20 de Febrero de 2014
Tres
meses de protesta en Kiev han acabado en matanza. Era uno de los desenlaces
anunciados, tras una cadena de acontecimientos lamentables en los que, si se
quiere ser riguroso, no hay un solo responsable, el Presidente Yanúkovich y su sistema de poder
La
represión brutal no debe justificarse bajo ningún concepto. Pero sería ingenuo
o interesado ignorar o esquivar que determinados sectores emboscados en la protesta
perseguían precisamente lo ocurrido estos días: es decir, que
una exhibición de fuerza diera por concluida una fase de la crisis para debilitar
internacionalmente al régimen y replantear el asalto al poder, sin demasiados
escrúpulos hacia los procedimientos civilizados. De hecho, ya se han producido
ataques y ocupaciones de edificios en varias ciudades del país.
UN
COMPROMISO FALLIDO
En
las horas previas al asalto de las temidas Berkut (unidades
antidisturbios), se estaba discutiendo una reforma constitucional que reforzaba
los poderes del Parlamento en detrimento de la autoridad presidencial. Además, se
habían producido ciertas concesiones de ambas partes, y en particular del gobierno,
que había ofertado una amnistía para liberar a buena parte de los detenidos, a
cambio de que unos grupos de manifestantes abandonaran la alcaldía de Kiev, que
llevaban semanas ocupando, como refugio del intenso frío invernal.
Poco
después de este compromiso, que la propia Unión Europea saludó como positivo,
se produjo un vuelco que abocó a la salida violenta. El gobierno sostiene que
los sectores más extremistas de la oposición habían introducido armas en la
plaza Maidan, epicentro de las protestas, y empezaron a agredir a las fuerzas
del orden. La ocupación de un edificio usado habitualmente por los militares,
en las proximidades del Parlamento, pudo ser otro precipitante de la actuación
policial. Portavoces de los manifestantes aseguran que la carga se inició sin
que mediara provocación. Pero un periodista de LE MONDE cuenta que los ultraderechistas
disponían de útiles de de defensa paramilitares, lo que podría indicar que
esperaban (¿deseaban?) una escalada violenta. Tras las primeras embestidas
policiales nocturnas, hubo intentos de diálogo entre el gobierno y la
oposición, sin resultado aparente. La tregua que se ha pactado
después de que corriera la sangre se antoja frágil y efímera.
Esta
deriva de la crisis ucraniana hace más difícil, si no lo era ya, un compromiso
político. La radicalización favorece a los sectores más intolerantes de ambos
bandos. El régimen reforzará sus tesis de que se preparaba un golpe extremista,
con el apoyo -voluntario o no, pero en todo caso irresponsable- de los gobiernos occidentales. La oposición
más radical, de orientación ultraderechista y antisemita, apuesta por un
reforzamiento de las sanciones europeas y norteamericanas y podría preparar una
campaña de desestabilización sin contemplaciones.
El
resultado de esta estrategia de la tensión dependerá, por un lado, de la
firmeza con la que Moscú respalde a Yanúkovich. De momento, empieza a fluir la primera entrega
de los 15 mil millones de dólares en créditos. Más influencia tendrá en los
acontecimientos el sentido en que circulen las apuestas de los llamados
oligarcas, es decir, los poderosos magnates de la industria y los servicios.
Hasta hace pocos meses, respaldaban casi
unánimemente al Presidente, pero en las últimas semanas han ido rebajando y
condicionando su apoyo.
UNA
OPOSICIÓN DE DUDOSA SOLVENCIA
La
tragedia de Ucrania es que a un régimen corrompido por los intereses y un
autoritarismo trasnochado no se le enfrenta una oposición sólida, inteligente y
equilibrada, sino un ramillete de partidos liderados por dirigentes ambiciosos,
mediocres o extremistas.
El
líder más popular es el antiguo boxeador Vitali Klitschko, residente largos
años en Alemania (habla perfectamente alemán), cuyo partido (denominado UDAR,
siglas en ucraniano de PUNCH, la bolsa de entrenamiento de los boxeadores)
obtuvo un 14% de los votos en las elecciones legislativas. Su programa es
exiguo, centrado casi exclusivamente en el combate contra la corrupción, sin
entrar en detalles. Ha hecho del acuerdo con la UE su bandera, aunque los
diplomáticos europeos reconocen en privado que carece de capacidad para dirigir
el país, y menos en estas circunstancias.
La
otra fuerza emergente es SVOBODA, Libertad en eslavo. Una denominación
engañosa para una formación claramente xenófoba y ultranacionalista. Obtuvo 10%
en las elecciones legislativas. Su líder, Oleh Tyahnybok, emplea un lenguaje antisemita apenas
disimulado y gusta de inflamadas proclamas nacionalistas que resultan ofensivas
para la mitad oriental del país, que es rusoparlante y tan ucraniana como la
occidental.
Finalmente,
la formación más experimentada es la congregada en la plataforma PATRIA, cuya
líder, Iulia Timoshenko cumple pena de cárcel por corrupción. Esta antigua
primera ministra no es una heroína de la libertad o la transparencia, aunque
los dirigentes de la UE hayan promovido activamente su liberación. Con
independencia de las irregularidades que se observaron durante el proceso
judicial, Timoshenko arrastra unas credenciales poco envidiables. En su
ausencia, dirige el partido Arseni Yatsenyuk, ex de casi todo lo importante: ministerio de exteriores y
de economía y presidencia del Parlamento. Algunos comentaristas occidentales
creen que podría intentar forjar una
plataforma unitaria de la oposición. Empeño en absoluto garantizado, ya que, si
el régimen cayera, la siguiente batalla, ya en ciernes, enfrentaría a unos grupúsculos
de la oposición contra otros.
La protesta ucraniana
más digna no debería buscarse entre los partidos, y menos entre las falanges
violentas de la ultraderecha, sino en sectores cívicos bienintencionados, pero
escasamente articulados: estudiantes que creen en el compromiso europeo como si
se tratara de un salvavidas, periodistas defensores de la transparencia,
activistas de derechos humanos idealistas o seducidos por la mística de las
recientes revoluciones ciudadanas, etc.
Las sanciones que ya
prepara la UE constituyen la clásica respuesta a este tipo de crisis, complejas
en su gestación y difíciles en su tratamiento. Como suele ser habitual, podría
perjudicar más a la población que sufre el mal gobierno que a los responsables
de las desgracias. Si la oposición más radical interpreta el castigo como una
señal de apoyo a su lucha sin cuartel, la iniciativa podría engrasar la
catástrofe.
Defender la libertad y
los derechos humanos es una obligación de la Europa democrática. Pero
convendría no posicionarse a favor de opciones de dudosa credibilidad
democrática. Sería un error que sólo contribuirá a profundizar y agravar el
conflicto.
