ORIENTE MEDIO: GUERRAS SECTARIAS Y PARADÓJAS




9 de Enero de 2014
                 
Todos los frentes de conflicto en Oriente Medio se han reactivado en las últimas semanas, a partir de la guerra civil en Siria, que actúa como factor principal en la desestabilización de la zona. Irak y Líbano viven sus consecuencias con especial intensidad. Las ondas de choque de este conflicto interno musulmán se propagan a otros países como Yemen y Afganistán. Pero, ante todo, ponen de manifiesto la hostilidad irreconciliable entre Arabia Saudí e Irán, que conoce un tiempo de especial virulencia debido al acuerdo nuclear provisional entre Teherán y Washington.
                
 SIRIA: GUERRA INTERNA REBELDE
                 
Los rebeldes sirios, sin olvidar su prioridad de derribar el régimen de Assad, parecen más concentrados recientemente en luchar ferozmente entre ellos. El conflicto se ha convertido en un auténtico pandemonium. Los rebeldes luchan abierta y ferozmente entre sí. Ya hace meses que los moderados (nacionales sirios la inmensa mayoría, sunníes y de otras confesiones, e incluso antiguos partidarios del régimen hoy desencantados o disidentes, más o menos apadrinados por Occidente) combaten contra los grupos opositores yihadistas.
                 
Últimamente, sin embargo, éstos últimos también se enfrentan entre sí. Como ocurre estos primeros días del año en la provincia norteña de Idlib. Los 'islamistas nacionales' de Al Nusra se han unido a los moderados prooccidentales para intentar expulsar de sus feudos a los ultras del denominado ISIS (Estado Islámico de Irak y Siria). Este grupúsculo, compuesto fundamentalmente por extranjeros, alberga el mismo propósito que sus correligionarios sirios, en cierto modo más moderados, apoyados por el reino saudí: derribar el eje chií-alauí que vincula a Irak y Siria con el padrinazgo de Irán.  Pero la brutalidad del ISIS ha hecho estallar las contradicciones en el frente yihadista. Este mismo grupo, el ISIS, se ha convertido en el protagonista del último ciclo de desestabilización en Irak.
                
 IRAK: SE RADICALIZA EL MALESTAR SUNNÍ
                
 El primer año sin presencia militar norteamericana se ha cerrado con un récord de muertes desde la retirada norteamericana y una sensación de inestabilidad creciente, agudizada en los últimos días con el pulso entre el gobierno, dominado por los chiíes y las milicias conectadas con Al Qaeda, en la convulsa provincia occidental de Anbar.
                 
Las razones de la turbulencia de las últimas semanas vienen de lejos, como ha explicado con todo detalle en el último número de la revista TIME el escritor, analista y reportero Ned Parker, un buen conocedor del país. Los sunníes iraquíes consideran que el gobierno del chií Nuri Al-Maliki les margina deliberadamente, cuando no los persigue y hostiga directamente. Un elemento particular de irritación ha sido la política carcelaria, que mantiene a cientos de sunníes en las cárceles, y la demora en las anunciadas reformas de los aparatos judiciales y de seguridad, para hacerlos más integradores.
                 
La emergencia del ISIS no contó al principio con el apoyo de líderes tribales sunníes en varias provincias de Irak. Pero los errores, dilaciones y problemas internos en el gobierno de Maliki fueron aumentando la irritación de esa comunidad, hasta ver en los grupos extremistas un instrumento de presión contra las autoridades de Bagdad. También ha contribuido a fortalecer al ISIS la división entre notables sunníes en la provincia de Anbar.
                 
En la ofensiva de los últimos días, los militantes próximos a Al Qaeda tomaron el control de las emblemáticas ciudades de Ramadi y Falluja. Para conseguirlo, ha resultado decisiva la defección de grupos locales sunníes que decidieron romper con el gobierno central. El gobierno ha reforzado los efectivos militares y se espera un asalto, una vez que la población civil haya evacuado las ciudades. Pero, pase lo que pase, ésta y otras provincias de mayoría sunní representarán un quebradero de cabeza para el gobierno central.
                 
De forma muy significativa, Maliki ha recibido armamento punta de Estados Unidos (misiles 'hellfire' y 'drones' de vigilancia) para hacer retroceder a estos grupos radicalizados sunníes, muchos de los cuales son extranjeros. Pero Obama no parece dispuesto a un apoyo incondicional porque no confía plenamente en Maliki. La Casa Blanca seguirá presionando al primer ministro iraquí para que ponga en marcha una política más integradora y restablezca las alianza con los sectores sunníes moderados, una estrategia que, unida al incremento de tropas norteamericanas ('surge'), detuvo a mitad de la década pasada a los insurgentes.
                 
LÍBANO: GUERRA POR ÓSMOSIS
                
En Líbano se prodigan los ataques terroristas y las calles de Beirut son testigos de escenas que recuerdan a los brutales años setenta y ochenta, debido a los atentados sectarios que reflejan el desafío de terroristas sunníes de origen extranjero al hasta ahora estable poder de Hezbollah, fuerza no única pero sí hegemónica de la comunidad chií, apoyada y financiada por Teherán.
                 
Esta milicia luego reconvertida en partido y hoy conglomerado social, político, militar y económico atraviesa por momentos de incertidumbre. Desde su gran éxito histórico -forzar la retirada militar israelí del Líbano-, Hezbollah no se había visto obligado a defenderse. La guerra siria le ha puesto en primera línea de combate y le ha expuesto a la feroz hostilidad  de sus nuevos enemigos, las milicias afiliadas a Al Qaeda que combaten mortalmente a su protector en Damasco.
                 
En un artículo para FOREIGN AFFAIRS, el investigador Bilal Saab asegura que, por vez primera en su historia, se tiene la sensación de que Hezbollah podría estar viviendo "el principio del fin". Una estimación quizás precipitada o atrevida. Pero es cierto que flota una inédita percepción de debilidad. Esto se debería a tres factores: la dureza de los ataques enemigos, la pérdida reciente de algunos de sus principales jefes militares y las discrepancias en el conjunto de la comunidad chií libanesa -y en la propia organización- sobre el alcance del compromiso de la organización con la supervivencia del clan Assad.
                 
Irónicamente, Hezbollah es beneficiario subsidiario del deshielo entre Washington y Teherán, que ha propiciado el acuerdo nuclear interino. El propio líder espiritual de la organización, el jeque Nasrallah, lo ha admitido públicamente.                
           
UN LIMITADO ACERCAMIENTO               
                 
Irán y Estados Unidos comparten el objetivo de frenar el despliegue de Al Qaeda y sus acólitos en los distintos frentes de conflicto sectario. A Irán le interesa ahora la estabilidad para rehacer su economía.
Hay cada vez más señales que la administración norteamericana está dispuesta a otorgar un papel relevante a la diplomacia iraní en la región, si se afianza la vía constructiva que perciben en el eje Rohani-Zarif (Presidente y Ministro de Exteriores).
                 
En todo caso, esta cooperación tras 35 años de enemistad sigue un ritmo prudente y vacilante. Primero, porque la convergencia de intereses en Irak o en Líbano tiene sus límites. Segundo, porque no se advierten puntos de encuentro sobre el futuro de Siria. Y, finalmente, pero no menos importante, porque este paradójico acercamiento está provocando auténticas alarmas en Arabia Saudí y en Israel (ambos aliados privilegiados de EE.UU. en la zona y enemigos acérrimos de Irán). Israel seguirá boicoteando la continuidad del acuerdo nuclear. Arabia Saudí continuará apoyando, directa o indirectamente, confesable o inconfesablemente, a los movimientos yihadistas que amenacen las posiciones de poder favorables a Irán, aunque para ello alimente a sectores a los que persigue o dice perseguir en su patio trasero
                 
Un primer síntoma de los límites del inesperado acercamiento: la cabriola diplomática de Kerry proponiendo que los iraníes participaran de forma lateral o secundaria ("sidelines") en la conferencia internacional sobre Siria ha provocado un rechazo elegante de su colega iraní. "Teherán sólo aceptará ofertas que preserven el honor de la República Islámica". Los moderados pragmáticos iraníes tienen muy claro hasta donde pueden llegar.
               



BANGLADESH: UN PUÑADO DE DETERGENTE PARA BLANQUEAR LA 'ROPA SUCIA'



2 de Enero de 2014 

Después de ocho largos meses de demoras y dilaciones, acaba de constituirse un fondo de compensación para los familiares de los 1.132 fallecidos y los dos millares de heridos en el derrumbamiento del edificio de la factoría Rana Plaza, de Dacca, la capital del país, el pasado mes de abril. Previamente, la policía había inculpado a 13 personas por homicidio negligente en el incendio de otra fábrica textil de Tazreen, ocurrido en noviembre de 2012, en el que murieron más de un centenar de personas.
                 
Estos dos son los casos recientes más dramáticos, a través de los cuales hemos sabido algo más sobre las deplorables condiciones de trabajo de los obreros que fabrican buena parte de las prendas de vestir que nosotros compramos en las principales tiendas de distribución europeas y norteamericanas.
                 
El fondo de compensación de Rana ha sido pactado por algunas empresas textiles, casi todas europeas, el gobierno y las organizaciones sindicales. El dinero comenzará a reunirse en febrero, una vez que se fijen las cuotas de cada parte. Se trata de un paso adelante, aunque la cantidad parece irrisoria: 40 millones de dólares. Para entender el impacto de estas compensaciones, hay que tener en cuenta que el sueldo mensual más habitual en esos talleres no supera los 40 dólares al mes, o 500 dólares anuales, y cada beneficiario recibirá unos 25.000 dólares. En estos ocho meses transcurridos desde la catástrofe, las víctimas sólo habían recibido pequeñas cantidades (unos 200 euros) en concepto de ayuda de emergencia, aportadas por la empresa anglo irlandesa Primark, una de las que más encargos había hecho en el Rana Plaza. Muchos de los heridos y lesionados siguen teniendo muchas dificultades para reintegrarse a la vida laboral, debido a las lesiones sufridas.
                 
Dos mil personas han muerto en los talleres textiles de Bangladesh en lo que va de siglo. Esta actividad fabril representa las cuatro quintas partes de las exportaciones del país. Las autoridades no tienen ni la voluntad ni la capacidad políticas para establecer normas más seguras y saludables en las instalaciones. La veintena de compañías que recibían productos manufacturados en el edificio de Rana Plaza cuenta con instrumentos de presión y equipos de abogados experimentados, por no hablar de posibles complicidades políticas y un entorno favorable a la desprotección y la ausencia de derechos laborales y sociales.
                 
Si ahora se ha constituido el fondo, en el caso de Rana Plaza, o se han practicado diligencias policiales y detenciones, en el de Tazreen, no es solamente por una mayor conciencia, o porque haya cambiado la tendencia en las relaciones laborales en Bangladesh. La razón principal estriba con toda probabilidad en el intento de las grandes marcas por mejorar su imagen y no hacer peligrar sus ventas en sus cadenas de tiendas en Occidente.
                 
EL LIMITADO CONTRASTE ENTRE ESTADOS UNIDOS Y EUROPA
                
Hasta ahora,  se han adherido al fondo de compensación de Rana sólo algunas de las empresas que tenían encargos en Rana Plaza: Bon Marché, El Corte Inglés, Benetton, Loblaw y Primark. Todas europeas.
                
Más allá de estas compensaciones en este caso específico, las firmas europeas suscribieron el pasado mes de mayo un acuerdo para establecer un sistema de aparente mejora de las condiciones de seguridad y trabajo. Para formalizar contratos de suministro de prendas, se obliga a las compañías manufactureras a correr con parte de los gastos e inversiones necesarios y se permite la participación sindical en la implementación y seguimiento de las medidas. Entre los signatarios figuran Benetton, Inditex, H&M, Carrefour, Primark, El Corte Inglés, Mango y otras.
                
Ciertamente, algunas compañías norteamericanas se han adherido a este acuerdo, pero son muy contadas (Abercrombie, Fruits of Loom y American Eagle). La gran mayoría ha optado por una estrategia diferente, mucho menos comprometida y exigente. La racanería llega hasta el punto de que, para contribuir a la mejora de las condiciones de seguridad, contemplan la aportación de préstamos, pero no cantidades a fondo perdido.
                 
El caso más significativo es el de Walmart. Esta compañía se ha negado incluso a contribuir al fondo de indemnización a las víctimas del Rana Plaza, pese a que en el edificio siniestrado se encontraron documentos que acreditan que un contratista canadiense estaba produciendo allí pantalones vaqueros para la gigante multinacional de la distribución. Fuentes de Walmart aseguran, no sin cinismo, que desconocían la actividad de su contratista.  En realidad, las grandes compañías norteamericanas temen que la participación en el fondo puede ser entendido como un reconocimiento explícito de responsabilidad en el mantenimiento de un escandaloso sistema de explotación laboral.
                
En una declaración al NEW YORK TIMES, el director de una ONG norteamericana dedicada a proteger los derechos laborales (Worker Rights Consortium), ha definido con mucha claridad el comportamiento de estas empresas de distribución: "increíblemente, no parecen sentir responsabilidad alguna hacia las familias cuyas vidas han sido destruidas como resultado de su negligencia".
                 
En todo caso, todas estas empresas (de uno u otro lado del Atlántico) parecen guiadas por motivaciones de imagen, ya que ninguna parece dispuesta a renunciar a un modelo de producción que persigue el máximo beneficio al menor coste posible, para asegurar su competitividad en un mercado muy dinámico y agresivo. Recientemente, fracasaron unas negociaciones, en las que los sindicatos plantearon triplicar los salarios de estos trabajadores textiles para adecuarlos a una realidad social más justa. Los fabricantes aseguraron que sus clientes occidentales no están dispuestos a pagar ese aumento de los costes de producción.
                 
LA COMPLICIDAD LOCAL
                
Las autoridades de Bangladesh se han mostrado enormemente indulgentes con estas actividades fabriles y han impedido la adopción de medidas más rigurosas de seguridad y la protección de derechos laborales y sindicales. Buena parte de los diputados y ministros tienen conexiones directas o indirectas con el negocio textil. En los casos de Rana y Tazreen, los encargados de las plantas obligaron a los obreros a continuar su labor a pesar de que se habían registrado evidencias de graves riesgos de seguridad (grietas en las paredes o humo, según el caso). Los gobernantes no han querido incomodar a la gallina de los huevos de oro, en uno de los países más pobres de Asia.
                
Las medidas puestas en marcha a consecuencias de las últimas tragedias en el sector también comprometen al gobierno a adoptar un sistema de control y vigilancia mucho más estricto. Pero sectores sindicales temen, como señalaba recientemente el diario THE WASHINGTON POST, que las elecciones legislativas este mes de enero puedan paralizar parcialmente el funcionamiento del aparato político y administrativo y demorar la aplicación de algunas de estas medidas vitales para proteger la vida de uno de los colectivos laborales más explotados del planeta.

CHILE: BACHELET Y EL PAGO DE LAS DEUDAS SOCIALES



19 de Diciembre de 2013
              
La democracia chilena y las víctimas de la ominosa dictadura del General Pinochet han tenido una simbólica satisfacción en el cuadragésimo aniversario del golpe militar que derrocó a Salvador Allende. La socialista Michelle Bachelet, hija de un general constitucional que se opuso al designio criminal, volverá a La Moneda en marzo. Es imposible no sentir cierto alborozo por este guiño favorable de la historia.
                
 El segundo triunfo electoral de Bachelet, por su amplitud y oportunidad, despierta un caudal de expectativas en el país. En Chile, la izquierda habría participado en el gobierno más que en cualquier otro país de América Latina, desde el doble ciclo calamitoso padecido por la región en las últimas cuatro  décadas: los sangrientos golpes militares y el costoso experimento económico conocido como "consenso de Washington". Y, sin embargo, la deuda social de la recobrada democracia chilena es enorme.
               
LA TAREA PENDIENTE DE LA DEMOCRACIA
                 
Para superar las fuerzas de la dictadura, la izquierda tuvo que forjar un consenso llamado Concertación, que implicaba la colaboración con el centro-derecha. Pero, ante todo, aceptó una buena parte del modelo socio-económico pinochetista. Durante buena parte de los noventa, mientras otros países iberoamericanos permanecían atascados por la terrible herencia de la 'década pérdida', Chile parecía un elemento extraño en la región. Las ventajosas condiciones con que fueron atraídos los inversores privados, nacionales y extranjeros, propiciaron resultados macroeconómicos muy positivos.
                 
Sin embargo, incluso en plena cresta de la ola del crecimiento, no fueron pocas las voces que alertaron contra el escaso impacto social de la prosperidad. O incluso algo peor: el perverso efecto que el crecimiento económico tan alabado fuera del país (y dentro: por los portavoces y propagandistas de sus beneficiarios) estaba teniendo para la gran mayoría de la población. Los gobiernos de centro-izquierda, aún conocedores de esta situación, no quisieron o no pudieron revertir la tendencia.
                 
En 2010, acabado el primer mandato de Bachelet, la coalición que había asegurado el final de la dictadura no presentó un candidato con suficiente crédito para rectificar el rumbo. Las bases progresistas dejaron de confiar en una fórmula agotada. El voto giró a la derecha. Caló el mensaje de Sebastián Piñera, un hombre de negocios que prometía eficacia, gestión empresarial. Política mediática, sin llegar al 'berlusconismo' que algunos temían. Al cabo, esta corta experiencia de una derecha supuestamente moderna y alejada de los fantasmas de la dictadura ha confirmado y consolidado el gran lastre del modelo chileno: la desigualdad.
                
La renta per cápita del país se ha multiplicado casi por cinco desde el final de la dictadura, hasta alcanzar los 20.000 dólares. Pero, como se ha repetido estos días hasta la saciedad, Chile es el país más desigual de los 34 que componen la OCDE. Hay muchos indicadores que lo atestiguan. El más utilizado internacional es el coeficiente de Gini. Este marcador refleja una mayor desigualdad cuanto más se aleja de cero. El 0,4 constituye ya una cifra inadmisible. En Chile alcanza el 0,52; eso, oficialmente, porque otros estudios lo elevan al 0,57.  Según un estudio reciente de la Universidad de Chile, el 1% por ciento de los más ricos concentra casi la tercera parte (31%) de las rentas. Es un índice pavoroso, si tenemos en cuenta que en Estados Unidos, paraíso de la desigualdad entre los más países desarrollados, ese club famoso de 'unocentistas' no acumula más que una quinta parte de los ingresos (21%). Los asalariados chilenos no han visto mejorada notablemente su condición por el supuesto éxito del celebrado modelo nacional. La mitad de ellos gana menos de 400 euros.
                 
EDUCACIÓN, PRIMERO
                
Durante sus cuatro años en La Moneda (2006-2010), Bachelet hizo un esfuerzo muy meritorio para corregir estas perversiones sociales y mejoró el sistema de salud (que ella conocía bien por su profesión médica) y los programas sociales, lo que le granjeó una gran popularidad. Pero no modificó sustancialmente el desequilibrio social. Consciente de que la clave para lograrlo es  la formación de las clases más desfavorecidas, ha edificado el programa de gobierno de su segundo mandato en torno al pivote de la educación.
                 
La presidenta quiere destinar más de dos puntos del PIB en mejorar ese servicio básico, crear más universidades públicas y pagar los estudios al 70% más pobre de la población estudiantil. De alguna manera, es la retribución del dividendo social que la democracia adeudaba a las clases más desfavorecidas. Bachelet quiere sacar el dinero de elevar los impuestos más altos a las empresas más potentes,  hasta un 25 por ciento de aumento,  y acabar con el insólito privilegio que suponía poder aplazar de forma continuada el pago de las obligaciones fiscales de los beneficios reinvertidos. Chile presumía de ser un país moderno, europeo decían allí algunos, excepto en las exigencias impuestas al capital privado.
                 
Bachelet supera el 57% de la mayoría parlamentaria exigida por la Constitución para introducir reformas educativas. Pero tendrá que afrontar resistencias peliagudas. La derecha económica y social ya está advirtiendo que la presidenta puede poner en peligro la inversión privada. Lo cual, en un ciclo económico que parece declinante, augura un clima de alarmismo político. Chile seguirá creciendo en 2014, pero a un ritmo inferior, en torno a un 4,2%, según la previsión del Banco Central, entre uno y dos puntos menos que el año pasado (5,6%). Algunos economistas chilenos que trabajan en instituciones internacionales anticipan un importante repunte del desempleo. En gran medida, estos nubarrones están motivados por el descenso del precio de la principal materia prima del país, el cobre, que puede suponer una pérdida acusada de ingresos: de 2.500 millones de dólares este año a sólo 600 millones en el primer año del nuevo mandato de Bachelet.
                 
OTROS CAMBIOS SOCIALES Y POLÍTICOS
                 
La presidente electa ha prometido otros importantes cambios sociales. La mejora de la condición femenina no es el menor.  A la desigualdad social, se une la de género. La mujer cobra, de media, la tercera parte que el varón. Por su desarrollo económico, Chile es uno de los países con menos mujeres a los mandos de empresas e instituciones. Muy espinoso será el reconocimiento de los "derechos sexuales y reproductivos", como gusta de decir Bachelet. No podrá dejar de abordar la relajación de las condiciones para abortar. Chile tiene uno de los sistemas más restrictivos del mundo, debido a la fuerte influencia de la Iglesia católica. Bachelet sabe que se enfrentará a una resistencia tremenda y ha sido muy cauta durante la campaña ("una presidenta no puede imponer sus puntos de vista a la sociedad", ha dicho). Pero, para ella, que viene de dirigir el organismo de la ONU dedicado a la defensa de los derechos de la mujer, éste es otro objetivo inexcusable.
                
 La reforma constitucional figura de forma destacada en el programa de Bachelet. Chile necesita sacudirse todos los resabios políticos restrictivos, emboscados en la Constitución diseñada por el pinochetismo. El sistema electoral binomial fue un ardid de la dictadura decadente para dificultar los cambios. Para acometer la modificación constitucional se necesitan las dos terceras partes de los votos del legislativo. Bachelet ha obtenido un éxito importante que le coloca al borde de esa mayoría. Podría complementarlo con los independientes, pero tendrá que empeñarse. Las resistencias se prolongarán en los tribunales.
                
 Los medios conservadores -la inmensa mayoría, como en todas partes- ya anticipan que las enormes expectativas del segundo mandato de Bachelet podrán convertirse en un peligro. En Nueva Mayoría, la coalición que ha posibilitado el regreso de la izquierda, está ahora el Partido Comunista, ausente de cualquier combinación de gobierno desde la época de Allende. Está por ver si éste y otros sectores más progresistas o radicales conceden tiempo y crédito a la renovada presidenta. Por otro lado, no conviene olvidar que la gran mayoría de los electores se quedaron en casa. La abstención superó el 60%, ahora que ya no era obligatorio votar. Quizás porque el triunfo de Bachelet parecía asegurado. Pero es evidente que la desafección se presenta como una amenaza.
                 
Si el camino se empina, las dificultades económicas se confirman y las presiones de los más favorecidos arrecian, Bachelet tendrá que tirar de prestigio y coraje para mantener compactas las filas de quienes consideran imprescindible rendir cuentas con la mayoría social.