ZOMBIS JURÍDICOS

1 de febrero de 2009

El fantasma de Guantánamo legado por la administración Bush, no se ha resuelto del todo con las primeras órdenes ejecutivas del Presidente Obama. Desgraciadamente, la voluntad política del nuevo gobierno no será suficiente para liquidar la mayor vergüenza de la historia jurídica norteamericana desde Vietnam.
El embrollo legal, las implicaciones políticas de las alternativas penitenciarias y el estado de pánico creado por la utilización torticera de la amenaza terrorista complican la superación rápida de la pesadilla.
Las órdenes ejecutivas de Obama establecen el cierre del sistema de detención de Guantánamo en el plazo de un año, el repudio de las comisiones militares y la vuelta a la jurisdicción ordinaria –civil o militar- para abordar los casos, y la prohibición de torturas y sevicias en los interrogatorios de la CIA como método de obtener información de los supuestos terroristas detenidos o apresados.
Pero las organizaciones de defensa de los derechos humanos han señalado estos días ambigüedades en la decisión del nuevo presidente y factores políticos y psicológicos subyacentes que podrían tener desarrollos inquietantes en los próximos meses.
En primer lugar, la directiva presidencial no descarta de forma tajante el uso de “procedimientos especiales” de nuevo cuño para el tratamiento jurídico de algunos de los todavía 245 huéspedes de Guantánamo.
Sobre el asunto de los interrogatorios, algunos creen ver cierta ambivalencia. Es verdad que se establecen como referencia los manuales clásicos de las fuerzas armadas y se rechazan la presión física, la inducción de pánico, el sometimiento al aislamiento y otros métodos próximos a la tortura o claramente propios de ella. Pero el decreto presidencial deja la puerta abierta a “cambios de política”. Y, lo que algunos medios como LOS ANGELES TIMES han visto como más preocupante, se crea un grupo especial que deberá examinar esos manuales militares para “determinar si la CIA necesitaría orientaciones distintas o adicionales”.
Los que defienden la limpieza de las intenciones del nuevo gobierno aseguran que no hay por qué albergar sospechas y, en todo caso, señalan los factores que dificultaran una alternativa viable a los guantánamos.
En primer lugar, el riesgo de que, como consecuencia de las innumerables irregularidades cometidas, muchas de las acusaciones queden sin efecto, ahogadas en la nulidad del proceso. Eso podría provocar que algunos de los detenidos sobre los que pesan más que evidencias de responsabilidad de graves crímenes tuvieran que ser puestos en libertad. En este sentido, produce escalofríos a los asesores de Obama que el mismísimo Jaled Sheikh Mohamed, presunto cerebro del 11-S, pudiera verse exonerado por haber sido sometido al suplicio del waterboarding (“la bañera”), como otros “presos de gran valor”, por su relevancia en la cadena operativa binladista.
Otro factor que complicará la superación del problema es la difícil reubicación de los 245 de Guatánamo y de las decenas de detenidos más que andan repartidos por los miniguantánamos creados por los guerreros de la CIA, en forma de cárceles secretas, centros de detención flotantes y otras celdas ominosas. Algunas informaciones situaban a la mayoría de estos presos en dos cárceles militares de alta seguridad, en Kansas y Carolina del Sur. Pero podrían no ser suficientes; o, para los que sean sometidos a procesos civiles, se precisarían de prisiones ordinarias, ya en funcionamiento o por construir. Hasta ahora, representantes y senadores se han cuidado mucho de ofrecer sus estados respectivos para albergar a los presuntos culpables. Hay un temor extendido a que estos futuros penados sean imanes para acciones de represalia yihadista.
Tampoco ayuda la difícil expatriación de estos prisioneros irregulares. Por tres razones. Una, en sus países de origen no los quieren. Dos, no existen garantías de que reciban mejor trato que el sufrido; más bien al contrario: no en vano, los gobiernos árabes aliados de conveniencia de Estados Unidos han sido cómplices de la ilegítima política penitenciaria de la administración Bush y presentan terribles credenciales en materia de derechos humanos. Y tres, podrían resultar “filtrados”. Ya habría habido un caso: el del saudí Said Ali al-Shihri. Una vez abandonado Guantánamo y después de haber pasado por un programa de rehabilitación en Arabia, se habría convertido en jefe de Al Qaeda en Yemen, según fuentes de inteligencia citadas por el NEW YORK TIMES.
Y en Occidente, la importación de los guantánamos produce incomodidad e inquietud. Es cierto que algunos países europeos han aireado su disponibilidad de hacerse cargo de algunos para ganarse la simpatía de la nueva administración. Pero la mayoría ha aceptado con la boca muy pequeña y el corazón encogido. La reflexión previa sobre el asunto realizada por los ministros de exteriores de la UE no concluyó, como de esperar, con una posición común. El antecedente australiano prefigura complicaciones.
Por lo demás, si Obama ha resuelto el asunto Guantánamo y asociados, con las salvedades señaladas, en cambio ha aplazado el del centro de detención de Bagram, en Afganistán. Bagram huele incluso peor: los detenidos están sometidos a condiciones más duras y no tienen a acceso a sus abogados. El Presidente ha encargado al Fiscal General y al Ministro de Defensa que elaboren una solución alternativa en el plazo de seis meses. Pero ¿qué pasaría si se produce una ofensiva militar norteamericana en Afganistán, como parece más que probable? ¿Una nueva oleada de prisioneros taliban o jihadistas obligaría a Washington a revisar la revisión? ¿O a acelerarla?
Un juez de Columbia ha puesto un plazo mucho más corto –apenas un mes- para que la administración de respuesta a una petición de habeas corpus solicitada por cuatro detenidos en Bagram. Y el juez se basa precisamente en las intenciones contenidas en los decretos de Obama.
Además de ciertos jueces, numerosas asociaciones cívicas y medios progresistas, no parecen dispuestos a que los presos sin derechos se conviertan en zombis jurídicos, cuyos derechos legales estén formal o aparentemente vivos pero, en la práctica, se encuentren privados de vida real.