21 de mayo de 2009
En las elecciones de la India, las más prolongadas del mundo (un mes de proceso electoral), el partido del Congreso no sólo ha revalidado su victoria relativa de 2004, sino que la ha reforzado y consolidado espectacularmente: le han faltado una veintena escaños para obtener la mayoría absoluta en el Parlamento federal.
El éxito adquiere una especial valía política por varias razones. En primer lugar, porque los pronósticos indicaban un resultado bien diferente (debilitamiento del Congreso y crecimiento de los partidos regionalistas y particularistas). Por otro lado, aunque la crisis económica no había golpeado al país con la misma virulencia que a las grandes potencias capitalistas, lo cierto es que el índice de crecimiento se había ralentizado notablemente, hasta el punto de poner en riesgo la consolidación de India como economía emergente. Y, finalmente, porque los atentados de Bombay habían reavivado un clima de miedo y de hostilidad hacia los musulmanes, perjudicial para el proyecto integrador que el Congreso ha representado con mayor o menor coherencia.
Los augurios han resultado fallidos. Todo indica que en el ánimo de la mayoría de los 700 millones de electorales han pesado mucho más los logros que los fracasos y que el Congreso confirma su rol de intérprete supremo de la voluntad popular. Una gran parte del mérito hay que atribuírselo, por supuesto, al primer ministro, Manmohan Singh, quien, a comienzos de los noventa, como Ministro de Economía, diseñó la apertura y liberalización de la economía india. Es un hombre prudente, desprovisto del carisma tan apreciado por las masas indias y ajeno a cualquier ambición personal.
India ha aprovechado con inteligencia el ciclo expansivo mundial para confirmar la salud de su economía. Si China ha utilizado sus ventajas estructurales para convertirse en el “gran taller del planeta”, India ha consolidado su posición como “oficina trasera del mundo”. El liderazgo global de su sector informático y telemático no admite discusión. Más de doscientos millones de indios han salido de la pobreza máxima durante estas casi dos décadas, aunque otros trescientos millones esperan.
Pero la competencia de Singh no se ha limitado al aspecto técnico, sino también al que menos se esperaba: el político. Lo ha demostrado tanto en la difícil gestión de la coalición que ha sostenido su gobierno estos años, como en la respuesta moderada y responsable que ha dado a la amenaza terrorista. Con una combinación de habilidad y firmeza, desmontó las posiciones intransigentes, radicales y hasta xenófobas de la oposición nacionalista y puso en evidencia a su líder, el octogenario Advani.
Pero Singh comparte el éxito político con quien realmente sigue detentando la legitimidad del liderazgo político: la familia Gandhi. Los sucesores de Nehru, su hija Indira y su nieto Rajiv, representaron perfiles muy diferentes. Ella, animal político y fiel heredera del proyecto nacional. Él, líder reticente y casi a la fuerza, terminó asumiendo el veredicto del destino. Ambos fueron asesinados. Los noventa contemplaron la modernización económica de la India, pero también la crisis del partido del Congreso, arruinado por los casos de corrupción y el débil liderazgo ocasional de Narashima Rao.
La viuda de Rajiv, Sonia, italiana y católica, dio pistas inequívocas sobre su voluntad de poner fin a la dinastía, para preservar el futuro de sus hijos. En realidad, ocurrió todo lo contrario. Sonia convirtió su debilidad en fortaleza. Su protagonismo y el de sus hijos resultó fundamental para que el Congreso triunfara en las elecciones de 2004, si bien con una minoría exigua. La reticente viuda tomó entonces decisiones que explican en gran medida lo ocurrido ahora. Primero, demostró que no tenía ambición de poder, al encargar a Singh la jefatura del gobierno. Segundo, preservó a su primogénito Rahul (entonces, con 34 años) de la batalla política cotidiana. Sonia se reservó la administración de la herencia, tuteló la maduración política de su hijo y asumió que no podía escapar al destino que le reservaba la India.
Esa estrategia se materializa ahora en la responsabilidad de afrontar los desafíos abrumadores que aguardan al nuevo gobierno. El partido de Nehru, de Indira, en menor medida de Rajiv, se convierte, ya sin reservas ni dudas, en el partido de Sonia, de Rahul, a quien Singh seguramente incluirá en su nuevo gobierno, con vistas a su proyección definitiva.
Pero ante todo, el Congreso revalida su condición de depositario del alma de la nación. El éxito electoral confirma que la India desea seguir su propia vía, sus propios ritmos, que no renuncia al sueño fundador de Gandhi. Que no le gusta recibir lecciones de eficacia de Occidente. Este profundo sentido nacional no es, sin embargo, incompatible con el instinto de modernización que encarnan los herederos más occidentalizados de la dinastía.
La prensa internacional se hace eco de las preocupaciones de las cancillerías. Reclaman a Sonia y a Rahul que no se olviden de las responsabilidades regionales de la India. Que favorezcan la reconciliación con Pakistán, facilitando un acuerdo sobre Cachemira. Washington está ansioso por hacer entender a la casta militar pakistaní que la amenaza no es India sino sus protegidos pastunes radicales de la frontera noroccidental y sus cómplices integristas afganos. Se le pide también que ayuden al superar el trauma de la destrucción de la guerrilla tamil en la vecina Sri Lanka. Se le exige que abra aún más su economía y la integre con más solidez en la globalización, a pesar de la crisis.
Pero el verdadero reto, es el que más importa a la India, es superar la pobreza endémica, acabar con la esclavitud doméstica –pública y privada- de sus mujeres, formar a sus jóvenes para que no sigan buscando en Occidente la prosperidad que resulta tan difícil encontrar en su país, abolir en la práctica el odioso sistema de castas, solventar las tensiones étnicas, construir un perfil de potencia basada en la sostenibilidad y no en delirios mesiánicos de de raza o religión.
Por muchas razones, India -y no necesariamente China- puede ser la gran potencia mundial de la segunda mitad del siglo XXI. Si eso ocurre, seguramente no será un Gandhi el encargado de gestionar ese esplendor. Ese sería el último éxito de la dinastía.
PAKISTAN: EL HUEVO DE LA SERPIENTE
14 de mayo de 2009
Las operaciones militares del Ejército de Pakistán contra los talibán locales en las regiones del noroeste del país han ocasionado mucho sufrimiento humano, pero es dudoso que hayan tenido utilidad alguna en la estabilización del país. La coincidencia del inicio de la ofensiva militar con la estancia en Washington del presidente Zardari resulta demasiado obvia La Casa Blanca y su equipo de enviados de estas semanas, diplomáticos y uniformados, habían presionado sonoramente en Islamabad para que se produjera una acción contundente.
El nerviosismo en la nueva Administración es palpable y nadie lo disimula. El escenario siquiera hipotético del único país musulmán dotado de armamento nuclear cayendo en manos de un gobierno marcadamente integrista es simplemente insoportable para Occidente. El relevo del jefe militar en Afganistán es el último ejemplo de que el frente AFPAK es la mayor preocupación internacional de Obama.
El avance de las fuerzas supuestamente aliadas de los taliban afganos y de Al Qaeda se juzgan ya inaceptables. Exasperados por la ausencia de resultados por parte del Ejército pakistaní, los hombres de Obama decidieron intensificar los bombardeos de posiciones integristas a cargo de los Predator, aviones pilotados a distancia. Los militares norteamericanos exhiben una larga lista de taliban y de supuestos dirigentes de Al Qaeda que habrían sido eliminados en estos bombardeos. Pero muchos de ellos han sido reemplazados. Lo que es peor: los daños colaterales han sido más altos de lo calculado y han desencadenado la ira de las poblaciones locales.
El enviado especial de LE MONDE en el valle del Swat ha recogido entre los desplazados testimonios de muy distinto tenor sobre este mini-reino fundamentalista que ahora se pretende erradicar: desde los que denunciaban sus amenazas y extorsiones para consolidar su base de poder hasta los que afirman que los talibán eran sensibles a las necesidades y preocupaciones de los más pobres.
El rechazo creciente de la estrategia norteamericana en el país esta siendo hábilmente explotado por los combatientes islámicos radicales, según admiten fuentes de inteligencia estadounidenses citadas hace unos días por el NEW YORK TIMES. Sabrina Tavernese contaba recientemente cómo las madrazas integristas proliferaban en lugares hasta ahora alejados de la influencia integrista, como el Punjab.
La frustración de la actual administración tiene difícil alivio. A pesar de las declaraciones conciliadoras que han coronado los recientes encuentros en la Casa Blanca, lo cierto es que casi nadie en Washington confía en Zardari, no porque se crea que el viudo de Bhutto trata de engañar a propósito, sino porque se es consciente de su extrema debilidad política y de su trayectoria oportunista y difícilmente fiable.
Esta desconfianza inquieta a los intelectuales pakistaníes que creen ver a su país al borde del caos. Su portavoz más conocido es el periodista Ahmed Rashid. En el WASHINGTON POST, suplicaba al Congreso que no obstaculizara ni retrasara la liberación de fondos destinados al Ejército (para dotarse de medios de lucha contrainsurgentes) y al Gobierno (para que contribuya a estabilizar la economía de Pakistán), porque estima que la situación se deteriora velozmente y la desestabilización del país es más que un peligro cierto.
Rashid admite que los legisladores exijan ciertas garantías y, como feroz crítico del Ejército y de los servicios secretos de su país que es, reconoce que parte de la ayuda estadounidense entregada en los últimos años no fue destinada a la lucha contra el terrorismo jihadista, sino a fortalecer un arsenal pensado para combatir a la India.
Al Ejército de Pakistán le resulta muy duro retirar a sus mejores efectivos de la frontera oriental, donde afrontan la permanente alarma de una potencial confrontación con la India, para concentrarlos justo al otro lado del país, en la porosa región fronteriza del noroeste en la que se encuentran los nutrientes de la resistencia islámica.
Washington se encuentra hoy con un problema –con una pesadilla- que es, en gran medida, creación suya. Como, de otra manera, ocurrió en Irak con Saddan Hussein. Esos combatientes jihadistas de hoy son herederos de una cultura establecida a comienzos de los ochenta, cuando la Norteamérica de Reagan selló con el Pakistán del general Zia Ul Haq la creación, financiación, entrenamiento y aprovisionamiento logístico y armamentístico de la resistencia antisoviética en Afganistán.
A los ultras de Washington de aquellos años no les importó el sesgo marcadamente integrista que fueron adoptando buena parte de los muyaidines, su escaso respeto por los derechos humanos y por la libertad. El gran cómplice de la administración Reagan en esa estrategia de desgaste, a toda costa, del Ejército Rojo fue el presidente golpista de Pakistán. El general Zia Ul Haq era el Pinochet pakistaní. Ali Bhutto, el padre de Benazzir, lo nombró porque lo creía fiel e inofensivo y terminó derrocándolo y ejecutándolo.
Zia impuso la Ley Marcial para amparar un régimen represivo terrible. Aplicó la sharia en numerosas instancias judiciales, sociales y culturales del país. Llenó Pakistán de intransigentes madrazas coránicas y protegió sin disimulo a los elementos más radicales de la resistencia afgana. Hasta su muerte (¿asesinato?) en 1988, al estrellarse el helicóptero en que viajaba, Zia completó un mandato siniestro.
Veinte años después, su legado sigue dominando las mentes y comportamientos del instituto armado pakistaní, el único poder real del país, y no sólo por su capacidad de imponer la agenda política, sino por su fortaleza económica. El Ejército de Pakistán es un auténtico Estado dentro del Estado, por no decir que es el Estado mismo, o su interprete único e implacable. Su servicio secreto, el SIS pone y quita veto a presidentes y gobiernos, jefes del Ejército o de la policía.
Después de los atentados del 11-S, los militares pakistaníes no pudieron oponerse al derrocamiento de los estudiantes islámicos, por haberse convertido en anfitriones de Bin Laden. Pero todo indica que colaboraron en su recuperación y en la contraofensiva talibán en Afganistán, durante el segundo mandato de Bush, a medida que el Pentágono se enfangaba en Irak. Es muy difícil desbaratar una estrategia alimentada durante toda una generación. A los estrategas norteamericanos no les importaba lo más mínimo armar hasta los dientes a esta dudosa clientela. Y, de paso, reforzar a esos militares pakistaníes a quienes hoy reprochan que no acaben con las criaturas a que les habían encargado nutrir y desarrollar.
Las operaciones militares del Ejército de Pakistán contra los talibán locales en las regiones del noroeste del país han ocasionado mucho sufrimiento humano, pero es dudoso que hayan tenido utilidad alguna en la estabilización del país. La coincidencia del inicio de la ofensiva militar con la estancia en Washington del presidente Zardari resulta demasiado obvia La Casa Blanca y su equipo de enviados de estas semanas, diplomáticos y uniformados, habían presionado sonoramente en Islamabad para que se produjera una acción contundente.
El nerviosismo en la nueva Administración es palpable y nadie lo disimula. El escenario siquiera hipotético del único país musulmán dotado de armamento nuclear cayendo en manos de un gobierno marcadamente integrista es simplemente insoportable para Occidente. El relevo del jefe militar en Afganistán es el último ejemplo de que el frente AFPAK es la mayor preocupación internacional de Obama.
El avance de las fuerzas supuestamente aliadas de los taliban afganos y de Al Qaeda se juzgan ya inaceptables. Exasperados por la ausencia de resultados por parte del Ejército pakistaní, los hombres de Obama decidieron intensificar los bombardeos de posiciones integristas a cargo de los Predator, aviones pilotados a distancia. Los militares norteamericanos exhiben una larga lista de taliban y de supuestos dirigentes de Al Qaeda que habrían sido eliminados en estos bombardeos. Pero muchos de ellos han sido reemplazados. Lo que es peor: los daños colaterales han sido más altos de lo calculado y han desencadenado la ira de las poblaciones locales.
El enviado especial de LE MONDE en el valle del Swat ha recogido entre los desplazados testimonios de muy distinto tenor sobre este mini-reino fundamentalista que ahora se pretende erradicar: desde los que denunciaban sus amenazas y extorsiones para consolidar su base de poder hasta los que afirman que los talibán eran sensibles a las necesidades y preocupaciones de los más pobres.
El rechazo creciente de la estrategia norteamericana en el país esta siendo hábilmente explotado por los combatientes islámicos radicales, según admiten fuentes de inteligencia estadounidenses citadas hace unos días por el NEW YORK TIMES. Sabrina Tavernese contaba recientemente cómo las madrazas integristas proliferaban en lugares hasta ahora alejados de la influencia integrista, como el Punjab.
La frustración de la actual administración tiene difícil alivio. A pesar de las declaraciones conciliadoras que han coronado los recientes encuentros en la Casa Blanca, lo cierto es que casi nadie en Washington confía en Zardari, no porque se crea que el viudo de Bhutto trata de engañar a propósito, sino porque se es consciente de su extrema debilidad política y de su trayectoria oportunista y difícilmente fiable.
Esta desconfianza inquieta a los intelectuales pakistaníes que creen ver a su país al borde del caos. Su portavoz más conocido es el periodista Ahmed Rashid. En el WASHINGTON POST, suplicaba al Congreso que no obstaculizara ni retrasara la liberación de fondos destinados al Ejército (para dotarse de medios de lucha contrainsurgentes) y al Gobierno (para que contribuya a estabilizar la economía de Pakistán), porque estima que la situación se deteriora velozmente y la desestabilización del país es más que un peligro cierto.
Rashid admite que los legisladores exijan ciertas garantías y, como feroz crítico del Ejército y de los servicios secretos de su país que es, reconoce que parte de la ayuda estadounidense entregada en los últimos años no fue destinada a la lucha contra el terrorismo jihadista, sino a fortalecer un arsenal pensado para combatir a la India.
Al Ejército de Pakistán le resulta muy duro retirar a sus mejores efectivos de la frontera oriental, donde afrontan la permanente alarma de una potencial confrontación con la India, para concentrarlos justo al otro lado del país, en la porosa región fronteriza del noroeste en la que se encuentran los nutrientes de la resistencia islámica.
Washington se encuentra hoy con un problema –con una pesadilla- que es, en gran medida, creación suya. Como, de otra manera, ocurrió en Irak con Saddan Hussein. Esos combatientes jihadistas de hoy son herederos de una cultura establecida a comienzos de los ochenta, cuando la Norteamérica de Reagan selló con el Pakistán del general Zia Ul Haq la creación, financiación, entrenamiento y aprovisionamiento logístico y armamentístico de la resistencia antisoviética en Afganistán.
A los ultras de Washington de aquellos años no les importó el sesgo marcadamente integrista que fueron adoptando buena parte de los muyaidines, su escaso respeto por los derechos humanos y por la libertad. El gran cómplice de la administración Reagan en esa estrategia de desgaste, a toda costa, del Ejército Rojo fue el presidente golpista de Pakistán. El general Zia Ul Haq era el Pinochet pakistaní. Ali Bhutto, el padre de Benazzir, lo nombró porque lo creía fiel e inofensivo y terminó derrocándolo y ejecutándolo.
Zia impuso la Ley Marcial para amparar un régimen represivo terrible. Aplicó la sharia en numerosas instancias judiciales, sociales y culturales del país. Llenó Pakistán de intransigentes madrazas coránicas y protegió sin disimulo a los elementos más radicales de la resistencia afgana. Hasta su muerte (¿asesinato?) en 1988, al estrellarse el helicóptero en que viajaba, Zia completó un mandato siniestro.
Veinte años después, su legado sigue dominando las mentes y comportamientos del instituto armado pakistaní, el único poder real del país, y no sólo por su capacidad de imponer la agenda política, sino por su fortaleza económica. El Ejército de Pakistán es un auténtico Estado dentro del Estado, por no decir que es el Estado mismo, o su interprete único e implacable. Su servicio secreto, el SIS pone y quita veto a presidentes y gobiernos, jefes del Ejército o de la policía.
Después de los atentados del 11-S, los militares pakistaníes no pudieron oponerse al derrocamiento de los estudiantes islámicos, por haberse convertido en anfitriones de Bin Laden. Pero todo indica que colaboraron en su recuperación y en la contraofensiva talibán en Afganistán, durante el segundo mandato de Bush, a medida que el Pentágono se enfangaba en Irak. Es muy difícil desbaratar una estrategia alimentada durante toda una generación. A los estrategas norteamericanos no les importaba lo más mínimo armar hasta los dientes a esta dudosa clientela. Y, de paso, reforzar a esos militares pakistaníes a quienes hoy reprochan que no acaben con las criaturas a que les habían encargado nutrir y desarrollar.
LA GRIPE COMO SÍNTOMA
8 de Mayo de 2009
La epidemia de gripe N1H1 ha puesto de manifiesto la complejidad de los problemas y asuntos pendientes en las relaciones entre México y los Estados Unidos y las enormes dificultades con que tropieza su resolución.
La gestión de la emergencia sanitaria no ha ayudado precisamente a establecer un clima de serenidad. El pánico ante una amenaza desbocada, el mejorable manejo de la información por parte de las autoridades mexicanas, el fermento destructor de la crisis económica y una cobertura mediática que no ha podido evitar el alarmismo han favorecido la aparición de actitudes y comportamientos racistas y xenófobos al norte de Río Grande.
Algunos casos han sido especialmente llamativos como el que cuenta el diario mexicano EL UNIVERSAL. Betsy Perry, asesora comercial y amiga personal del alcalde de Nueva York, Michel Bloomberg, escribió en su blog que “entre armas, drogas, secuestros y la gripe porcina, este pobre país no puede darse ni siquiera un respiro, y tal vez no deba hacerlo". Y exigía a las autoridades mexicanas que controlaran a sus “banditos” (sic). Medios de comunicación mejicanos e hispanos de Estados Unidos aventaron su indignación y Perry se vió obligada a dimitir.
Otros comentarios descalificatorios y despectivos que vinculaban el peligro de extensión de la epidemia con los inmigrantes ilegales por sus dificultades para recibir tratamiento sanitario han sido especialmente insidiosos.
Por su intensidad emocional, la gripe puede perjudicar las relaciones bilaterales precisamente cuando parecían encauzarse dos grandes asuntos estratégicos: el combate combinado contra el narcotráfico y la política migratoria.
Barack Obama y Hillary Clinton habían acertado en sus pronunciamientos públicos, al admitir responsabilidades de Estados Unidos en la extensión del poder de las mafias mejicanas de la droga. Las terminales del mercado de estupefacientes se encuentran en territorio norteamericano. Los carteles cruzan la frontera para aprovisionarse de armas en Estados Unidos con casi total impunidad. Obama quiere aumentar significativamente el presupuesto destinado a la seguridad fronteriza para combatir el poderío narcotraficante, según avanza LOS ANGELES TIMES.
La política migratoria es uno de los asuntos más cruelmente maltratados (y no son pocos) por la administración Bush. En estos momentos, se calcula que residen en Estados Unidos 12 millones de inmigrantes ilegales. Méjico no es el único, pero si el principal país de origen de este colectivo.
Obama sabe que no puede dejar pudrirse un problema explosivo y de dolorosas consecuencias para millones de personas. El endurecimiento de leyes y operativos contra la migración ilegal en los últimos años ha generado situaciones muy injustas y crueles. Las redadas salvajes, la separación de familias, la complicidad de empresarios sin escrúpulos con agentes de la migra (la policía migratoria), la permisividad con los poderosos y la agresividad hacia los débiles han dibujado una realidad profundamente descarnada en materia migratoria.
Hace unos meses, en Iowa, durante la elaboración de un reportaje televisivo, pudimos comprobar los efectos dañinos que esta política puramente represiva ocasionó sobre decenas de guatemaltecos. Los dueños de una de la mayores empresas de empaquetamiento de comida de Estados Unidos fueros procesados, después de explotar sin miramientos a cientos de inmigrantes ilegales, de someterlos a malos tratos de forma consciente y prolongada, de emplear abusivamente mano de obra infantil. Pero las victimas también fueron castigadas. Los maridos fueron detenidos y sometidos a un régimen de reclusión itinerante y no transparente. Las madres y esposas, obligadas a permanecer en caso y sujetas a un vejatorio sistema de vigilancia electrónica adosado a sus piernas. Los hijos, desarraigados y privados de esperanza para su futuro.
Estos episodios probablemente no volverán a ocurrir con la misma crueldad. La nueva administración ha “humanizado” los procedimientos de persecución de los ilegales como parte de una revisión general de las normas de seguridad en fronteras y aduanas. Lo positivo es que el énfasis en la actuación de las fuerzas de seguridad se pondrá a partir de ahora en el castigo a los empresarios que contratan a ilegales y no en la persecución de los trabajadores desesperados.
Los medios progresistas estiman que se trata de actuaciones prometedoras pero advierten que podrían tener consecuencias indeseables si no se complementan con medidas sociales que sólo pueden tener consistencia mediante una nueva política migratoria global. El presidente Obama ya ha anunciado que estará lista este año, sin dilaciones. La actual administración parece decidida a acometer el elemento cardinal: la normalización legal de estas personas. Obama ha apuntado la necesidad de “un camino hacia la asimilación y la ciudadanía”.
Las fuerzas hostiles ya han dejado patente su disgusto y su voluntad de influir pesadamente en las decisiones del nuevo gobierno. Los republicanos no quieren ni oír hablar de la legalización y los demócratas se dividen entre los que se manifiestan incómodos, los dubitativos y los moderada y declaradamente favorables.
Los sindicatos, después de una larga evolución, han superado sus divisiones internas y parecen haber entendido que la defensa de los derechos de los trabajadores norteamericanos no es incompatible con el respeto a los derechos de los inmigrantes. Hace sólo unas semanas manifestaron su apoyo al sentido que la Casa Blanca quiere imprimir a la reforma.
La polémica procede ahora de los empresarios que abogan por el mantenimiento de los programas de fomento del trabajo temporal, como hizo Bush, para seguir disponiendo de mano de obra más barata y, en muchos casos, sumisa. Estos programas han provocado significativas situaciones de abusos y violaciones de derechos laborales.
Para reforzar la coherencia de esa nueva política migratoria que se pretende, es imprescindible acoplarla con una revisión de normas laborales que garanticen salario mínimo, derecho a asociación y medidas de salud y protección en el trabajo, entre otras, como recomendaba hace unos días THE NEW YORK TIMES.
Las penosas manifestaciones racistas o xenófobas de estos días de pánico nos indican que la administración Obama tendrá que exhibir más que buenas intenciones para dignificar esta dimensión de la sociedad norteamericana.
La epidemia de gripe N1H1 ha puesto de manifiesto la complejidad de los problemas y asuntos pendientes en las relaciones entre México y los Estados Unidos y las enormes dificultades con que tropieza su resolución.
La gestión de la emergencia sanitaria no ha ayudado precisamente a establecer un clima de serenidad. El pánico ante una amenaza desbocada, el mejorable manejo de la información por parte de las autoridades mexicanas, el fermento destructor de la crisis económica y una cobertura mediática que no ha podido evitar el alarmismo han favorecido la aparición de actitudes y comportamientos racistas y xenófobos al norte de Río Grande.
Algunos casos han sido especialmente llamativos como el que cuenta el diario mexicano EL UNIVERSAL. Betsy Perry, asesora comercial y amiga personal del alcalde de Nueva York, Michel Bloomberg, escribió en su blog que “entre armas, drogas, secuestros y la gripe porcina, este pobre país no puede darse ni siquiera un respiro, y tal vez no deba hacerlo". Y exigía a las autoridades mexicanas que controlaran a sus “banditos” (sic). Medios de comunicación mejicanos e hispanos de Estados Unidos aventaron su indignación y Perry se vió obligada a dimitir.
Otros comentarios descalificatorios y despectivos que vinculaban el peligro de extensión de la epidemia con los inmigrantes ilegales por sus dificultades para recibir tratamiento sanitario han sido especialmente insidiosos.
Por su intensidad emocional, la gripe puede perjudicar las relaciones bilaterales precisamente cuando parecían encauzarse dos grandes asuntos estratégicos: el combate combinado contra el narcotráfico y la política migratoria.
Barack Obama y Hillary Clinton habían acertado en sus pronunciamientos públicos, al admitir responsabilidades de Estados Unidos en la extensión del poder de las mafias mejicanas de la droga. Las terminales del mercado de estupefacientes se encuentran en territorio norteamericano. Los carteles cruzan la frontera para aprovisionarse de armas en Estados Unidos con casi total impunidad. Obama quiere aumentar significativamente el presupuesto destinado a la seguridad fronteriza para combatir el poderío narcotraficante, según avanza LOS ANGELES TIMES.
La política migratoria es uno de los asuntos más cruelmente maltratados (y no son pocos) por la administración Bush. En estos momentos, se calcula que residen en Estados Unidos 12 millones de inmigrantes ilegales. Méjico no es el único, pero si el principal país de origen de este colectivo.
Obama sabe que no puede dejar pudrirse un problema explosivo y de dolorosas consecuencias para millones de personas. El endurecimiento de leyes y operativos contra la migración ilegal en los últimos años ha generado situaciones muy injustas y crueles. Las redadas salvajes, la separación de familias, la complicidad de empresarios sin escrúpulos con agentes de la migra (la policía migratoria), la permisividad con los poderosos y la agresividad hacia los débiles han dibujado una realidad profundamente descarnada en materia migratoria.
Hace unos meses, en Iowa, durante la elaboración de un reportaje televisivo, pudimos comprobar los efectos dañinos que esta política puramente represiva ocasionó sobre decenas de guatemaltecos. Los dueños de una de la mayores empresas de empaquetamiento de comida de Estados Unidos fueros procesados, después de explotar sin miramientos a cientos de inmigrantes ilegales, de someterlos a malos tratos de forma consciente y prolongada, de emplear abusivamente mano de obra infantil. Pero las victimas también fueron castigadas. Los maridos fueron detenidos y sometidos a un régimen de reclusión itinerante y no transparente. Las madres y esposas, obligadas a permanecer en caso y sujetas a un vejatorio sistema de vigilancia electrónica adosado a sus piernas. Los hijos, desarraigados y privados de esperanza para su futuro.
Estos episodios probablemente no volverán a ocurrir con la misma crueldad. La nueva administración ha “humanizado” los procedimientos de persecución de los ilegales como parte de una revisión general de las normas de seguridad en fronteras y aduanas. Lo positivo es que el énfasis en la actuación de las fuerzas de seguridad se pondrá a partir de ahora en el castigo a los empresarios que contratan a ilegales y no en la persecución de los trabajadores desesperados.
Los medios progresistas estiman que se trata de actuaciones prometedoras pero advierten que podrían tener consecuencias indeseables si no se complementan con medidas sociales que sólo pueden tener consistencia mediante una nueva política migratoria global. El presidente Obama ya ha anunciado que estará lista este año, sin dilaciones. La actual administración parece decidida a acometer el elemento cardinal: la normalización legal de estas personas. Obama ha apuntado la necesidad de “un camino hacia la asimilación y la ciudadanía”.
Las fuerzas hostiles ya han dejado patente su disgusto y su voluntad de influir pesadamente en las decisiones del nuevo gobierno. Los republicanos no quieren ni oír hablar de la legalización y los demócratas se dividen entre los que se manifiestan incómodos, los dubitativos y los moderada y declaradamente favorables.
Los sindicatos, después de una larga evolución, han superado sus divisiones internas y parecen haber entendido que la defensa de los derechos de los trabajadores norteamericanos no es incompatible con el respeto a los derechos de los inmigrantes. Hace sólo unas semanas manifestaron su apoyo al sentido que la Casa Blanca quiere imprimir a la reforma.
La polémica procede ahora de los empresarios que abogan por el mantenimiento de los programas de fomento del trabajo temporal, como hizo Bush, para seguir disponiendo de mano de obra más barata y, en muchos casos, sumisa. Estos programas han provocado significativas situaciones de abusos y violaciones de derechos laborales.
Para reforzar la coherencia de esa nueva política migratoria que se pretende, es imprescindible acoplarla con una revisión de normas laborales que garanticen salario mínimo, derecho a asociación y medidas de salud y protección en el trabajo, entre otras, como recomendaba hace unos días THE NEW YORK TIMES.
Las penosas manifestaciones racistas o xenófobas de estos días de pánico nos indican que la administración Obama tendrá que exhibir más que buenas intenciones para dignificar esta dimensión de la sociedad norteamericana.
14 SEMANAS Y MEDIA
29 de abril de 2009
Cumplidos los emblemáticos –y mediáticos- primeros cien días de Obama al frente de la Casa Blanca, el veredicto popular es inapelable. En Estados Unidos, casi tres de cuatro personas confían en su máximo dirigente, en un momento en que los políticos mundiales son, en general, objeto de desprecio. Y desde fuera, la percepción generalizada es que su hiperliderazgo de maneras suaves se salva del naufragio de la mediocridad escandalosa que campea en otras democracias occidentales.
Es cierto que sus recetas para afrontar la crisis bancaria y financiera son tímidas, un tanto complacientes con los propios responsables del desastre y están lastradas por un equipo demasiado vinculado a intereses sospechosos. Que su apuesta por la reactivación económica es oportuna y deseada por la gente, pero esta plagada de compromisos y maniobras que podrían aminoran su impacto, como le reprocha el Nobel Krugman. Que la liquidación de las depravaciones herederas de la era Bush ha devuelto un aire de decencia a la Casa Blanca, pero una incómoda ambigüedad a la hora de detectar y castigar a los violadores deliberados de los derechos humanos empañan sus propósitos. Como dice Human Rights Watch, en este terreno, Obama ha hecho “progresos significativos” pero también ha dado “pasos en falso”.
Quizás lo más valioso de estos cien días es que Obama no ha querido disimular sus debilidades, sus dudas, sus componendas. Puede ser ingenuidad o falta de experiencia. O pura exigencia de su marketing político, en el que exhibe una destreza impresionante. Pero, en positivo, puede tratarse de una apuesta atrevida por la honestidad. Los norteamericanos aprecian que el presidente más popular en una generación no presuma de poder resolverlo todo. De momento, les vale con que les hable claro. Por supuesto, quieren soluciones, quieren recuperar los empleos perdidos, las casas hipotecadas, el futuro secuestrado. Pero agradecen que no se les haga el discurso ni las poses de salvapatrias.
Desde fuera de Estados Unidos, Obama ha sido un alivio. Menos ingenuos, los europeos aplazan el análisis de fondo hasta completar un kilometraje más amplio, pero se sienten cómodos con el comportamiento del piloto. Con el estilo de liderazgo de Obama se puede trabajar. Los problemas volverán, las tensiones no se podrán evitar. Pero se confía en una gestión sin dramatismo de los conflictos.
Los latinoamericanos, acostumbrados a ser despreciados cuando no vilipendiados por el vecino del Norte, son los que mejor pueden apreciar este cambio en Washington. El cruce de desafíos positivos con Cuba, el apretón de manos de Chávez, las invitaciones a compartir y no a imponer no solucionan nada de por sí, pero todos aceptan que se trata de gestos positivos que había que dar, y se han dado.
No es raro que el WALL STREET JOURNAL dude de la fé de Obama en el diálogo con sus aliados y adversarios. O que LOS ANGELES TIMES asegure que "el presidente haya recorrido el mundo criticando a su predecesor, flagelando la nación en el altar de la opinión pública internacional”. queEs pura expresión de la incomodidad del establishment. Por el contrario, la llamada prensa liberal percibe en América “alivio y orgullo” (THE NEW YORK TIMES) por el entusiasmo que despierta el Presidente.
Paciencia y humildad. Un buen ejemplo de este nuevo paradigma en la política exterior lo señaló Hillary Clinton cuando admitió los errores de Estados Unidos en el crecimiento del narcotráfico, auténtica amenaza de destrucción de lo que queda de democracia en el vecino México. La asunción de responsabilidades coloca a Washington ante el inevitable cambio de juego. Que Obama se haya atrevido a abordar el intrincado problema de la inmigración ilegal –un fenómeno hispano- le añade valentía al empeño.
Desde una perspectiva progresista hay otras actuaciones que resultan inquietantes. Si los años de Obama no sirven para invertir la tendencia antiredistributiva de los últimos treinta años, la decepción podría ser enorme y los efectos, a medio y largo plazo, demoledores. Por eso, la consecución de la reforma del sistema salud resulta tan emblemático. No sólo resolvería una deuda social histórica: constituiría el mayor desafío a los grandes intereses que condicionan la democracia norteamericana.
Las fracturas sociales en Estados Unidos han alcanzado una dimensión de la que se tiene quizás poca conciencia en Europa. Hemos importado un modelo que resulta tóxico para un proyecto de justicia social. Europa necesita revisar principios y prácticas que se han presentado como indiscutibles en los últimos treinta años. Paradójicamente, del mismo lugar del que vino la perversión pueden llegar ahora ciertas inspiraciones reparadoras. Obama no es un revolucionario, no tiene esa ambición, y sus credenciales reformistas están por demostrar. Pero basta con que cambie las agujas allá para que caigas acá determinados muros conceptuales.
La otra amenaza tiene que ver con las responsabilidades de Estados Unidos en la recomposición del orden mundial. Los medios progresistas andan estos días muy inquietos por la lectura que consejeros del presidente están haciendo sobre lo que podemos denominar “intercambio de guerras”. Iraq por Afganistán. El discurso de la lucha contra el terror está plagado de falsedades, de profecías autocumplidas, de profunda deshonestidad intelectual. Obama no las produce, pero puede intoxicarse con residuos muy activos que siguen corrompiendo el pensamiento estratégico del establishment norteamericano. No se ha explicado por qué el avance taliban amenaza a Estados Unidos a Occidente, porque difícilmente sea verdad. A los que amenaza es a los afganos, sobre todo a ciertos sectores de la población. Pero el principal responsable de la recuperación islamofanática ha sido la irresponsable política norteamericana: la histórica, pero también la reciente. No puede taparse la torpeza con una “guerra justa”. Y Obama, a veces, da la sensación de que se autocomplace con esa pirueta.
Y finalmente, otro elemento de preocupación es el silencio ante los mecanismos falaces del sistema político. Irrita ese gusto de los norteamericanos por creerse protegidos por la pureza de los orígenes. El historiador Howard Zinni ha dejado escritas páginas soberbias sobre la perversión intrínseca de la democracia americana. En este asunto, Obama está siendo demasiado convencional, por el momento. Puede ser una cuestión de prioridades, o de agotamiento de energías, él, tan hiperactivo. Pero parece más bien la resistencia clásica a no aceptar la terrible levedad del oficio de político en Estados Unidos. La creatividad de su campaña, la irresistible modernidad de su discurso, la fortaleza tecnológica en la construcción del nuevo imaginario no pueden ocultar la extrema necesidad que la democracia norteamericana tiene de reinventarse, si no quiere convertirse en un puro artificio. En estos cien días no ha habido un hueco para eso. Pero también es verdad que pocos lo han reclamado.
Cumplidos los emblemáticos –y mediáticos- primeros cien días de Obama al frente de la Casa Blanca, el veredicto popular es inapelable. En Estados Unidos, casi tres de cuatro personas confían en su máximo dirigente, en un momento en que los políticos mundiales son, en general, objeto de desprecio. Y desde fuera, la percepción generalizada es que su hiperliderazgo de maneras suaves se salva del naufragio de la mediocridad escandalosa que campea en otras democracias occidentales.
Es cierto que sus recetas para afrontar la crisis bancaria y financiera son tímidas, un tanto complacientes con los propios responsables del desastre y están lastradas por un equipo demasiado vinculado a intereses sospechosos. Que su apuesta por la reactivación económica es oportuna y deseada por la gente, pero esta plagada de compromisos y maniobras que podrían aminoran su impacto, como le reprocha el Nobel Krugman. Que la liquidación de las depravaciones herederas de la era Bush ha devuelto un aire de decencia a la Casa Blanca, pero una incómoda ambigüedad a la hora de detectar y castigar a los violadores deliberados de los derechos humanos empañan sus propósitos. Como dice Human Rights Watch, en este terreno, Obama ha hecho “progresos significativos” pero también ha dado “pasos en falso”.
Quizás lo más valioso de estos cien días es que Obama no ha querido disimular sus debilidades, sus dudas, sus componendas. Puede ser ingenuidad o falta de experiencia. O pura exigencia de su marketing político, en el que exhibe una destreza impresionante. Pero, en positivo, puede tratarse de una apuesta atrevida por la honestidad. Los norteamericanos aprecian que el presidente más popular en una generación no presuma de poder resolverlo todo. De momento, les vale con que les hable claro. Por supuesto, quieren soluciones, quieren recuperar los empleos perdidos, las casas hipotecadas, el futuro secuestrado. Pero agradecen que no se les haga el discurso ni las poses de salvapatrias.
Desde fuera de Estados Unidos, Obama ha sido un alivio. Menos ingenuos, los europeos aplazan el análisis de fondo hasta completar un kilometraje más amplio, pero se sienten cómodos con el comportamiento del piloto. Con el estilo de liderazgo de Obama se puede trabajar. Los problemas volverán, las tensiones no se podrán evitar. Pero se confía en una gestión sin dramatismo de los conflictos.
Los latinoamericanos, acostumbrados a ser despreciados cuando no vilipendiados por el vecino del Norte, son los que mejor pueden apreciar este cambio en Washington. El cruce de desafíos positivos con Cuba, el apretón de manos de Chávez, las invitaciones a compartir y no a imponer no solucionan nada de por sí, pero todos aceptan que se trata de gestos positivos que había que dar, y se han dado.
No es raro que el WALL STREET JOURNAL dude de la fé de Obama en el diálogo con sus aliados y adversarios. O que LOS ANGELES TIMES asegure que "el presidente haya recorrido el mundo criticando a su predecesor, flagelando la nación en el altar de la opinión pública internacional”. queEs pura expresión de la incomodidad del establishment. Por el contrario, la llamada prensa liberal percibe en América “alivio y orgullo” (THE NEW YORK TIMES) por el entusiasmo que despierta el Presidente.
Paciencia y humildad. Un buen ejemplo de este nuevo paradigma en la política exterior lo señaló Hillary Clinton cuando admitió los errores de Estados Unidos en el crecimiento del narcotráfico, auténtica amenaza de destrucción de lo que queda de democracia en el vecino México. La asunción de responsabilidades coloca a Washington ante el inevitable cambio de juego. Que Obama se haya atrevido a abordar el intrincado problema de la inmigración ilegal –un fenómeno hispano- le añade valentía al empeño.
Desde una perspectiva progresista hay otras actuaciones que resultan inquietantes. Si los años de Obama no sirven para invertir la tendencia antiredistributiva de los últimos treinta años, la decepción podría ser enorme y los efectos, a medio y largo plazo, demoledores. Por eso, la consecución de la reforma del sistema salud resulta tan emblemático. No sólo resolvería una deuda social histórica: constituiría el mayor desafío a los grandes intereses que condicionan la democracia norteamericana.
Las fracturas sociales en Estados Unidos han alcanzado una dimensión de la que se tiene quizás poca conciencia en Europa. Hemos importado un modelo que resulta tóxico para un proyecto de justicia social. Europa necesita revisar principios y prácticas que se han presentado como indiscutibles en los últimos treinta años. Paradójicamente, del mismo lugar del que vino la perversión pueden llegar ahora ciertas inspiraciones reparadoras. Obama no es un revolucionario, no tiene esa ambición, y sus credenciales reformistas están por demostrar. Pero basta con que cambie las agujas allá para que caigas acá determinados muros conceptuales.
La otra amenaza tiene que ver con las responsabilidades de Estados Unidos en la recomposición del orden mundial. Los medios progresistas andan estos días muy inquietos por la lectura que consejeros del presidente están haciendo sobre lo que podemos denominar “intercambio de guerras”. Iraq por Afganistán. El discurso de la lucha contra el terror está plagado de falsedades, de profecías autocumplidas, de profunda deshonestidad intelectual. Obama no las produce, pero puede intoxicarse con residuos muy activos que siguen corrompiendo el pensamiento estratégico del establishment norteamericano. No se ha explicado por qué el avance taliban amenaza a Estados Unidos a Occidente, porque difícilmente sea verdad. A los que amenaza es a los afganos, sobre todo a ciertos sectores de la población. Pero el principal responsable de la recuperación islamofanática ha sido la irresponsable política norteamericana: la histórica, pero también la reciente. No puede taparse la torpeza con una “guerra justa”. Y Obama, a veces, da la sensación de que se autocomplace con esa pirueta.
Y finalmente, otro elemento de preocupación es el silencio ante los mecanismos falaces del sistema político. Irrita ese gusto de los norteamericanos por creerse protegidos por la pureza de los orígenes. El historiador Howard Zinni ha dejado escritas páginas soberbias sobre la perversión intrínseca de la democracia americana. En este asunto, Obama está siendo demasiado convencional, por el momento. Puede ser una cuestión de prioridades, o de agotamiento de energías, él, tan hiperactivo. Pero parece más bien la resistencia clásica a no aceptar la terrible levedad del oficio de político en Estados Unidos. La creatividad de su campaña, la irresistible modernidad de su discurso, la fortaleza tecnológica en la construcción del nuevo imaginario no pueden ocultar la extrema necesidad que la democracia norteamericana tiene de reinventarse, si no quiere convertirse en un puro artificio. En estos cien días no ha habido un hueco para eso. Pero también es verdad que pocos lo han reclamado.
OBAMA, ANTE LA PERVERSIÓN DE LA LEY
23 de abril de 2009
El impacto producido por la confirmación documental de las horribles prácticas en la detención, interrogatorio y tratamientos de presuntos sospechosos de terrorismo durante la administración Bush ha obligado al Presidente Obama a dejar abierta la puerta a posibles acciones legales.
Obama ha dicho esta semana que no descarta acciones judiciales para quienes ordenaron y fabricaron amparo legal a esas prácticas indeseables, pero ha insistido en exonerar a los ejecutores a pie de obra, los “operarios de la CIA”. De esta forma, reconoce el principio de la “obediencia debida” y trata de no crearse una imagen antipática entre la comunidad de agentes de inteligencia, a los que necesita para reconducir la lucha contra las amenazas terroristas.
El Presidente ha matizado que si el Congreso decide iniciar el proceso de depuración no se opondrá, pero prefiere una Comisión tipo 11-S que una alumbrada en el interior del legislativo, para evitar tentaciones de politización y partidismo.
La forma de gestionar la herencia del trabajo sucio en la política antiterrorista de Washington tras el 11S ha sido uno de los asuntos más controvertidos en estos casi cien días del nuevo gobierno. Organizaciones de defensa de los derechos humanos han experimentado sensaciones encontradas por las sucesivas decisiones de Obama. Por un lado, satisfacción ante el compromiso firme de abandonar cualquier práctica abusiva en el tratamiento de los detenidos; por otro, inquietud ante las brechas que se han dejado abiertas a futuras prácticas indeseables. Especialmente preocupante es que desaparezca Guantánamo, pero permanezca el campo afgano de Bagram, por ejemplo.
A Obama le ocurre lo que a muchos gobernantes: que, aunque deseosos de acabar con actitudes de mal gobierno, tienen muy presente los riesgos de adoptar decisiones demasiado audaces. Sus asesores no ocultan su temor a que consideraciones éticas puedan propiciar un aumento de riesgos para la seguridad nacional. En cambio, eluden manifestar su aprensión a las reacciones hostiles que pudieran desencadenarse entre la comunidad de inteligencia.
Obama no es un ingenuo, ni un idealista, como se ha venido sosteniendo reiteradamente aquí. Sabe hasta donde puede llegar. Y cuando no lo sabe, espera, tantea y hace política en el sentido más clásico de los manuales de Washington. Todo el mundo sabía que, más temprano que tarde, se tendría que enfrentar a estos dilemas: o hacer justicia o blindarse ante futuros riesgos en la conducción de la seguridad nacional.
Es el dilema de todos los gobiernos que se constituyen después de periodos oscuros e indecentes políticamente, ya hayan estado bajo dictaduras o bajo democracias sospechosas. La tentación del punto final es permanente y difícil de resistir.
Los memorandums que han salido estos días a la luz sobre las torturas nos descubren los detalles, pero lo esencial de los hechos ya era conocido. Hace tiempo que sabíamos de la fragilidad de escrúpulos de la administración Bush en la persecución de sospechosos.
El periodista norteamericano Ron Suskind es autor de un libro titulado “La Doctrina del Uno por ciento”, cuya lectura recomiendo vivamente a quiera conocer no sólo como se las gastaban los lugartenientes de Bush en la guerra contra el terror, sino los complejos mecanismos psicológicos, administrativos y culturales de la comunidad de inteligencia y sus no siempre sutiles relaciones con otros países.
El curioso título hace referencia a la tesis forjada por el exVicepresidente Cheney sobre los criterios para actuar ante la amenaza terrorista: si existe siquiera sólo un uno por ciento de posibilidades de peligro para la seguridad de Estados Unidos, debe actuarse como si se tuviera seguridad absoluta de amenaza. Es decir, disparar contra todo lo que se moviera. Y sobre lo que estuviera quieto que entrara en el campo de mira.
Suskind anticipa el debate no ya sobre la moralidad de muchas de esas prácticas, sino también, por si no fuera suficiente con lo anterior, sobre su utilidad y sobre la discutible relevancia de los sospechosos torturados. Su libro cuestiona seriamente que la información obtenida bajo tortura sirviera para prevenir futuros atentados, tesis en la que están insistiendo ahora expertos consultados tras la publicación de los documentos.
Pero lo verdaderamente importante ahora es hasta donde extender las responsabilidades políticas y legales de hechos que no solo fueron repugnantes por su desprecio absoluto a los derechos de los detenidos, sino por el blindaje jurídico que se elaboró para legitimarlos como instrumentos de la lucha contra el terror. Como se ha dicho en algún editorial de estos días, Estados Unidos traicionó muchos de los principios sobre los que está basado teóricamente su estilo y tradición de gobierno con el vidrioso argumento de defenderlos.
Los intelectuales norteamericanos más críticos con el funcionamiento real de su democracia son menos solemnes y contemplan la emergencia de estos horrores como una demostración más de la profunda corrupción moral en la que se ha instalado desde hace décadas el sistema político norteamericano.
Los responsables de las atrocidades no bajan los brazos. Todo lo contrario: insisten en que la información resultó muy útil y advierten sobre los terribles peligros que una actitud revisionista comporta. Ahora como antes, se apela a los instintos más primitivos del miedo y la ignorancia para justificar desmanes y bloquear un proceso de depuración de responsabilidades. El presidente “se ata las manos contra el terror”, ha escrito en el WALL STREET JOURNAL el general Michel Hayden, último director de la CIA con Bush.
Resulta ominoso que altos funcionarios que diseñaron el blindaje legal de las torturas están hoy o enseñando leyes en la Universidad de California (John Yoo, entonces asesor legal de la CIA) o impartiendo justicia de por vida en la Corte Federal de Apelaciones, por decisión del propio Bush (Jay Bybee, exadjunto del Fiscal General del Estado). Insoportable para cualquier sistema democrático. Los principales colaboradores del exPresidente (Rumsfeld, Rice, ¿Powell?) estaban al tanto de lo que ocurría en los sótanos del Estado. Incluso el propio Bush, aunque se ignora hasta qué punto de detalle.
En uno de sus editoriales recientes, THE NEW YORK TIMES le reconoce a Obama su compromiso con la transparencia y le exige que adopte la misma actitud con la “accountability”. Que debe traducirse como la depuración de responsabilidades.
El impacto producido por la confirmación documental de las horribles prácticas en la detención, interrogatorio y tratamientos de presuntos sospechosos de terrorismo durante la administración Bush ha obligado al Presidente Obama a dejar abierta la puerta a posibles acciones legales.
Obama ha dicho esta semana que no descarta acciones judiciales para quienes ordenaron y fabricaron amparo legal a esas prácticas indeseables, pero ha insistido en exonerar a los ejecutores a pie de obra, los “operarios de la CIA”. De esta forma, reconoce el principio de la “obediencia debida” y trata de no crearse una imagen antipática entre la comunidad de agentes de inteligencia, a los que necesita para reconducir la lucha contra las amenazas terroristas.
El Presidente ha matizado que si el Congreso decide iniciar el proceso de depuración no se opondrá, pero prefiere una Comisión tipo 11-S que una alumbrada en el interior del legislativo, para evitar tentaciones de politización y partidismo.
La forma de gestionar la herencia del trabajo sucio en la política antiterrorista de Washington tras el 11S ha sido uno de los asuntos más controvertidos en estos casi cien días del nuevo gobierno. Organizaciones de defensa de los derechos humanos han experimentado sensaciones encontradas por las sucesivas decisiones de Obama. Por un lado, satisfacción ante el compromiso firme de abandonar cualquier práctica abusiva en el tratamiento de los detenidos; por otro, inquietud ante las brechas que se han dejado abiertas a futuras prácticas indeseables. Especialmente preocupante es que desaparezca Guantánamo, pero permanezca el campo afgano de Bagram, por ejemplo.
A Obama le ocurre lo que a muchos gobernantes: que, aunque deseosos de acabar con actitudes de mal gobierno, tienen muy presente los riesgos de adoptar decisiones demasiado audaces. Sus asesores no ocultan su temor a que consideraciones éticas puedan propiciar un aumento de riesgos para la seguridad nacional. En cambio, eluden manifestar su aprensión a las reacciones hostiles que pudieran desencadenarse entre la comunidad de inteligencia.
Obama no es un ingenuo, ni un idealista, como se ha venido sosteniendo reiteradamente aquí. Sabe hasta donde puede llegar. Y cuando no lo sabe, espera, tantea y hace política en el sentido más clásico de los manuales de Washington. Todo el mundo sabía que, más temprano que tarde, se tendría que enfrentar a estos dilemas: o hacer justicia o blindarse ante futuros riesgos en la conducción de la seguridad nacional.
Es el dilema de todos los gobiernos que se constituyen después de periodos oscuros e indecentes políticamente, ya hayan estado bajo dictaduras o bajo democracias sospechosas. La tentación del punto final es permanente y difícil de resistir.
Los memorandums que han salido estos días a la luz sobre las torturas nos descubren los detalles, pero lo esencial de los hechos ya era conocido. Hace tiempo que sabíamos de la fragilidad de escrúpulos de la administración Bush en la persecución de sospechosos.
El periodista norteamericano Ron Suskind es autor de un libro titulado “La Doctrina del Uno por ciento”, cuya lectura recomiendo vivamente a quiera conocer no sólo como se las gastaban los lugartenientes de Bush en la guerra contra el terror, sino los complejos mecanismos psicológicos, administrativos y culturales de la comunidad de inteligencia y sus no siempre sutiles relaciones con otros países.
El curioso título hace referencia a la tesis forjada por el exVicepresidente Cheney sobre los criterios para actuar ante la amenaza terrorista: si existe siquiera sólo un uno por ciento de posibilidades de peligro para la seguridad de Estados Unidos, debe actuarse como si se tuviera seguridad absoluta de amenaza. Es decir, disparar contra todo lo que se moviera. Y sobre lo que estuviera quieto que entrara en el campo de mira.
Suskind anticipa el debate no ya sobre la moralidad de muchas de esas prácticas, sino también, por si no fuera suficiente con lo anterior, sobre su utilidad y sobre la discutible relevancia de los sospechosos torturados. Su libro cuestiona seriamente que la información obtenida bajo tortura sirviera para prevenir futuros atentados, tesis en la que están insistiendo ahora expertos consultados tras la publicación de los documentos.
Pero lo verdaderamente importante ahora es hasta donde extender las responsabilidades políticas y legales de hechos que no solo fueron repugnantes por su desprecio absoluto a los derechos de los detenidos, sino por el blindaje jurídico que se elaboró para legitimarlos como instrumentos de la lucha contra el terror. Como se ha dicho en algún editorial de estos días, Estados Unidos traicionó muchos de los principios sobre los que está basado teóricamente su estilo y tradición de gobierno con el vidrioso argumento de defenderlos.
Los intelectuales norteamericanos más críticos con el funcionamiento real de su democracia son menos solemnes y contemplan la emergencia de estos horrores como una demostración más de la profunda corrupción moral en la que se ha instalado desde hace décadas el sistema político norteamericano.
Los responsables de las atrocidades no bajan los brazos. Todo lo contrario: insisten en que la información resultó muy útil y advierten sobre los terribles peligros que una actitud revisionista comporta. Ahora como antes, se apela a los instintos más primitivos del miedo y la ignorancia para justificar desmanes y bloquear un proceso de depuración de responsabilidades. El presidente “se ata las manos contra el terror”, ha escrito en el WALL STREET JOURNAL el general Michel Hayden, último director de la CIA con Bush.
Resulta ominoso que altos funcionarios que diseñaron el blindaje legal de las torturas están hoy o enseñando leyes en la Universidad de California (John Yoo, entonces asesor legal de la CIA) o impartiendo justicia de por vida en la Corte Federal de Apelaciones, por decisión del propio Bush (Jay Bybee, exadjunto del Fiscal General del Estado). Insoportable para cualquier sistema democrático. Los principales colaboradores del exPresidente (Rumsfeld, Rice, ¿Powell?) estaban al tanto de lo que ocurría en los sótanos del Estado. Incluso el propio Bush, aunque se ignora hasta qué punto de detalle.
En uno de sus editoriales recientes, THE NEW YORK TIMES le reconoce a Obama su compromiso con la transparencia y le exige que adopte la misma actitud con la “accountability”. Que debe traducirse como la depuración de responsabilidades.
CON PIES DE PLOMO
16 de abril de 2009
De forma muy cautelosa, el Presidente Obama ha indicado un cambio de rumbo en uno de los asuntos más enquistados de la política exterior norteamericana: Cuba. En esta decisión, cuenta con la simpatía y el respaldo de la gran mayoría de los países latinoamericanos y, singularmente, de España.
Obama ha adoptado un paquete de medidas aparentemente modestas, pero de un alcance político mucho más amplio. Ha suspendido las restricciones que pesaban negativamente en las relaciones interfamiliares de personas residentes dentro y fuera de la isla. A partir de ahora, los exiliados podrán enviar a sus familiares en Cuba el dinero que deseen y podrán viajar a la isla cuantas veces quieran, y no como hasta ahora, que sólo podían hacerlo una vez cada tres años, con una estancia máxima de 14 días.
Además, Obama levanta obstáculos a las compañías de telecomunicaciones para negociar licencias de operación con las autoridades cubanas, lo que permitiría el acceso de los residentes a telefonía móvil y televisión por satélite. También se relajan las restricciones en donativos y se eliminan los gravámenes sobre alimentos y medicinas.
El NEW YORK TIMES, después de titular que “Obama abre la puerta a Cuba, pero sólo un resquicio”, asegura en su análisis que se trata del “cambio más significativo en Estados Unidos en décadas”. En 1977, el entonces Presidente Carter se negó a renovar las restricciones de viajar a Cuba que Kennedy impuso después del fracaso de Bahía Cochinos. Reagan adoptó la línea dura en 1982 y, desde entonces, con ligeras modificaciones, ésa ha sido la tónica. Clinton se dejó llevar por las presiones de los congresistas anticastristas de Florida, y a la Ley Helms Burton, que endurecía el embargo, añadió otras medidas de su competencia, después de la crisis migratoria de finales de los noventa. Finalmente, Bush amplió y reforzó las medidas restrictivas.
La decisión de Obama se produce, no por casualidad, en vísperas de la Cumbre de las Américas, que se celebra este fin de semana en Trinidad Tobago. Los dirigentes regionales iban a solicitar a Obama un gesto hacia Cuba, bajo distintas versiones o propuestas: más militante la patrocinada por el ala izquierda del subcontinente, aireada por Bolivia y sostenida por Venezuela; más pragmática, la sugerida por los moderados, con Brasil a la cabeza. Como hizo en Europa hace unos días, Obama viaja al sur con un mensaje de conciliación y diálogo. El presidente quiere escenificar el final de la diplomacia unilateral y de los discursos de fuerza. Pero, más allá de los gestos, ¿qué espera de Cuba y dónde esta dispuesto a llegar?
En realidad, lo que Obama pretende, seguramente, es que estas medidas favorezcan un cambio de las condiciones materiales en Cuba y una apertura del país a influencias externas que dinamicen la economía y presionen a favor del cambio político. De momento, se espera que aumente exponencialmente el dinero enviado desde Estados Unidos a Cuba. Estas remesas suponen ya hoy la tercera fuente de ingresos del país después de las exportaciones y el turismo. LOS ANGELES TIMES asegura que una compañía de vuelos charter pondrá en marcha un servicio de vuelo permanente desde la megapolis californiana a La Habana, a comienzos del verano.
La reacción inicial cubana a estas medidas es la esperada. Se aprecia el gesto, pero se insiste en que la relación bilateral debe basarse en el “respeto más estricto de la soberanía”. Las palabras del propio Fidel, desde su púlpito político-moral, reflejan esta actitud condicionada. “No acusamos a Obama de las atrocidades cometidas por otros gobiernos (....) ni dudamos de su sinceridad y voluntad de cambiar la política y la imagen de Estados Unidos”, dice el líder de la revolución. Pero le reprocha no haber ordenado el fin del “bloqueo”.
La administración Obama no espera cambios rápidos en La Habana. De momento, gana tiempo para comprobar la voluntad reformista de Raúl. O la tutela real que sobre él ejerce su hermano mayor. Está todavía por calibrar el sentido de las recientes destituciones en lo alto del gobierno. En qué medida responde a distintas visiones de los hermanos, a fidelidades conculcadas, a cambios de posición a destiempo o a puras circunstancias más o menos personales. Las señales que llegan en los últimos meses desde La Habana son contradictorias.
Según algunas fuentes, las autoridades cubanas confían en que estos “beneficios” ayuden a destensar el clima social y permitan un entorno más favorable a las reformas controladas. Es decir, reproducir el modelo chino de apertura y liberalización económicas, pero bajo el dominio del Partido Comunista. Por el contrario, la administración Obama y muchas de sus aliadas regionales y europeas creen que Cuba no es China y que su autonomía no es tan amplia. Una vez desencadenados los cambios económicos, no será tan fácil controlar una evolución política saludable.
Para lograrlo, habría que atreverse con el “levantamiento total del embargo”, como reclama LE MONDE en su editorial. El diario francés recuerda que la propia Comisión de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano ha admitido su “patente ineficacia”: hoy en día, los Estados Unidos son el principal suministrador de géneros alimentarios de la isla y su quinto socio comercial. No en vano, los empresarios de Estados Unidos siguen siendo el principal grupo de presión en favor de un cambio de paradigma hacia Cuba. Lejos de debilitar a las autoridades cubanas, el embargo ha contribuido a reforzar su discurso y el desagrado de la población cubana hacia Estados Unidos. De momento, y en sintonía con la política de Obama, hay en marcha varias iniciativas legislativas bipartidarias a favor de la “normalización”. Pero abolir el embargo exige cambiar la ley y eso precisa del concurso de los republicanos.
Uno de los obstáculos para conseguirlo es la presión del exilio, pero se está debilitando. Resulta llamativo que la propia Fundación Cubano-Americana, liberada de sus elementos más recalcitrantes, se haya pasado claramente al bando de la moderación y el compromiso. En una entrevista con el NEW YORK TIMES, su director, Francisco J. Hernández, abogaba por un cambio de política. Hernández había sido un oscuro hombre de confianza de Mas Canosa (padre) y participó de sus posiciones más intransigentes. Hace tres años, en una conversación con este periodista en Miami, se resistía a la necesidad de revisar las políticas tradicionales. Otros grupos son, por supuestos, menos favorables y hasta combativos. Los hermanos Diaz Balart y otros prominentes republicanos de Florida alientan la actitud dura, que encuentra eco en los exiliados de más edad, pero muy poco predicamento en las nuevas generaciones.
En todo caso, antes de avanzar, Obama quiere de Cuba gestos importantes en derechos humanos, especialmente la liberación de presos. Dan Restrepo, el alto funcionario de origen hispano en quien Obama delegó el anuncio de las medidas, afirmó que “esta política no esta congelada”. Atentos a la pantalla.
De forma muy cautelosa, el Presidente Obama ha indicado un cambio de rumbo en uno de los asuntos más enquistados de la política exterior norteamericana: Cuba. En esta decisión, cuenta con la simpatía y el respaldo de la gran mayoría de los países latinoamericanos y, singularmente, de España.
Obama ha adoptado un paquete de medidas aparentemente modestas, pero de un alcance político mucho más amplio. Ha suspendido las restricciones que pesaban negativamente en las relaciones interfamiliares de personas residentes dentro y fuera de la isla. A partir de ahora, los exiliados podrán enviar a sus familiares en Cuba el dinero que deseen y podrán viajar a la isla cuantas veces quieran, y no como hasta ahora, que sólo podían hacerlo una vez cada tres años, con una estancia máxima de 14 días.
Además, Obama levanta obstáculos a las compañías de telecomunicaciones para negociar licencias de operación con las autoridades cubanas, lo que permitiría el acceso de los residentes a telefonía móvil y televisión por satélite. También se relajan las restricciones en donativos y se eliminan los gravámenes sobre alimentos y medicinas.
El NEW YORK TIMES, después de titular que “Obama abre la puerta a Cuba, pero sólo un resquicio”, asegura en su análisis que se trata del “cambio más significativo en Estados Unidos en décadas”. En 1977, el entonces Presidente Carter se negó a renovar las restricciones de viajar a Cuba que Kennedy impuso después del fracaso de Bahía Cochinos. Reagan adoptó la línea dura en 1982 y, desde entonces, con ligeras modificaciones, ésa ha sido la tónica. Clinton se dejó llevar por las presiones de los congresistas anticastristas de Florida, y a la Ley Helms Burton, que endurecía el embargo, añadió otras medidas de su competencia, después de la crisis migratoria de finales de los noventa. Finalmente, Bush amplió y reforzó las medidas restrictivas.
La decisión de Obama se produce, no por casualidad, en vísperas de la Cumbre de las Américas, que se celebra este fin de semana en Trinidad Tobago. Los dirigentes regionales iban a solicitar a Obama un gesto hacia Cuba, bajo distintas versiones o propuestas: más militante la patrocinada por el ala izquierda del subcontinente, aireada por Bolivia y sostenida por Venezuela; más pragmática, la sugerida por los moderados, con Brasil a la cabeza. Como hizo en Europa hace unos días, Obama viaja al sur con un mensaje de conciliación y diálogo. El presidente quiere escenificar el final de la diplomacia unilateral y de los discursos de fuerza. Pero, más allá de los gestos, ¿qué espera de Cuba y dónde esta dispuesto a llegar?
En realidad, lo que Obama pretende, seguramente, es que estas medidas favorezcan un cambio de las condiciones materiales en Cuba y una apertura del país a influencias externas que dinamicen la economía y presionen a favor del cambio político. De momento, se espera que aumente exponencialmente el dinero enviado desde Estados Unidos a Cuba. Estas remesas suponen ya hoy la tercera fuente de ingresos del país después de las exportaciones y el turismo. LOS ANGELES TIMES asegura que una compañía de vuelos charter pondrá en marcha un servicio de vuelo permanente desde la megapolis californiana a La Habana, a comienzos del verano.
La reacción inicial cubana a estas medidas es la esperada. Se aprecia el gesto, pero se insiste en que la relación bilateral debe basarse en el “respeto más estricto de la soberanía”. Las palabras del propio Fidel, desde su púlpito político-moral, reflejan esta actitud condicionada. “No acusamos a Obama de las atrocidades cometidas por otros gobiernos (....) ni dudamos de su sinceridad y voluntad de cambiar la política y la imagen de Estados Unidos”, dice el líder de la revolución. Pero le reprocha no haber ordenado el fin del “bloqueo”.
La administración Obama no espera cambios rápidos en La Habana. De momento, gana tiempo para comprobar la voluntad reformista de Raúl. O la tutela real que sobre él ejerce su hermano mayor. Está todavía por calibrar el sentido de las recientes destituciones en lo alto del gobierno. En qué medida responde a distintas visiones de los hermanos, a fidelidades conculcadas, a cambios de posición a destiempo o a puras circunstancias más o menos personales. Las señales que llegan en los últimos meses desde La Habana son contradictorias.
Según algunas fuentes, las autoridades cubanas confían en que estos “beneficios” ayuden a destensar el clima social y permitan un entorno más favorable a las reformas controladas. Es decir, reproducir el modelo chino de apertura y liberalización económicas, pero bajo el dominio del Partido Comunista. Por el contrario, la administración Obama y muchas de sus aliadas regionales y europeas creen que Cuba no es China y que su autonomía no es tan amplia. Una vez desencadenados los cambios económicos, no será tan fácil controlar una evolución política saludable.
Para lograrlo, habría que atreverse con el “levantamiento total del embargo”, como reclama LE MONDE en su editorial. El diario francés recuerda que la propia Comisión de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano ha admitido su “patente ineficacia”: hoy en día, los Estados Unidos son el principal suministrador de géneros alimentarios de la isla y su quinto socio comercial. No en vano, los empresarios de Estados Unidos siguen siendo el principal grupo de presión en favor de un cambio de paradigma hacia Cuba. Lejos de debilitar a las autoridades cubanas, el embargo ha contribuido a reforzar su discurso y el desagrado de la población cubana hacia Estados Unidos. De momento, y en sintonía con la política de Obama, hay en marcha varias iniciativas legislativas bipartidarias a favor de la “normalización”. Pero abolir el embargo exige cambiar la ley y eso precisa del concurso de los republicanos.
Uno de los obstáculos para conseguirlo es la presión del exilio, pero se está debilitando. Resulta llamativo que la propia Fundación Cubano-Americana, liberada de sus elementos más recalcitrantes, se haya pasado claramente al bando de la moderación y el compromiso. En una entrevista con el NEW YORK TIMES, su director, Francisco J. Hernández, abogaba por un cambio de política. Hernández había sido un oscuro hombre de confianza de Mas Canosa (padre) y participó de sus posiciones más intransigentes. Hace tres años, en una conversación con este periodista en Miami, se resistía a la necesidad de revisar las políticas tradicionales. Otros grupos son, por supuestos, menos favorables y hasta combativos. Los hermanos Diaz Balart y otros prominentes republicanos de Florida alientan la actitud dura, que encuentra eco en los exiliados de más edad, pero muy poco predicamento en las nuevas generaciones.
En todo caso, antes de avanzar, Obama quiere de Cuba gestos importantes en derechos humanos, especialmente la liberación de presos. Dan Restrepo, el alto funcionario de origen hispano en quien Obama delegó el anuncio de las medidas, afirmó que “esta política no esta congelada”. Atentos a la pantalla.
DESPUES DE LAS FOTOS
8 de abril de 2009
El primer viaje transatlántico de Obama ha cumplido con todas las exigencias de imagen y propagandísticas deseadas –y deseables-, pero deja incógnitas por despejar y grandes problemas por resolver. No podía ser de otro modo. La forma en que se había diseñado la gira, la acumulación de cumbres en pocos días, la complejidad de los asuntos a tratar, la profundidad de las diferencias en los enfoques para hacerlo y el desconcierto de los líderes mundiales en este momento no permitían otro resultado. Como era de esperar, ha primado la conocida ansiedad por la foto –por las fotos.
Y es que, quien más quien menos, todos tenían necesidad de capitalizar la cumbre –las cumbres- para fortalecer sus flancos internos. El primero, el propio presidente de los Estados Unidos. Aunque su popularidad sigue intacta, y los electores mantienen la confianza en sus propuestas, Obama es muy consciente de que se enfrenta a una crisis sistémica. Estos días, en Europa, ha vuelto a emerger el candidato novedoso de 2008, micrófono en mano, rodeado de ciudadanos anónimos, comprometido en esos debates horizontales que despertaron admiración y esperanza. Ha estado estos días Obama prolongando la seducción, ofreciendo un plus de carisma, una especie de plato de degustación de su estilo político. Todo adobado con el ingrediente de la celebridad.
Se ha evocado estos días el glamour de Kennedy y Jacqueline. Puestos a encontrar antecedentes de estos entusiasmos mediáticos por figuras emblemáticas de cambio, anoto cierta semejanza entre la pareja Obama y el matrimonio Gorbachov. Se han escudriñado poses y gestos de Michelle como se hizo en los noventa con Raisa. Mientras sus maridos predicaban el cambio –mediático-, ellas eran absorbidas por el establishment televisivo.
Pero si algo es propio de la cultura de masas es su evanescencia. Obama se ha ido y los resultados de su paso por Europa no deben magnificarse. Los acuerdos del G-20 se ajustan a un esperable compromiso entre las recetas de estímulo económico promovidas por el presidente norteamericano y las medidas de control financiero exigidas por Europa. El peso de las cantidades comprometidas podría aplacar el escepticismo. No es así. La mayoría de los especialistas recomienda prudencia y estima que hay mucho todavía por hacer antes de proclamar que se está en vías de solución.
Con respecto a Afganistán, escenario de crisis privilegiado por Obama, esta escisión entre la propaganda y la realidad es aún más drástica. Washington ya se había resignado a prescindir de una contribución militar europea realmente apreciable. En la cumbre de Praga se ha confirmado. Los aliados aportarán calderilla para la reconstrucción civil y cinco mil hombres para proteger la seguridad de las elecciones y formar a soldados y policías afganos. Y, cuanto antes, a casa. La nueva estrategia norteamericana ha facilitado esta evasión europea. Se tiene la impresión de que Obama mantiene la guerra en Afganistán más por credibilidad que por convencimiento. Su referencia a la “estrategia de salida”, por obvia, es más una declaración de incomodidad que un imperativo técnico de cualquier operación militar.
Además, hay un peligro de que la adopción de políticas militares cómodas o aparentemente menos costosas, como la proliferación de bombardeos de los aviones Predator –no tripulados- contra santuarios binladistas y talibanes, termine provocando un rechazo de las poblaciones locales pastunes, por la acumulación de víctimas civiles. Y, en consecuencia, termine desestabilizando Pakistán.
Es probable que el debate entre minimalistas y contrainsurgentes en Estados Unidos no se haya cerrado del todo. El general Petraeus, encargado de aplicar la nueva estrategia militar en Afganistán, es público defensor de las tesis derrotadas. Pero posibles avances de los talibanes, a ambos lados de la frontera, puede provocar la reapertura de las hostilidades burocráticas para ganarse el corazón del presidente.
Tampoco son descartables complicaciones en Irak. Como mencionábamos en el último artículo, una parte de la disidencia nacionalista sunní que parecía aplacada por las promesas del gobierno Maliki se siente decepcionada. El incremento de los atentados del último mes puede ser incidental, pero coincide con esta insatisfacción.
El otro elemento del idealismo obamaniano durante la gira europea ha sido su propuesta de desarme nuclear. Es un clásico de los presidentes norteamericanos desde Truman, ya sean republicanos o demócratas. Incluso el propio Bush hijo se insinuó, aunque sin demasiada convicción, atrapado por otras urgencias, ciertas o fabricadas. La percepción de una cierta recuperación del clima de guerra fría –o, al menos, de enfriamiento- de las relaciones con Moscú, desde el verano pasado, con la intervención rusa en Georgia, parecía haber neutralizado esas propuestas. Obama las recupera –y amplía- ahora, pero al fijar un horizonte temporal tan dilatado, el efecto benéfico de sus palabras se desvanece.
No se entiende bien que su administración sea tan complaciente con el proyecto de escudo antimisiles, cuyos mecanismos se establecerían, no por casualidad, en países recién llegados a la Alianza como Polonia y la República Checa, donde dominan mayorías sociales acríticas con Washington y muy suspicaces hacia Moscú. Obama asegura que el escudo protegería a Occidente de países como Irán antes que de Rusia, a la que no se atribuyen, al menos por ahora, intenciones agresivas.
Un editorialista del diario árabe ASHARQ AL-AWSA se preguntaba estos días si no se estaba exagerando el peligro nuclear iraní. Argumentaba que la eventual utilización del átomo por los ayatollahs –no digamos contra Estados Unidos, sino incluso contra Israel, el enemigo natural y cercano- significaría la aniquilación del territorio persa. ¿Para qué entonces el arma nuclear? Probablemente, para negociar. Como le ocurre al Kim Jong Il, aunque su presencia en escena sea más extravagante.
Esta administración sabe que el régimen islámico puede serle de mucha utilidad en su estrategia afgana. Teherán ha mostrado hábilmente su disposición a colaborar y Obama, aunque cautelosamente, ha dado los primeros pasos. Pero un avance significativo pasa por liquidar herencias neocon que todavía pesan como una losa en la nueva visión internacional de la administración Obama.
El primer viaje transatlántico de Obama ha cumplido con todas las exigencias de imagen y propagandísticas deseadas –y deseables-, pero deja incógnitas por despejar y grandes problemas por resolver. No podía ser de otro modo. La forma en que se había diseñado la gira, la acumulación de cumbres en pocos días, la complejidad de los asuntos a tratar, la profundidad de las diferencias en los enfoques para hacerlo y el desconcierto de los líderes mundiales en este momento no permitían otro resultado. Como era de esperar, ha primado la conocida ansiedad por la foto –por las fotos.
Y es que, quien más quien menos, todos tenían necesidad de capitalizar la cumbre –las cumbres- para fortalecer sus flancos internos. El primero, el propio presidente de los Estados Unidos. Aunque su popularidad sigue intacta, y los electores mantienen la confianza en sus propuestas, Obama es muy consciente de que se enfrenta a una crisis sistémica. Estos días, en Europa, ha vuelto a emerger el candidato novedoso de 2008, micrófono en mano, rodeado de ciudadanos anónimos, comprometido en esos debates horizontales que despertaron admiración y esperanza. Ha estado estos días Obama prolongando la seducción, ofreciendo un plus de carisma, una especie de plato de degustación de su estilo político. Todo adobado con el ingrediente de la celebridad.
Se ha evocado estos días el glamour de Kennedy y Jacqueline. Puestos a encontrar antecedentes de estos entusiasmos mediáticos por figuras emblemáticas de cambio, anoto cierta semejanza entre la pareja Obama y el matrimonio Gorbachov. Se han escudriñado poses y gestos de Michelle como se hizo en los noventa con Raisa. Mientras sus maridos predicaban el cambio –mediático-, ellas eran absorbidas por el establishment televisivo.
Pero si algo es propio de la cultura de masas es su evanescencia. Obama se ha ido y los resultados de su paso por Europa no deben magnificarse. Los acuerdos del G-20 se ajustan a un esperable compromiso entre las recetas de estímulo económico promovidas por el presidente norteamericano y las medidas de control financiero exigidas por Europa. El peso de las cantidades comprometidas podría aplacar el escepticismo. No es así. La mayoría de los especialistas recomienda prudencia y estima que hay mucho todavía por hacer antes de proclamar que se está en vías de solución.
Con respecto a Afganistán, escenario de crisis privilegiado por Obama, esta escisión entre la propaganda y la realidad es aún más drástica. Washington ya se había resignado a prescindir de una contribución militar europea realmente apreciable. En la cumbre de Praga se ha confirmado. Los aliados aportarán calderilla para la reconstrucción civil y cinco mil hombres para proteger la seguridad de las elecciones y formar a soldados y policías afganos. Y, cuanto antes, a casa. La nueva estrategia norteamericana ha facilitado esta evasión europea. Se tiene la impresión de que Obama mantiene la guerra en Afganistán más por credibilidad que por convencimiento. Su referencia a la “estrategia de salida”, por obvia, es más una declaración de incomodidad que un imperativo técnico de cualquier operación militar.
Además, hay un peligro de que la adopción de políticas militares cómodas o aparentemente menos costosas, como la proliferación de bombardeos de los aviones Predator –no tripulados- contra santuarios binladistas y talibanes, termine provocando un rechazo de las poblaciones locales pastunes, por la acumulación de víctimas civiles. Y, en consecuencia, termine desestabilizando Pakistán.
Es probable que el debate entre minimalistas y contrainsurgentes en Estados Unidos no se haya cerrado del todo. El general Petraeus, encargado de aplicar la nueva estrategia militar en Afganistán, es público defensor de las tesis derrotadas. Pero posibles avances de los talibanes, a ambos lados de la frontera, puede provocar la reapertura de las hostilidades burocráticas para ganarse el corazón del presidente.
Tampoco son descartables complicaciones en Irak. Como mencionábamos en el último artículo, una parte de la disidencia nacionalista sunní que parecía aplacada por las promesas del gobierno Maliki se siente decepcionada. El incremento de los atentados del último mes puede ser incidental, pero coincide con esta insatisfacción.
El otro elemento del idealismo obamaniano durante la gira europea ha sido su propuesta de desarme nuclear. Es un clásico de los presidentes norteamericanos desde Truman, ya sean republicanos o demócratas. Incluso el propio Bush hijo se insinuó, aunque sin demasiada convicción, atrapado por otras urgencias, ciertas o fabricadas. La percepción de una cierta recuperación del clima de guerra fría –o, al menos, de enfriamiento- de las relaciones con Moscú, desde el verano pasado, con la intervención rusa en Georgia, parecía haber neutralizado esas propuestas. Obama las recupera –y amplía- ahora, pero al fijar un horizonte temporal tan dilatado, el efecto benéfico de sus palabras se desvanece.
No se entiende bien que su administración sea tan complaciente con el proyecto de escudo antimisiles, cuyos mecanismos se establecerían, no por casualidad, en países recién llegados a la Alianza como Polonia y la República Checa, donde dominan mayorías sociales acríticas con Washington y muy suspicaces hacia Moscú. Obama asegura que el escudo protegería a Occidente de países como Irán antes que de Rusia, a la que no se atribuyen, al menos por ahora, intenciones agresivas.
Un editorialista del diario árabe ASHARQ AL-AWSA se preguntaba estos días si no se estaba exagerando el peligro nuclear iraní. Argumentaba que la eventual utilización del átomo por los ayatollahs –no digamos contra Estados Unidos, sino incluso contra Israel, el enemigo natural y cercano- significaría la aniquilación del territorio persa. ¿Para qué entonces el arma nuclear? Probablemente, para negociar. Como le ocurre al Kim Jong Il, aunque su presencia en escena sea más extravagante.
Esta administración sabe que el régimen islámico puede serle de mucha utilidad en su estrategia afgana. Teherán ha mostrado hábilmente su disposición a colaborar y Obama, aunque cautelosamente, ha dado los primeros pasos. Pero un avance significativo pasa por liquidar herencias neocon que todavía pesan como una losa en la nueva visión internacional de la administración Obama.
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