ISRAEL: ¿ESTADO ‘ADOLESCENTE’ O ESTADO CÍNICO?

11 de Diciembre de 2014

                

La derecha israelí quiere cambiar la naturaleza de su Estado. El Parlamento (Knesset) que salga de las elecciones del próximo marzo deberá pronunciarse sobre un proyecto de ley controvertido, peligroso y discriminatorio.

               

  Si el proyecto sale adelante, Israel no será ya un Estado “judío y democrático”, como hasta ahora, sino el “Estado nacional del pueblo judío”. Es decir, se trata de identificar Estado y Nación, lo que implica consagrar legalmente una discriminación de hecho a los ciudadanos no judíos que viven en Israel. Por si hubiera alguna duda de esta intención, el proyecto de ley contempla la eliminación del árabe como segunda lengua oficial del país.

                

No hacía falta una iniciativa excluyente como ésta para incluir a Israel en la categoría de Estados que discriminan a parte de su población. La discriminación es un hecho palpable ya desde hace tiempo, pero resulta escandalosa desde hace un par de décadas. Los árabes, un 20% de los habitantes de Israel, disfrutan de menos y peores servicios que los judíos, y sólo hay que echar una ojeada a los presupuestos para comprobarlo. Como escribía recientemente un ciudadano árabe-israelí ahora residente en Estados Unidos, desde la creación del Estado de Israel han sido levantadas unos 700 colonias judías y ni una sola árabe. Los árabes tienen vetado el acceso a vivienda en el 80% del territorio israelí (1).

                

La discriminación tiene otros perfiles menos evidentes pero igualmente dolorosos: en salud, en acceso a recursos hídricos, en educación, en cultura. Las propias organizaciones de derechos humanos israelíes, gestionadas por judíos, han venido denunciado el deterioro de las condiciones de vida de los árabes israelíes.

                

LAS CLAVES DE LA “JUDAIZACIÓN”

La gran pregunta es por qué ahora esta iniciativa. No se trata de un impulso ideológico, ni de corregir una “deficiencia” de origen. Jabotinski, el fundador del Likud, el gran partido de la derecha israelí se pronunció a finales de los cincuenta en contra de introducir en las constituciones de los Estados cláusulas específicas que determinaran su carácter “nacional”.

                

Por lo demás, Israel es un Estado “judío” desde que la Asamblea General de la ONU decidiera la partición de Palestina, en noviembre de 1947, para que se crearan en su territorio dos Estados, uno “judío” y otro “árabe”.  Esta decisión fue trasladada a la Declaración de Independencia de Israel, aunque, ciertamente, ésta nunca adquirió el rango de ley. Pero el desarrollo legislativo del nuevo Estado ha tenido en consideración esta realidad desde un principio y como tal se contempla en el ordenamiento jurídico básico de  Israel: Ley del Retorno, Ley de Ciudadanía (1952), Ley de la Libertad de Ocupación (1992) o Ley de Dignidad y Libertad (1994) como señala el analista judío  David Aaron Miller (2).

               

Por lo tanto, no se trata de llenar un vacío legal, sino de realizar una afirmación política y estratégica, si como tal se entiende la voluntad de blindar para una comunidad el gobierno y la administración de un territorio plural. Dos son las claves a tener en cuenta para comprender las motivaciones de la derecha israelí: la evolución demográfica y la perspectiva de creación del Estado de Palestina (con todos las limitaciones y amputaciones territoriales que pudieran consolidarse en su día).

                

La población judía pierde peso relativo con respecto a la árabe, a pesar de todos los esfuerzos de atracción de comunidades externas. Israel ya no es, desde hace mucho, un lugar atractivo para los “judíos errantes”. La oleada inmigratoria procedente de la desaparecida Unión Soviética y países satélites se ha agotado. Algunos ensayos, como el de los judíos etíopes, resultaron de escaso impacto demográfico. Nacen más árabes que judíos dentro del propio territorio reconocido de Israel. Y en los territorios ocupados (Cisjordania), qué decir, La colonización forzosa no puede distorsionar semejante realidad.

               

 Lo que la derecha israelí teme es que si pierde el control sobre el proceso de paz con Palestina, se termine planteando de nuevo el “derecho al retorno” de los ciudadanos árabes (palestinos) expulsados o exiliados desde 1948. Israel nunca ha aceptado ese principio, pero la comunidad internacional si, aunque siempre ha quedado postergado a la fase final de un acuerdo de paz definitivo.

                

El primer ministro israelí, Benyamin Netanyahyu, ha aludido específicamente a esta cuestión en alguna de las ocasiones en que ha defendido este cambio constitucional. Son muchos, seguramente mayoría, los israelíes que establecen como condición previa para aceptar a Palestina como Estado independiente que los palestinos acepten la existencia de Israel como “Estado de la Nación judía”. Lo que, inevitablemente, significaría su renuncia al derecho a regresar a lugar donde nacieron o vivieron antes de la expulsión o el exilio.

               

Se trata, por tanto, de una cuestión de blindaje que, por su propia naturaleza, levanta nuevos obstáculos al proceso de paz, ya que lo subvierte y lo contamina gravemente.

               

¿UNA MAYORÍA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN?

                

Los críticos con la ley se encuentran fundamentalmente en la izquierda, pero también en sectores moderados (3). Shimon Peres ha dicho que el proyecto de ley “perjudica al país dentro y fuera de sus fronteras y erosiona los principios del Estado de Israel”. También el actual jefe del Estado combate a la iniciativa. Como están haciendo las organizaciones cívicas de defensa de los derechos humanos e incluso muchos sectores de la diáspora judía.

También se han opuesto los partidos centristas  de la coalición de gobierno que acaba de hacer crisis, entre otras cosas por este motivo. Líderes como Tzipi Livni (del partido Hatnua) o Yair Lapid (Yesh Atid)  votaron en contra del proyecto cuando se discutió en el Gobierno. Netanyahu aprovechó estas discordancias para dar por terminada la coalición, disolver la Knesset y convocar elecciones anticipadas. El primer ministro espera sacar ventaja de la crisis y agrupar a los partidos de la derecha más radical (Israel Beitenu, del extremista Libermann, y el Hogar Judío, de Bennet) en una nueva coalición. Pero necesitará atraerse también a los partidos de los ultraortodoxos religiosos, que suelen desconfiar del liderazgo de Netanyahu.

La alternativa es incierta, debido a la debilidad del Partido Laborista y la escasa fuerza del resto de las formaciones de izquierda. La sociedad israelí se ha hecho más y más conservadora en los últimos años. Los elementos religiosos y populistas han cobrado mucho ímpetu. No hay un proyecto progresista que parezca concitar un apoyo mayoritario en Israel. Es improbable que Livni y Lapid se unan a los laboristas en un gobierno, aunque todos ellos apoyen el proceso de paz con los palestinos. 

En distintos comentarios y análisis, el diario norteamericano THE NEW YORK TIMES, habitual defensor de los intereses judíos, ha calificado irónicamente el proyecto de ley de judaización del Estado de Israel como “adolescente” (por la pretendida búsqueda  de la identidad), pero también como “cínico”, por los cálculos políticos que lo motivan. Está por ver si una iniciativa tan aberrante y peligrosa pueden alentar la formación de una nueva mayoría más sensata y responsable en Israel.

(1) “A country that never wanted me”. SAYED KASHUA. FOREING POLICY, 3 de diciembre.

(2) “One nation divided under law”. FOREING POLICY, 5 de diciembre.

(3) El diario HAARETZ, cuya línea editorial es próxima a la izquierda moderada, presentó el pasado 1 de diciembre una síntesis de opiniones contrarias al proyecto de Ley en cuestión.