y retrasar el proyectado asalto a Kandahar, que parece aplazarse definitivamente.
El incipiente ejército afgano se encuentra todavía lejos de convertirse en autosuficiente: depende en exceso de los tutores norteamericanos y occidentales, no cuenta con un liderazgo lúcido y competente y está sometido a las tensiones derivadas de las rivalidades políticas y tribales. Los potenciales integrantes de unas fuerzas armadas auténticamente nacionales se sienten más atraidos por los talibanes, que les ofrecen ganancias y recursos más cercanos e inmediatos. En Afganistán, el futuro no se mide en años, ni siquiera en semanas, sino en días. Por la exigencia máxima de sobrevivir.
Otro elemento que dificulta la consolidación de los éxitos militares occidentales es el aumento imparable de las victimas civiles afganas, como consecuencia de las operaciones diseñadas para reducir las bajas de soldados occidentales. Fuentes de inteligencia norte-americanas admiten que la población local sigue mostrando escasa simpatía cuando no abierta animadversión hacia las tropas extranjeras. Por todo ello, la inminente llegada de 30.000 soldados norteamericanos adicionales no constituyen garantía suficiente y cada vez son más los demócratas que presionan a favor de asegurar una estrategia y unos plazos de retirada escalonada.
UN GOBIERNO BAJO PERMANENTE SOSPECHA
El segundo factor que dificulta el éxito occidental es la descomposición del gobierno local. El ejecutivo de Hamid Karzai no es estable porque no es fiable y no es fiable porque no es estable. La corrupción es la norma, no la excepción. Como nadie confía en su capacidad para construir país, los que tienen capacidad de influencia aprovechan la coyuntura para enriquecerse y fortalecerse, por lo que pueda pasar. Las denuncias sobre casos de corrupción son continuas y extensas. La última, destapada esta semana por el WALL STREET JOURNAL, afecta al entorno más próximo al Presidente, como muchas de las anteriores más sonadas. Su inefable hermano y su vicepresidente estarían implicados en una trama que habría desviado y sacado del país más de 2 mil millones de euros provenientes de fondos recolectados por ong`s occidentales para la reconstrucción del país. La cantidad no es baladí, ya que sobrepasa el monto de impuestos y tasas aduaneras recolectados por el gobierno afgano.
REGRESO AL PASADO
Y el tercer factor desestabilizador es el recrudecimiento de las tensiones étnicas y tribales. Las denominadas minorías, es decir, los grupos étnicos no pastunes (tayikos, hazaras, uzbekos) contemplan con creciente desconfianza (según algunos observadores, con alarma) los contactos que el presidente Karzai y su círculo más estrecho mantienen con líderes talibanes (pastunes como él), bajo los auspicios de la cúpula militar de Pakistán. El jefe de las fuerzas armadas y el máximo responsable de los servicios de inteligencia de ese país se han involucrado directamente en las conversaciones en los últimos días, lo que evidenciaría el estado avanzado del proceso. El conocido periodista de guerra Dexter Filkins revela en el NEW YORK TIMES que los líderes tayikos, uzbekos y hazaras temen que se esté fraguando un pacto entre los pastunes del gobierno y los pastunes talibanes para repartirse en el poder. Cada día se perfila con más claridad la vuelta a la línea de fractura étnica que sumió a Afganistán en el caos, tras la retirada soviética, a mediados de los ochenta. El reciente cese de dos altos cargos relacionados con la seguridad, el jefe del Estado mayor y el jefe de los servicios de inteligencia, resultan muy significativos. Es cierto es que al primero Karzai lo convirtió en ministro del Interior, aparentemente una promoción política, pero en realidad una operación que neutraliza su capacidad operativa. Los dos dirigentes removidos son tayikos y fueron lugartenientes de Ahmed Massud, el líder histórico de la Alianza del Norte y feroz enemigo de los talibanes, eliminado por éstos dos días antes del atentado del 11 de septiembre. Los tayikos creen que Karzai está haciendo limpieza para evitar que las unidades militares de las etnias minoritarias pastunes estén en condiciones de rebelarse contra esta especie de conspiración pastún.
Desde el lado gubernamental, estas maniobras se presentan como la inevitable consecuencia del fracaso militar occidental. El cese del general McChrystal dejó a Karzai sin su principal aliado norteamericano y habría terminado de convencerlo de la necesidad de salvar su futuro y el de sus protegidos mediante un acuerdo honorable y productivo con los dirigentes talibanes que estén dispuestos a desahecerse de los elementos extranjeros de Al Qaeda. La administración Obama desconfía de esta iniciativa, pero no termina de desautorizarla, como una opción de reserva por si el aumento de la presión militar terminara resultando un fiasco.
Después del cambio en la cúpula militar norteamerica en Afganistán, la Casa Blanca confiaba en un nuevo impulso en el estado de ánimo. Pasada la euforia inicial por la rapidez y aparente brillantez de la fórmula elegida para salir del marasmo, lo cierto es que la cruda realidad sobre el terreno impone sus inquietantes perspectivas. Tres factores hacen muy complicado el éxito en Afganistán: la incierta victoria militar, la ausencia de un gobierno local estable y fiable y, finalmente, la persistencia de viejos conflictos étnicos y regionales.
¿VIETNAMIZACIÓN?
La primera de las condiciones para dar un giro positivo a la situación se vuelve cada día más problemática. A pesar de los crecientes recursos empleados, no se aprecia un cambio de tendencia en la dinámica militar. Que este mes de junio, con casi un centenar de muertos (exactamente, noventa y cinco), haya sido el más luctuoso para los aliados desde el comienzo de la guerra, hace casi nueve años, supone un elemento adicional de pesimismo y frustración. La OTAN ha tratado de compensar estas malas noticias con la publicación de estadísticas de tono más favorable. Más de un centenar de cabecillas talibanes habrían sido eliminados o capturados en los últimos cuatro meses, como resultado de la intensa campaña de las unidades especiales, el cuerpo del que procedía el defenestrado General McChrystal. El impacto de estas operaciones (cinco diarias, de media, contra objetivos permanente actualizados, preferente en el sur del país) habría provocado, según portavoces de la OTAN, que “algunos de sus líderes talibanes hayan comenzado a plantear la conveniencia de aceptar las ofertas de reconciliación” realizadas por el gobierno central. A pesar de que los talibanes han sido debilitados en su capacidad operativa, no terminan de consolidarse estas ganancias parciales o temporales. La operación de Marja, uno de los feudos insurgentes, es un caso significativo. La incapacidad del ejército afgano en tomar el relevo de la inicial ofensiva norteamericana ha hecho que los insurgentes hayan sido capaces de reconstruir sus posiciones en torno al lugar y de esta forma se encuentren en condiciones de dificultar y retrasar el proyectado asalto a Kandahar, que parece aplazarse definitivamente.
El incipiente ejército afgano se encuentra todavía lejos de convertirse en autosuficiente: depende en exceso de los tutores norteamericanos y occidentales, no cuenta con un liderazgo lúcido y competente y está sometido a las tensiones derivadas de las rivalidades políticas y tribales. Los potenciales integrantes de unas fuerzas armadas auténticamente nacionales se sienten más atraidos por los talibanes, que les ofrecen ganancias y recursos más cercanos e inmediatos. En Afganistán, el futuro no se mide en años, ni siquiera en semanas, sino en días. Por la exigencia máxima de sobrevivir.
Otro elemento que dificulta la consolidación de los éxitos militares occidentales es el aumento imparable de las victimas civiles afganas, como consecuencia de las operaciones diseñadas para reducir las bajas de soldados occidentales. Fuentes de inteligencia norte-americanas admiten que la población local sigue mostrando escasa simpatía cuando no abierta animadversión hacia las tropas extranjeras. Por todo ello, la inminente llegada de 30.000 soldados norteamericanos adicionales no constituyen garantía suficiente y cada vez son más los demócratas que presionan a favor de asegurar una estrategia y unos plazos de retirada escalonada.
UN GOBIERNO BAJO PERMANENTE SOSPECHA
El segundo factor que dificulta el éxito occidental es la descomposición del gobierno local. El ejecutivo de Hamid Karzai no es estable porque no es fiable y no es fiable porque no es estable. La corrupción es la norma, no la excepción. Como nadie confía en su capacidad para construir país, los que tienen capacidad de influencia aprovechan la coyuntura para enriquecerse y fortalecerse, por lo que pueda pasar. Las denuncias sobre casos de corrupción son continuas y extensas. La última, destapada esta semana por el WALL STREET JOURNAL, afecta al entorno más próximo al Presidente, como muchas de las anteriores más sonadas. Su inefable hermano y su vicepresidente estarían implicados en una trama que habría desviado y sacado del país más de 2 mil millones de euros provenientes de fondos recolectados por ong`s occidentales para la reconstrucción del país. La cantidad no es baladí, ya que sobrepasa el monto de impuestos y tasas aduaneras recolectados por el gobierno afgano.
REGRESO AL PASADO
Y el tercer factor desestabilizador es el recrudecimiento de las tensiones étnicas y tribales. Las denominadas minorías, es decir, los grupos étnicos no pastunes (tayikos, hazaras, uzbekos) contemplan con creciente desconfianza (según algunos observadores, con alarma) los contactos que el presidente Karzai y su círculo más estrecho mantienen con líderes talibanes (pastunes como él), bajo los auspicios de la cúpula militar de Pakistán. El jefe de las fuerzas armadas y el máximo responsable de los servicios de inteligencia de ese país se han involucrado directamente en las conversaciones en los últimos días, lo que evidenciaría el estado avanzado del proceso. El conocido periodista de guerra Dexter Filkins revela en el NEW YORK TIMES que los líderes tayikos, uzbekos y hazaras temen que se esté fraguando un pacto entre los pastunes del gobierno y los pastunes talibanes para repartirse en el poder. Cada día se perfila con más claridad la vuelta a la línea de fractura étnica que sumió a Afganistán en el caos, tras la retirada soviética, a mediados de los ochenta. El reciente cese de dos altos cargos relacionados con la seguridad, el jefe del Estado mayor y el jefe de los servicios de inteligencia, resultan muy significativos. Es cierto es que al primero Karzai lo convirtió en ministro del Interior, aparentemente una promoción política, pero en realidad una operación que neutraliza su capacidad operativa. Los dos dirigentes removidos son tayikos y fueron lugartenientes de Ahmed Massud, el líder histórico de la Alianza del Norte y feroz enemigo de los talibanes, eliminado por éstos dos días antes del atentado del 11 de septiembre. Los tayikos creen que Karzai está haciendo limpieza para evitar que las unidades militares de las etnias minoritarias pastunes estén en condiciones de rebelarse contra esta especie de conspiración pastún.
Desde el lado gubernamental, estas maniobras se presentan como la inevitable consecuencia del fracaso militar occidental. El cese del general McChrystal dejó a Karzai sin su principal aliado norteamericano y habría terminado de convencerlo de la necesidad de salvar su futuro y el de sus protegidos mediante un acuerdo honorable y productivo con los dirigentes talibanes que estén dispuestos a desahecerse de los elementos extranjeros de Al Qaeda. La administración Obama desconfía de esta iniciativa, pero no termina de desautorizarla, como una opción de reserva por si el aumento de la presión militar terminara resultando un fiasco.
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