MEXICO: DESAFIO A LA DEMOCRACIA

14 de Enero de 2010
México está instalado en una pesadilla que no tiene fin. El poder del narcoterrorismo ha superado las fronteras de la peligrosa delincuencia organizada, con su amenaza constante de violencia y desestabilización social, para convertirse en un auténtico desafío al propio sistema democrático. Desgraciadamente, las recientes caídas de algunos de los más terribles criminales no anticipan una mejora sustancial del clima de terror y salvajismo en el que parece sumida la república a lo largo de la presente década.
Sólo en los tres años de gobierno del Presidente Calderón, han muerto en el país, como consecuencia de la violencia narcoterrorista, más de 15.000 personas. El año que acaba de concluir ha sido especialmente sangriento, con más de 6000 víctimas mortales. De esta forma, los carteles de la droga, convertidos en auténticos grupos paramilitares, han respondido a la ofensiva que Calderón inicio al comienzo de su mandato para frenar una escalada que no había dejado de crecer durante los sexenios de sus tres antecesores.
El recrudecimiento de la violencia practicada por los carteles de la droga tiene dos motivaciones. Primero, responder al desafío del gobierno de forma contundente para hacer fracasar la estrategia de fuerza. Segundo, ganar posiciones en el interior de la constelación delictiva para fortalecer las estructuras propias frente a las de sus rivales.
En su documentado e imprescindible estudio sobre la naturaleza y evolución del fenómeno narcoterrorista en México, Jean-Françoise Boyer sostiene que la contienda del Estado contra las bandas de traficantes es una “guerra pérdida”, debido a distintos factores, a saber:
- la corrupción proverbial de la policía y las fuerzas de seguridad, debido a los bajos sueldos y a deficientes condiciones de trabajo, que convierte a los agentes en presa fácil de los millonarios delincuentes.
- la ceguera de las autoridades ante el crecimiento del fenómeno, lo que llevó a una intervención tardía y luego precipitada e irreflexiva, ante la presión del poder narco.
- la militarización de las estructuras de protección y ofensiva de las organizaciones mafiosas, facilitada tanto por la abundancia de recursos financieros como de la gran disponibilidad incontrolada de armas en el cercano mercado norteamericano.
- la extensión de la corrupción al espacio institucional, con ramificaciones claras y comprobadas en la dirección de los tres partidos nacionales, en ayuntamientos y gobiernos regionales
- la desintegración acelerada del tejido social, agravada por el impacto de la crisis económica, los efectos devastadores para la agricultura del Tratado de Libre Comercio (lo que aumenta el acicate para el cultivo de marihuana y amapola en campos que, de otra forma, estarían arruinados), y el fortalecimiento de una economía sumergida sostenida por los fondos del narcotráfico, que, según propias estimaciones oficiales (y, por tanto, conservadoras) supera los 20.000 millones de dólares anuales, cifra similar a la que representan las remesas de los emigrantes o los ingresos por turismo.
Ante este panorama, el gobierno considera que su estrategia de lucha frontal puede resultar efectiva a medio plazo, aunque haya que soportar pruebas durísimas. Una de las principales decisiones del Presidente Calderón consistió en implicar directamente a los militares en la lucha contra el narcoterrorismo. Más de cuarenta mil soldados y oficiales de los tres cuerpos armados han sido movilizados en los últimos tres años. La penetración mafiosa en la policía había alcanzado tal altura y profundidad que las estructuras de seguridad civil convencionales habían perdido toda credibilidad y solvencia. Las Fuerzas Armadas no ha perdido aún la confianza de la población. De hecho, se vieron obligadas a desarmar y desmantelar a las policías locales y regionales en nada menos que diez estados de la unión.
No obstante, se aprecian ya grietas inquietantes en los institutos armados. La propia Secretaria de Defensa reconoce que las deserciones van en aumento. Por ofrecer sólo un dato oficial, en la primera mitad de 2009, dejaron la milicia alrededor de 30.000 efectivos. Lo peor es que algunos de ellos se cambiaron de bando. De hecho, una de las organizaciones narco más temida, los “Zetas” (brazo armado del Cartel del Golfo) cuentan en su dirección con algunos “gafes” (exagentes de las fuerzas especiales y otras unidades militares de élite), formados en la técnica de contrainsurgencia y con un abrumador poder de fuego. Los Zetas entrenaron a unidades de combate del potente cartel de Michoacán, en un momento en que trabajaban como aliados. Posteriores acontecimientos los han convertido en rivales y han tenido no pocas ocasiones de medir su fuerza y su brutalidad (salvajes torturas, decapitaciones, disolución de las victimas en ácido, etc.). Otro elemento de preocupación con respecto al Ejército son las denuncias de actuaciones propias de guerra sucia realizadas por algunas unidades militares, ya sea como represalia o como advertencia disuasiva.
La operación contra Arturo Beltrán Leyva, el jefe del cartel de Sinaloa, uno de los tres más poderosos del país, a mediados de diciembre, desencadenó un clima de optimismo… o al menos de esperanza sobre el debilitamiento de este clan mafioso. Se coronaba un año de “éxitos” en la lucha contra esta delincuencia, con nueve mil mafiosos detenidos o muertos. Pero, como ya advirtió en su momento el propio Procurador (Fiscal) General de la República, Arturo Chávez, la población debía prepararse para una represalia feroz. Así fue. Los sicarios de Sinaloa irrumpieron en la casa de uno de los marinos que había muerto durante la operación policial y asesinaron a casi todos los miembros de su familia, mientras dormían. Lo mismo puede temerse ahora, con la detención de uno de los principales capos de Tijuana.
La pesadilla narcoterrorista está creando también otro problema estratégico para Méjico: el agravamiento de las tensiones con Estados Unidos. México sostiene, con razón, que parte del problema reside en Estados Unidos y que las autoridades norteamericanas deberían actuar con más contundencia. Obama lo ha admitido sin reservas en el primer encuentro oficial con Calderón y Hillary Clinton ha sido especialmente explícita sobre los deberes que su gobierno tiene pendientes. Los factores de preocupación son tres:
- El primero, el esencial para los narcos: la demanda incesante de narcóticos. Estados Unidos absorbe el 40% de la cocaína que circula en el mundo. Los narcotraficantes mexicanos controlan el 70% del comercio de estupefacientes en el vecino del norte, según datos internacionalmente acreditados.
- El segundo es la corrupción, ese cáncer que ha destruido el sistema policial mexicano está empezando a penetrar con fuerza también en su homólogo del norte. Según datos del FBI, los casos de agentes comprados por las mafias (ya sean de la droga o de la inmigración, no necesariamente distintas) han aumentado en un 40% en la policía fronteriza. Como ocurre con sus colegas mejicanos, los agentes se ven tentados por dinero relativamente fácil y, sobre todo, rápido. Algunos casos recientes han sido especialmente sonados han sido recreados en por la prensa norteamericana.
- y finalmente, como antes hemos mencionado, el abundante e incontrolado mercado de armas, sin el cual los narcos no hubiera adquirido por su temible poder militar del que gozan en la actualidad.
Todo indica, pues, que nos encontramos en un momento crucial para el futuro de la democracia en México. Algunos analistas norteamericanos ya han dicho que este desafío no es menor que Estados Unidos tiene en Afganistán, otro narco-Estado, si, pero a miles de kilómetros de distancia.