22 de Agosto de 2014
La
decapitación televisada de un periodista norteamericano por un combatiente del
sedicente 'Califato' sirio-iraquí ha reavivado una polémica sorda sobre los
secuestros de grupos terroristas y la conveniencia de pagar o no rescate para
salvar a los rehenes.
James
Foley era un periodista 'freelance' perteneciente a esa familia de
profesionales peligrosamente atraídos por los conflictos bélicos, hasta el
punto de sólo sentirse a gusto con su trabajo en condiciones extremadamente
hostiles. Ejerció su trabajo en Libia y luego en Siria, estuvo a punto de
resultar gravemente herido en este último país, a donde, sin embargo, regresó,
en esta ocasión para ser secuestrado (hace 21 meses) por el ISIS (ahora EI) y
finalmente ser asesinado de manera ignominiosa.
Las
razones por la que el EI ha asesinado a Foley están sometidas a debate. Sus
propios verdugos aseguran que se trata de la respuesta a los recientes bombardeos
norteamericanos en Irak, que han invertido la tendencia bélica, desde hace
meses favorable a los 'yihadistas'. Sin embargo, es obvio que hay
motivaciones económicas. Los jefes del Califato habían pedido, al parecer, 100
millones de dólares (una cantidad exorbitante) por la entrega de Foley, además
de la liberación de combatientes suyos prisioneros. Al no recibir una respuesta
satisfactoria, habrían cumplido su terrible amenaza.
¿PAGAR
ES AYUDAR AL TERRORISMO?
¿Era
una exigencia realista por parte del EI? ¿O puro ardid propagandístico? Es
públicamente conocida la política norteamericana de no pagar rescate por los
rehenes. Sólo Gran Bretaña secunda a los norteamericanos en esta posición de
aparente firmeza frente al terrorismo. Hace unas semanas, un trabajo de
investigación en el NEW YORK TIMES (1) reveló con datos sustanciosos lo que más
o menos se sabía: que los gobiernos europeos preferían pagar discretamente los
rescates, antes de recuperar a sus conciudadanos en bolsas funerarias. Se
estima que los grupos yihadistas habrían percibido entre 125 y 165 millones de
dólares por este concepto en los últimos cinco años. Los rescates empezaron a
valorarse en cientos de miles de dólares, pero ya se satisfacen en millones (2).
La
discrepancia no obedece a distintas consideraciones morales ni a estrategias
diferenciadas en la lucha contra el denominado 'terrorismo islámico', sino a
presiones de la opinión pública y a los efectos internos que las decisiones concretas
puedan comportar.
Algunos
especialistas (3) sugieren que, en realidad, Washington y Londres son más
coherente que sus aliados europeos, ya que se han aprobado normativas jurídicas
que criminalizan la entrega de dinero a terroristas, bajo cualquier forma, y declaraciones
conjuntas en las que se rechaza explícitamente el pago de rescates.
Así,
por ejemplo, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 2133, por
la cual se insta a los estados miembros a impedir que los terroristas puedan
beneficiarse del cobro de rescates. Y el G-8, el selecto club de las
principales potencias económicas mundiales, en su última reunión, advirtió que el
pago de rescates favorece el "reclutamiento de terroristas", alimenta
la inestabilidad, incentiva la realización de más secuestros y aumenta la
vulnerabilidad de los potenciales objetivos.
No
obstante, estos solemnes posicionamientos, hay pruebas suficientes de que los
gobiernos de París, Berlín, Madrid y Roma, aunque lo nieguen, habrían vulnerado
sus propios compromisos. Los defensores del rechazo a pagar argumentan que al
hacerlo, los gobiernos 'débiles' no sólo incrementan los recursos de los
secuestradores; también elevan el riesgo de los ciudadanos de países 'firmes',
porque obligan a los terroristas a demostrar su credibilidad.
En
realidad, este debate ya se suscitaba en los tiempos de 'terrorismo interno
o local'. Los gobiernos solían asegurar que no pagaban rescates, pero se mostraban
tolerantes o hacían la vista gorda
cuando los particulares pagaban para recuperar a sus seres queridos.
CUESTIÓN
DE PRIORIDADES
En
realidad, la cuestión es mucho más compleja. Estados Unidos, con independencia
de las consideración políticas legítimas que pueda hacer sobre la respuesta más
adecuada al chantaje de un secuestro, adoptó en 2001, después de los atentados
de Al Qaeda, una legislación antiterrorista muy estricta, que incluía medidas
enormemente agresivas sobre la el sustento de las organizaciones 'yihadistas'
y sus fuentes de financiación. Washington promovió la creación de un organismo
denominado Financial Action Task Force, con el propósito de rastrear el
mínimo movimiento de dinero que pudiera servir para financiar la actividad
terrorista en cualquiera de sus niveles e imponer duras sanciones a quienes
directa o indirectamente las favorecieran o toleraran.
La
normativa generada por este grupo sabueso ha sido empleada por Washington para
perseguir a países como Irán, Corea del Norte o Rusia, pero naturalmente se ha
abstenido de hacer lo propio con Francia, Alemania o España, por ejemplo, por
razones obvias. Otra cosa es que las autoridades norteamericanas no pierdan la
ocasión de recordar a sus aliados europeos que deben cumplir estas normas y no
dejan intimidarse por el chantaje terrorista.
En
el caso de Foley, el presidente Obama no se ha limitado a responder con firmeza
e ignorar el órdago del 'Califato'. Se ha sabido, con gran disgusto de
los responsables de seguridad, que la Casa Blanca autorizó una operación encubierta
de unidades militares de élite para intentar rescatar a Foley y otros rehenes
en Siria, con resultado fallido. La legalidad de estas actuaciones militares en
territorio extranjero es también dudosa, pero las razones de orden político han
ahogado las renuencias de los juristas o de organizaciones socio-políticas más
escrupulosas. Por no hablar de la propia
operación militar norteamericana, que por muchos apoyos políticos que concite,
carece de un respaldo jurídico expreso. Y es que no son consideraciones
jurídicas o morales las que presiden las actuaciones de los máximos
responsables políticos en estos casos, sino la fortaleza de las oportunidades
políticas, la sensibilidad de las opiniones públicas y el balance, en cada
caso, de las habituales tensiones entre libertad y seguridad.
Para
Obama podría resultan tan devastador que se supiera -algo al cabo inevitable-
que se hubiera pagado el rescate de Foley y de otros rehenes ya amenazados
directamente por los verdugos del EI, como para Hollande, Merkel o Rajoy
realizar una exhibición de firmeza y arriesgarse a que las sucursales de Al
Qaeda en el Sahel decapitara a ciudadanos franceses, alemanes o españoles. Cameron
no lo hizo y tuvo que recibir el cuerpo sin vida de un conciudadano asesinado
en Mali.
(1) RUKMINI CALLIMACHI. "Paying
ransoms, Europe bankrolls Qaeda terror". NEW YORK TIMES, 29 de Julio de
2014.
(2) La cifra más baja la proporciona el propio
Callimachi, mientras que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos cree que
es demasiado conservadora y asegura que la cantidad es mayor.
(3) TOM KEATINGE. "The price
of freedom. Why the Governments pay ramsons". FOREIGN AFFAIRS, 13 de
Agosto de 2014.
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