¿SE TUERCE LA POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS DE OBAMA?

27 de febrero de 2009

España se ha comprometido a acoger presos de Guantánamo, “si las condiciones jurídicas con aceptables”, ha dicho el Ministro Moratinos en Washington, después de entrevistarse con su colega Hillary Clinton.

En este caso, el condicional “si” es un GRAN SI, como dicen los anglosajones. Porque si algún atributo resulta especialmente inadecuado para definir el sistema judicial aplicado a los sospechosos de terrorismo es precisamente el de “aceptable”.En el avión que le llevaba a Washington, Moratinos pudo reapasar la penúltima historia relacionada con esta herencia envenenada que Bush le ha dejado a Obama.

Esta semana llegó a Londres procedente de Guantánamo uno de los supuestos colaboradores de Al-Qaeda. Se trata de Binyam Mohamed, un hombre de origen etíope y ciudadanía británica, que llegó a la prisión ilegal de la base militar norteamericana después de una travesía de horror por varios países aliados de Estados Unidos. Su abogado, Clive Stafford, ha construido una audaz estrategia de defensa que ha puesto en apuros al gobierno y a los servicios secretos británicos y podría dejar en evidencia las indecisiones y dudas de la administración Obama.

Binyam Mohamed fue detenido en Karachi, Pakistán, en abril 2002, sin que se le comunicaran los motivos. Después de ser sometido a un interrogatorio conjunto de los servicios locales y la CIA, acompañado de tortura según su abogado, fue acusado de preparar un atentado en Estados Unidos con “bomba sucia” (argot para referirse a un dispositivo nuclear rudimentario).

A los pocos meses de su detención, fue visitado en cautividad por un agente del MI5 británico, quien pudo comprobar el lamentable estado en que se encontraba. Aún así, el agente, conocido como Testigo 2, no formuló preguntas obvias al detenido sobre las razones de su estado físico y las condiciones de su detención. Algunos documentos relacionados con la intervención del agente han sido obtenidos por el periódico británico THE GUARDIAN y el semanario alemán DER SPIEGEL. Dos meses después, Mohamed fue trasladado en un avión secreto de la CIA a Marruecos, donde sufrió otro interrogatorio ejercido con torturas que su abogado califica de “medievales”.
Un tribunal británico recomendó que se hicieran público los documentos. Intervino entonces el actual ministro de exteriores, David Milliband, para advertir que la revelación de esos documentos “perjudicaría las relaciones de inteligencia” entre Gran Bretaña y Estados Unidos y supondría un “riesgo real de daño serio a la seguridad nacional”. El Tribunal paralizó las diligencias. Pero al publicarse que la administración norteamericana habría amenazado con interrumpir su colaboración en materia de inteligencia si se revelaba el contenido de los comprometedores papeles, es posible que el caso se reabra en abril.
El abogado ha remitido una carta a Obama en la que detalla los aspectos claves del caso, pero asegura que la misiva fue depurada por altos funcionarios y el presidente no pudo leerla entera. Stafford acusa al gobierno británico de “esconder cosas y no facilitar documentos que contienen pruebas” sobre el caso, y responsabiliza de esta estrategia de ocultación a Tony Blair, entonces primer ministro.
En un anticipo de lo que puede pasar, el abogado Stafford asegura a DER SPEIGEL que los gobiernos de Francia y España “temen que la acogida de prisioneros dispare procedimientos legales, juicios y demandas de compensación civil”. La ONG británica Reprieve, a la que Stafford pertenece, asegura que “entre cuatro y seis" presos, de nacionalidad tunecina y argelina, quieren ser acogidos en España.
El caso de Biyam Mohamed abona las dudas sobre la actitud del equipo jurídico y de seguridad de Obama. Esta semana, el semanario NEW YORKER ha publicado un extraordinario informe en el que detalla cómo destacados asesores y altos cargos de la administración admiten que el presidente podría verse obligado a mantener ciertos aspectos de la política de justicia antiterrorista de Bush.
Lagunas jurídicas, dificultades para articular con eficacia la lucha contra las amenazas terroristas, presiones infames de anteriores responsables políticos y otros vidriosos argumentos empujan a estos expertos a recomendar que se mantenga cierta forma de “detención preventiva”. Estos altos cargos hablan abiertamente incluso de pactar con el Congreso la creación de un “Tribunal de Seguridad Nacional”. Lo paradójico es que algunos de estos asesores reclamaron en su momento el cierre de Guantánamo o ganaron pleitos a los escuderos de Bush por sus actuaciones ilegales.
Pocos días después de abandonar la Casa Blanca, Dick Cheney llegó a acusar a Obama de “estar más preocupado por los derechos de los terroristas de Al Qaeda que por velar por la seguridad de Estados Unidos”. El cerebro de la política antiterrorista de Bush llegó incluso a alarmar con el peligro de estar expuestos a un ataque terrorista nuclear o biológico, si Obama no mantenía la política antiterrorista vigente desde 2001. Estas presiones y una estrategia de propagación del miedo han podido hacer mella en Obama y sus caballeros jurídicos.
Las tres órdenes ejecutivas de Obama nada más jurar su cargo, en las que se prohibía la tortura, se restablecían los interrogatorios reglamentarios y se anunciaba el cierre definitivo de Guantánamo fueron saludadas con esperanza. Pero ya comentamos que dejaban demasiadas interrogantes abiertas que ahora se agrandan y espesan. Durante la campaña, Obama proclamó que era inconstitucional mantener a detenidos sin cargos ni acceso a abogado; ahora, está considerando la introducción de ciertas excepciones o limitaciones a la libertad y a derechos jurídicos básicos para sospechosos.
Lo que atormenta especialmente a la nueva administración es el dilema de qué hacer con la llamada “tercera categoría” de detenidos, aquellos a los que resulta difícil someter a la justicia norteamericana, pero que podrían representar una seria amenaza para la seguridad del país si son puestos en libertad, explica THE NEW YORKER.
Hace unos días, THE NEW YORK TIMES desvelaba que esta administración había avalado el programa de la CIA de transferir prisioneros a otros países sin amparo legal. O sea, más casos Binyam Mohamed. Asimismo, se había asumido la doctrina Bush sobre la protección de los secretos de Estado para bloquear las demandas judiciales interpuestas por exprisioneros . Más preocupante aún: se filtran nuevas consideraciones que dejan abierta la puerta a la reanudación de las denostadas comisiones militares que han nutrido de huéspedes a Guantánamo. Decididamente, la recuperación del sistema de libertades y garantías no va a ser un camino fácil en Estados Unidos.