22 de enero de 2010
La derecha pura y dura vuelve al poder en Chile. Cuelga los uniformes y despliega traje de lujo. Entierra la acritud y proyecta la seducción. Veinte años después, liquida la herencia del general y cabalga a lomos de una de las fortunas más rutilantes (y polémicas) del país. Chile se prepara para vivir, de alguna manera, una segunda transición.
El triunfo de Piñera es, inequívocamente, la derrota de esa fórmula llamada Concertación. Un pacto de centro-izquierda que ha agotado todas sus fases imaginables: de la necesidad original, a la conveniencia posterior, el oportunismo subsiguiente, el desmayado anquilosamiento, la prolongada decadencia y la crisis anunciada. Hace un año, desde Chile, escribía en un comentario para SISTEMA que la Concertación había cumplido y agotado su misión y que resultaba ya impostergable para la izquierda pensar, construir e implementar nuevas fórmulas, renovadas estrategias.
Por eso mismo, perder las elecciones no debe ser contemplado como una catástrofe. Ni el previsible divorcio entre los distintos grupos de la Concertación (pero sobre todo de sus fuerzas mayores, democristianos y socialistas), vivirse como una tragedia. Contrariamente a lo que algunos analistas han sostenido, no ha sido la división lo que ha motivado la derrota, sino la descomposición interna del proyecto, su envejecimiento político. La irrupción de Marco Enríquez-Ominami como expresión de un cierto descontento por la esclerosis del sistema político tampoco debe sobrevalorarse. Este disidente socialista, hijo de un militante antifascista y guerrillero del MIR, tuvo la virtualidad de acelerar el tránsito intestinal de una pesada digestión. El veinte por ciento que obtuvo en primera vuelta permitió, ciertamente, que se creara un impulso favorable a Piñera. Pero el propio Ominami se descolgó días antes de la última ronda con el anuncio de que votaría a Frei, para no facilitar el triunfo del candidato conservador, pero sin demandar expresamente a sus seguidores o simpatizantes que hicieran lo mismo. Es probable que pretendiera poner a buen recaudo su futuro político y verse libre de acusaciones de complicidad involuntaria con la derecha. En todo caso, a corto plazo, el globo Ominami ha caído a tierra: su formación no obtuvo representación parlamentaria y tendrá que pelear duro para seguir políticamente vivo.
Lo que ahora necesitan las fuerzas progresistas chilenas es paciencia e inteligencia. Ni siquiera deben sentirse obligados a una oposición urgente. Entre otras cosas, porque la Concertación mantiene la mayoría en el Senado, lo que le otorga cierto poder de bloqueo. Por otro lado, es más que probable que el peor enemigo de Piñera sea él mismo. Con sus armas de seductor, disfrutará de un periodo de gracia indudable. Pero habrá que ver hasta cuando e capaz de controlar su discurso. De momento, en su saludo de victoria ya deslizó su primer exceso verbal al proclamar que pretendía hacer de Chile “el mejor país del mundo”. El populismo de derechas es más resultón que el de izquierdas, porque tiene propagandistas más versados. Pero sigue siendo populismo y muere de los mismos defectos.
Por lo demás, su mensaje de unidad nacional y de conciliación se verá pronto confrontado a su programa real de gobierno. Piñera tiene el banquillo de cargos potenciales lleno de los productos de la cantera autoritaria que pusieron rostro tecnocrático a la dictadura pinochetista. Una segunda generación de cachorros neoliberales aguarda su oportunidad, lo que no quiere decir que éstos hayan estado inactivos durante los años de la Concertación. Como suele ocurrir con las propuestas liberal-conservadoras, hay un programa público y una agenda menos visible. No resulta demasiado consistente afirmar que se van a mantener o incluso aumentar los programas sociales y reducir el gasto público sólo siendo más eficaces.
Las promesas de crear empleo (un millón de puestos de trabajo), proporcionar viviendas asequibles (más de medio millón), ampliar la sanidad (diez nuevos hospitales), generalizar la sociedad de la información (Internet en las escuelas), combatir la inseguridad ciudadana, etc. están orientadas a las clases medias y populares. Pero por debajo, se apuntan otras medidas menos amables o con menor gancho electoral. La izquierda teme un replanteamiento neoliberal del mercado aboral y la privatización progresiva de la empresa nacional del cobre, entre otras menos evidentes.
Otro problema de primer orden para Piñera será la conciliación de sus negocios privados con los intereses públicos. Ciertas prácticas empresariales dudosas, cuando no irregularidades flagrantes, persiguen a Piñera hasta el origen mismo de su fortuna, bajo la cálida protección de la dictadura. Y por mucho que el presidente electo haya descalificado las denuncias refrescadas durante la campaña como trucos persecutorios, no es descartable que se le atraganten en momentos delicados de su mandato, o al primer error de bulto. Al estilo Berlusconi. Menos histriónico, tal vez, pero sólo hasta cierto punto. Su entorno más próximo está lleno de figuras inquietantes. Como su propia esposa, la exuberante Cecilia Morel, que ha dado no pocos titulares por la cierta obscenidad con la que suele evidenciar la insensibilidad propia de las clases ultrapudientes chilenas. O su hermano, notable exponente de la vida frívola, al que se ha oscurecido completamente en campaña, pero que puede emerger en el momento más inoportuno.
El cambio en Chile también tendrá consecuencias regionales. El campo progresista se debilitará un poco, en beneficio del conservador. Sus amigos personales, Calderón y Uribe (que difícilmente se resistirá a la tentación del tercer mandato), serán en lo sucesivo sus aliados políticos preferentes. Lula se quedará solo en la tarea, hasta ahora compartida con Bachelet, de anudar un cierto diálogo regional entre ambos polos políticos latinoamericanos. El choque entre dos estilos tan diferentes de populismo como representan Piñera y Chávez puede deparar entretenidos espectáculos diplomáticos. Resultará también interesante contemplar cómo se desenvuelve el diálogo siempre crispado con los vecinos, Bolivia y Perú, por las sempiternas y un tanto rancias disputas territoriales.
En definitiva, las elecciones en Chile destilan una especie de coherencia histórica. Unos necesitaban la victoria y a otros le convenía la derrota. La derecha necesitaba este triunfo en las urnas para celebrar su entierro pendiente de Pinochet, conjurar sus complejos de escandalosas complicidades con la dictadura y legitimar su proyecto político futuro. A la izquierda le convenía objetivamente perder para cancelar sus hipotecas y superar sus miedos, desembarazarse de sus ataduras y recuperar su autonomía, hacer autocrítica tranquila y restablecer alianzas con los sectores sociales a los que la democracia no ha hecho del todo justicia.
MÁS QUE UNA DERROTA PARCIAL
20 de enero de 2010
La derrota de los demócratas en las elecciones para cubrir la plaza en Massachusetts que dejó vacante por fallecimiento Edward Kennedy no sólo complica la aritmética política del presidente en el Senado, sino que arrastra un potencial devastador para la percepción pública del liderazgo de la Casa Blanca. Los republicanos no podían haber tenido un escenario más propicio para proyectar una sensación de creciente debilidad política de Obama.
Las elecciones suponen una bofetada póstuma para Ted Kennedy puesto que la reforma del sistema de salud puede peligrar al haber bajado los demócratas del umbral de sesenta senadores, la mayoría necesaria para sortear las maniobras filibusteras de bloqueo al que pueden acudir los republicanos. Una sanidad más robusta y sólida fue probablemente el proyecto más apreciado por el menor de los Kennedy a lo largo de su carrera política. Resulta irónico que el escaño que él ocupó durante décadas pueda servir ahora no para consolidar ese avance social, sino para obstaculizarlo o para favorecer nuevos recortes, como parece que ya está considerando Obama, según últimas informaciones.
Pero además, ese pequeño estado del nordeste de Estados Unidos no era sólo el feudo de los Kennedy, sino el bastión más sólido del Partido Demócrata, incluso en los peores tiempos. Como se ha recordado estos días, fue el único estado en el que el candidato de la izquierda demócrata, Mc Govern, ganó a Nixon en las elecciones de 1972.
Obama resulta también perdedor indirecto ya que se comprometió activamente en el tramo final de la campaña de la candidata demócrata derrotada, Martha Coackly. El pasado verano, los mítines y actos públicos sobre la reforma sanitaria fueron dominados por la derecha republicana y la imagen de Obama se resintió. Las elecciones parciales subsiguientes han ido evidenciando síntomas de debilidad presidencial en la opinión pública. Obama está siendo derrotado donde era más fuerte: en la capacidad de generar confianza. El impacto de la derrota de Massachusetts puede inducir al pánico entre los demócratas que se someten al veredicto de las urnas el próximo mes de noviembre. El síndrome de los perros azules –los congresistas demócratas temerosos de plantear profundas reformas de contenido social- puede agravarse. La derecha republicana va a presionar para erosionar la credibilidad del Presidente en las estrategias de superación de la crisis. Todo el arsenal mediático está engrasado y pronto alcanzará velocidad de crucero. Ni siquiera se evitarán excesos propagandísticos como fantasear con el flamante senador elector por Massachusetts, Scott Brown, como posible candidato a la Casa Blanca en 2012. Brown, todavía en una nube, no tuvo empacho en denunciar que “la agenda de los demócratas consiste en subir los impuestos, arrebatarnos nuestra sanidad y dar nuevos derechos a los terroristas”. Basura. Pero puede funcionar en un clima de pesimismo y manipulación.
La derrota de los demócratas en las elecciones para cubrir la plaza en Massachusetts que dejó vacante por fallecimiento Edward Kennedy no sólo complica la aritmética política del presidente en el Senado, sino que arrastra un potencial devastador para la percepción pública del liderazgo de la Casa Blanca. Los republicanos no podían haber tenido un escenario más propicio para proyectar una sensación de creciente debilidad política de Obama.
Las elecciones suponen una bofetada póstuma para Ted Kennedy puesto que la reforma del sistema de salud puede peligrar al haber bajado los demócratas del umbral de sesenta senadores, la mayoría necesaria para sortear las maniobras filibusteras de bloqueo al que pueden acudir los republicanos. Una sanidad más robusta y sólida fue probablemente el proyecto más apreciado por el menor de los Kennedy a lo largo de su carrera política. Resulta irónico que el escaño que él ocupó durante décadas pueda servir ahora no para consolidar ese avance social, sino para obstaculizarlo o para favorecer nuevos recortes, como parece que ya está considerando Obama, según últimas informaciones.
Pero además, ese pequeño estado del nordeste de Estados Unidos no era sólo el feudo de los Kennedy, sino el bastión más sólido del Partido Demócrata, incluso en los peores tiempos. Como se ha recordado estos días, fue el único estado en el que el candidato de la izquierda demócrata, Mc Govern, ganó a Nixon en las elecciones de 1972.
Obama resulta también perdedor indirecto ya que se comprometió activamente en el tramo final de la campaña de la candidata demócrata derrotada, Martha Coackly. El pasado verano, los mítines y actos públicos sobre la reforma sanitaria fueron dominados por la derecha republicana y la imagen de Obama se resintió. Las elecciones parciales subsiguientes han ido evidenciando síntomas de debilidad presidencial en la opinión pública. Obama está siendo derrotado donde era más fuerte: en la capacidad de generar confianza. El impacto de la derrota de Massachusetts puede inducir al pánico entre los demócratas que se someten al veredicto de las urnas el próximo mes de noviembre. El síndrome de los perros azules –los congresistas demócratas temerosos de plantear profundas reformas de contenido social- puede agravarse. La derecha republicana va a presionar para erosionar la credibilidad del Presidente en las estrategias de superación de la crisis. Todo el arsenal mediático está engrasado y pronto alcanzará velocidad de crucero. Ni siquiera se evitarán excesos propagandísticos como fantasear con el flamante senador elector por Massachusetts, Scott Brown, como posible candidato a la Casa Blanca en 2012. Brown, todavía en una nube, no tuvo empacho en denunciar que “la agenda de los demócratas consiste en subir los impuestos, arrebatarnos nuestra sanidad y dar nuevos derechos a los terroristas”. Basura. Pero puede funcionar en un clima de pesimismo y manipulación.
MEXICO: DESAFIO A LA DEMOCRACIA
14 de Enero de 2010
México está instalado en una pesadilla que no tiene fin. El poder del narcoterrorismo ha superado las fronteras de la peligrosa delincuencia organizada, con su amenaza constante de violencia y desestabilización social, para convertirse en un auténtico desafío al propio sistema democrático. Desgraciadamente, las recientes caídas de algunos de los más terribles criminales no anticipan una mejora sustancial del clima de terror y salvajismo en el que parece sumida la república a lo largo de la presente década.
Sólo en los tres años de gobierno del Presidente Calderón, han muerto en el país, como consecuencia de la violencia narcoterrorista, más de 15.000 personas. El año que acaba de concluir ha sido especialmente sangriento, con más de 6000 víctimas mortales. De esta forma, los carteles de la droga, convertidos en auténticos grupos paramilitares, han respondido a la ofensiva que Calderón inicio al comienzo de su mandato para frenar una escalada que no había dejado de crecer durante los sexenios de sus tres antecesores.
El recrudecimiento de la violencia practicada por los carteles de la droga tiene dos motivaciones. Primero, responder al desafío del gobierno de forma contundente para hacer fracasar la estrategia de fuerza. Segundo, ganar posiciones en el interior de la constelación delictiva para fortalecer las estructuras propias frente a las de sus rivales.
En su documentado e imprescindible estudio sobre la naturaleza y evolución del fenómeno narcoterrorista en México, Jean-Françoise Boyer sostiene que la contienda del Estado contra las bandas de traficantes es una “guerra pérdida”, debido a distintos factores, a saber:
- la corrupción proverbial de la policía y las fuerzas de seguridad, debido a los bajos sueldos y a deficientes condiciones de trabajo, que convierte a los agentes en presa fácil de los millonarios delincuentes.
- la ceguera de las autoridades ante el crecimiento del fenómeno, lo que llevó a una intervención tardía y luego precipitada e irreflexiva, ante la presión del poder narco.
- la militarización de las estructuras de protección y ofensiva de las organizaciones mafiosas, facilitada tanto por la abundancia de recursos financieros como de la gran disponibilidad incontrolada de armas en el cercano mercado norteamericano.
- la extensión de la corrupción al espacio institucional, con ramificaciones claras y comprobadas en la dirección de los tres partidos nacionales, en ayuntamientos y gobiernos regionales
- la desintegración acelerada del tejido social, agravada por el impacto de la crisis económica, los efectos devastadores para la agricultura del Tratado de Libre Comercio (lo que aumenta el acicate para el cultivo de marihuana y amapola en campos que, de otra forma, estarían arruinados), y el fortalecimiento de una economía sumergida sostenida por los fondos del narcotráfico, que, según propias estimaciones oficiales (y, por tanto, conservadoras) supera los 20.000 millones de dólares anuales, cifra similar a la que representan las remesas de los emigrantes o los ingresos por turismo.
Ante este panorama, el gobierno considera que su estrategia de lucha frontal puede resultar efectiva a medio plazo, aunque haya que soportar pruebas durísimas. Una de las principales decisiones del Presidente Calderón consistió en implicar directamente a los militares en la lucha contra el narcoterrorismo. Más de cuarenta mil soldados y oficiales de los tres cuerpos armados han sido movilizados en los últimos tres años. La penetración mafiosa en la policía había alcanzado tal altura y profundidad que las estructuras de seguridad civil convencionales habían perdido toda credibilidad y solvencia. Las Fuerzas Armadas no ha perdido aún la confianza de la población. De hecho, se vieron obligadas a desarmar y desmantelar a las policías locales y regionales en nada menos que diez estados de la unión.
No obstante, se aprecian ya grietas inquietantes en los institutos armados. La propia Secretaria de Defensa reconoce que las deserciones van en aumento. Por ofrecer sólo un dato oficial, en la primera mitad de 2009, dejaron la milicia alrededor de 30.000 efectivos. Lo peor es que algunos de ellos se cambiaron de bando. De hecho, una de las organizaciones narco más temida, los “Zetas” (brazo armado del Cartel del Golfo) cuentan en su dirección con algunos “gafes” (exagentes de las fuerzas especiales y otras unidades militares de élite), formados en la técnica de contrainsurgencia y con un abrumador poder de fuego. Los Zetas entrenaron a unidades de combate del potente cartel de Michoacán, en un momento en que trabajaban como aliados. Posteriores acontecimientos los han convertido en rivales y han tenido no pocas ocasiones de medir su fuerza y su brutalidad (salvajes torturas, decapitaciones, disolución de las victimas en ácido, etc.). Otro elemento de preocupación con respecto al Ejército son las denuncias de actuaciones propias de guerra sucia realizadas por algunas unidades militares, ya sea como represalia o como advertencia disuasiva.
La operación contra Arturo Beltrán Leyva, el jefe del cartel de Sinaloa, uno de los tres más poderosos del país, a mediados de diciembre, desencadenó un clima de optimismo… o al menos de esperanza sobre el debilitamiento de este clan mafioso. Se coronaba un año de “éxitos” en la lucha contra esta delincuencia, con nueve mil mafiosos detenidos o muertos. Pero, como ya advirtió en su momento el propio Procurador (Fiscal) General de la República, Arturo Chávez, la población debía prepararse para una represalia feroz. Así fue. Los sicarios de Sinaloa irrumpieron en la casa de uno de los marinos que había muerto durante la operación policial y asesinaron a casi todos los miembros de su familia, mientras dormían. Lo mismo puede temerse ahora, con la detención de uno de los principales capos de Tijuana.
La pesadilla narcoterrorista está creando también otro problema estratégico para Méjico: el agravamiento de las tensiones con Estados Unidos. México sostiene, con razón, que parte del problema reside en Estados Unidos y que las autoridades norteamericanas deberían actuar con más contundencia. Obama lo ha admitido sin reservas en el primer encuentro oficial con Calderón y Hillary Clinton ha sido especialmente explícita sobre los deberes que su gobierno tiene pendientes. Los factores de preocupación son tres:
- El primero, el esencial para los narcos: la demanda incesante de narcóticos. Estados Unidos absorbe el 40% de la cocaína que circula en el mundo. Los narcotraficantes mexicanos controlan el 70% del comercio de estupefacientes en el vecino del norte, según datos internacionalmente acreditados.
- El segundo es la corrupción, ese cáncer que ha destruido el sistema policial mexicano está empezando a penetrar con fuerza también en su homólogo del norte. Según datos del FBI, los casos de agentes comprados por las mafias (ya sean de la droga o de la inmigración, no necesariamente distintas) han aumentado en un 40% en la policía fronteriza. Como ocurre con sus colegas mejicanos, los agentes se ven tentados por dinero relativamente fácil y, sobre todo, rápido. Algunos casos recientes han sido especialmente sonados han sido recreados en por la prensa norteamericana.
- y finalmente, como antes hemos mencionado, el abundante e incontrolado mercado de armas, sin el cual los narcos no hubiera adquirido por su temible poder militar del que gozan en la actualidad.
Todo indica, pues, que nos encontramos en un momento crucial para el futuro de la democracia en México. Algunos analistas norteamericanos ya han dicho que este desafío no es menor que Estados Unidos tiene en Afganistán, otro narco-Estado, si, pero a miles de kilómetros de distancia.
México está instalado en una pesadilla que no tiene fin. El poder del narcoterrorismo ha superado las fronteras de la peligrosa delincuencia organizada, con su amenaza constante de violencia y desestabilización social, para convertirse en un auténtico desafío al propio sistema democrático. Desgraciadamente, las recientes caídas de algunos de los más terribles criminales no anticipan una mejora sustancial del clima de terror y salvajismo en el que parece sumida la república a lo largo de la presente década.
Sólo en los tres años de gobierno del Presidente Calderón, han muerto en el país, como consecuencia de la violencia narcoterrorista, más de 15.000 personas. El año que acaba de concluir ha sido especialmente sangriento, con más de 6000 víctimas mortales. De esta forma, los carteles de la droga, convertidos en auténticos grupos paramilitares, han respondido a la ofensiva que Calderón inicio al comienzo de su mandato para frenar una escalada que no había dejado de crecer durante los sexenios de sus tres antecesores.
El recrudecimiento de la violencia practicada por los carteles de la droga tiene dos motivaciones. Primero, responder al desafío del gobierno de forma contundente para hacer fracasar la estrategia de fuerza. Segundo, ganar posiciones en el interior de la constelación delictiva para fortalecer las estructuras propias frente a las de sus rivales.
En su documentado e imprescindible estudio sobre la naturaleza y evolución del fenómeno narcoterrorista en México, Jean-Françoise Boyer sostiene que la contienda del Estado contra las bandas de traficantes es una “guerra pérdida”, debido a distintos factores, a saber:
- la corrupción proverbial de la policía y las fuerzas de seguridad, debido a los bajos sueldos y a deficientes condiciones de trabajo, que convierte a los agentes en presa fácil de los millonarios delincuentes.
- la ceguera de las autoridades ante el crecimiento del fenómeno, lo que llevó a una intervención tardía y luego precipitada e irreflexiva, ante la presión del poder narco.
- la militarización de las estructuras de protección y ofensiva de las organizaciones mafiosas, facilitada tanto por la abundancia de recursos financieros como de la gran disponibilidad incontrolada de armas en el cercano mercado norteamericano.
- la extensión de la corrupción al espacio institucional, con ramificaciones claras y comprobadas en la dirección de los tres partidos nacionales, en ayuntamientos y gobiernos regionales
- la desintegración acelerada del tejido social, agravada por el impacto de la crisis económica, los efectos devastadores para la agricultura del Tratado de Libre Comercio (lo que aumenta el acicate para el cultivo de marihuana y amapola en campos que, de otra forma, estarían arruinados), y el fortalecimiento de una economía sumergida sostenida por los fondos del narcotráfico, que, según propias estimaciones oficiales (y, por tanto, conservadoras) supera los 20.000 millones de dólares anuales, cifra similar a la que representan las remesas de los emigrantes o los ingresos por turismo.
Ante este panorama, el gobierno considera que su estrategia de lucha frontal puede resultar efectiva a medio plazo, aunque haya que soportar pruebas durísimas. Una de las principales decisiones del Presidente Calderón consistió en implicar directamente a los militares en la lucha contra el narcoterrorismo. Más de cuarenta mil soldados y oficiales de los tres cuerpos armados han sido movilizados en los últimos tres años. La penetración mafiosa en la policía había alcanzado tal altura y profundidad que las estructuras de seguridad civil convencionales habían perdido toda credibilidad y solvencia. Las Fuerzas Armadas no ha perdido aún la confianza de la población. De hecho, se vieron obligadas a desarmar y desmantelar a las policías locales y regionales en nada menos que diez estados de la unión.
No obstante, se aprecian ya grietas inquietantes en los institutos armados. La propia Secretaria de Defensa reconoce que las deserciones van en aumento. Por ofrecer sólo un dato oficial, en la primera mitad de 2009, dejaron la milicia alrededor de 30.000 efectivos. Lo peor es que algunos de ellos se cambiaron de bando. De hecho, una de las organizaciones narco más temida, los “Zetas” (brazo armado del Cartel del Golfo) cuentan en su dirección con algunos “gafes” (exagentes de las fuerzas especiales y otras unidades militares de élite), formados en la técnica de contrainsurgencia y con un abrumador poder de fuego. Los Zetas entrenaron a unidades de combate del potente cartel de Michoacán, en un momento en que trabajaban como aliados. Posteriores acontecimientos los han convertido en rivales y han tenido no pocas ocasiones de medir su fuerza y su brutalidad (salvajes torturas, decapitaciones, disolución de las victimas en ácido, etc.). Otro elemento de preocupación con respecto al Ejército son las denuncias de actuaciones propias de guerra sucia realizadas por algunas unidades militares, ya sea como represalia o como advertencia disuasiva.
La operación contra Arturo Beltrán Leyva, el jefe del cartel de Sinaloa, uno de los tres más poderosos del país, a mediados de diciembre, desencadenó un clima de optimismo… o al menos de esperanza sobre el debilitamiento de este clan mafioso. Se coronaba un año de “éxitos” en la lucha contra esta delincuencia, con nueve mil mafiosos detenidos o muertos. Pero, como ya advirtió en su momento el propio Procurador (Fiscal) General de la República, Arturo Chávez, la población debía prepararse para una represalia feroz. Así fue. Los sicarios de Sinaloa irrumpieron en la casa de uno de los marinos que había muerto durante la operación policial y asesinaron a casi todos los miembros de su familia, mientras dormían. Lo mismo puede temerse ahora, con la detención de uno de los principales capos de Tijuana.
La pesadilla narcoterrorista está creando también otro problema estratégico para Méjico: el agravamiento de las tensiones con Estados Unidos. México sostiene, con razón, que parte del problema reside en Estados Unidos y que las autoridades norteamericanas deberían actuar con más contundencia. Obama lo ha admitido sin reservas en el primer encuentro oficial con Calderón y Hillary Clinton ha sido especialmente explícita sobre los deberes que su gobierno tiene pendientes. Los factores de preocupación son tres:
- El primero, el esencial para los narcos: la demanda incesante de narcóticos. Estados Unidos absorbe el 40% de la cocaína que circula en el mundo. Los narcotraficantes mexicanos controlan el 70% del comercio de estupefacientes en el vecino del norte, según datos internacionalmente acreditados.
- El segundo es la corrupción, ese cáncer que ha destruido el sistema policial mexicano está empezando a penetrar con fuerza también en su homólogo del norte. Según datos del FBI, los casos de agentes comprados por las mafias (ya sean de la droga o de la inmigración, no necesariamente distintas) han aumentado en un 40% en la policía fronteriza. Como ocurre con sus colegas mejicanos, los agentes se ven tentados por dinero relativamente fácil y, sobre todo, rápido. Algunos casos recientes han sido especialmente sonados han sido recreados en por la prensa norteamericana.
- y finalmente, como antes hemos mencionado, el abundante e incontrolado mercado de armas, sin el cual los narcos no hubiera adquirido por su temible poder militar del que gozan en la actualidad.
Todo indica, pues, que nos encontramos en un momento crucial para el futuro de la democracia en México. Algunos analistas norteamericanos ya han dicho que este desafío no es menor que Estados Unidos tiene en Afganistán, otro narco-Estado, si, pero a miles de kilómetros de distancia.
YEMEN, EL TERCER FRENTE
7 DE ENERO DE 2010
Yemen recupera protagonismo en el terrorismo e inspiración islamista. La pista del atentado frustrado en víspera de Navidad conduce a ese pequeño país de la península arábiga, donde se ha reestructurado la sucursal local de Al Qaeda, después de los sucesivos golpes sufridos en el reino saudí desde 2003. El potencial suicida nigeriano Abdulmutallab recibió en Sanaa, la capital yemení, el material explosivo y la instrucción básica para realizar el atentado.
¿Cómo responderá Estados Unidos? La opción afgana de despliegue directo de tropas no se contempla a día de hoy. Los bombardeos de bases yihadistas mediante los aviones drone pilotados a distancia, como en Pakistán, se antoja problemáticos. El escenario yemení tiene complicaciones locales más severas que en Pakistán. Sin olvidar que, al otro lado del golfo de Aden, en Somalía, las milicias integristas (Al Shahab) que mantienen en jaque al gobierno más frágil del mundo ya han manifestado su apoyo expreso a sus hermanos yemeníes.
El premier británico ha propuesto la celebración de una conferencia internacional, a finales de este mes en Londres, con el objetivo de ayudar al gobierno yemení a combatir la pujante célula yihadista. Se trataría, en realidad, de evitar lo indeseable: que Estados Unidos se viera obligado a abrir en Yemen un tercer frente militar. Es decir, evita otra “guerra justa”.
El problema es que el gobierno de Yemen es incluso menos fiable que el de Afganistán. Estos días, especialistas internacionales han dibujado una radiografía deprimente. Yemen es un caos, si atendemos a los análisis más precisos. El país dispone de petróleo, pero se agotan aceleradamente sus reservas, de ahí que se encuentre en el ranking de los estados más depauperados de la región. Otros problemas medioambientales son especialmente acuciantes, hasta el punto de que su capacidad de producción agrícola está seriamente en entredicho, según asegura Gregory Johnsen en FOREIGN POLICY.
A las tribulaciones económicas se une la inestabilidad política y tribal. Yemen soporta en estos momentos una rebelión de los chíies en el norte y un intento secesionista en el sur. El primer conflicto es una úlcera sangrante: miles de muertos y decenas de miles de desplazados, según el especialista de LE MONDE Gilles Paris, aunque las autoridades mantienen en secreto los datos. La amenaza separatista es menos alarmante pero no menos insidiosa. Yemen fue unificado a sangre y fuego hace ahora veinte años. El gobierno marxista del Sur terminó cediendo ante la mayor pujanza del Norte, apoyado por los saudíes y, discretamente, por Occidente, justo en plena descomposición soviética. Pero la unidad ha sido siempre ficticia. Ahora está más cuestionada que nunca. La presencia del Estado en los territorios meridional es pura fantasía, según cuentan conocedores del país y analistas locales.
El tercer factor de inquietud es la deriva autoritaria y nepótica del régimen. El presidente Ali Saleh lleva treinta años en el poder y aspira no sólo a permanecer indefinidamente, sino a crear una auténtica dinastía. En esto, sigue la estela de otros líderes árabes empeñados en consolidar el esperpento de las repúblicas monárquicas. El caso yemení es escandaloso. Lo describe esta semana el experimentado periodista del NEW YORK TIMES Steven Erlanger. El heredero in pectore, Ahmed, hijo mayor de actual presidente, es ahora el Jefe de la Guardia Republicana y de las Fuerzas Armadas Especiales. Control máximo del poder de fuego decisivo. Pero como el Presidente no es amante de los riesgos, las otras instituciones militares y de seguridad están en manos de la “Corporación Saleh”: primos, sobrinos, cuñados. Un estado-familia que se hace intragable incluso a los más fieles. Como el militar que dirige el combate contra los rebeldes chíies del norte, Ali Mohsen. Compañero de Saleh en la guerra de unidad nacional, Mohsen asegura que no aspira al cargo, pero no ve con buenos ojos la sucesión y ha puesto seriamente en duda la competencia del hijo del presidente para gobernar el país. Desde el gobierno reprochan a Mohsen su incapacidad para controlar a los herejes chiíes y lo acusan de comportarse como un rigorista sunní. El precio de estas discrepancias internas es el enquistamiento de la rebelión. Saleh hace sus cálculos. Tarde o temprano, las tribus chiíes cederán porque Arabía Saudí así lo desea. El régimen de Sanaa recibe anualmente 2 mil millones de dólares de Ryad para tapar agujeros en el presupuesto nacional.
Con esta misma lógica, el Presidente Saleh hace virtud de la necesidad y contempla la presión norteamericana en ciernes como una oportunidad para consolidar sus proyectos políticos. El jefe militar del Pentágono en esta zona de guerra, el galardonado General Petreus, ha visitado estos días Sanaa. Las angustias y deseos de Washington han sido avivados con el sobresalto de Navidad. Saleh tenía sus bazas que exhibir. En los días previos al atentado fallido, las fuerzas de seguridad yemení habían aprovechado el apoyo logístico norteamericano para asestar dos golpes mortales a núcleos yihadistas.
Obviamente, too little and too late. Los principales responsables siguen en busca y captura y Washington sabe que la capacidad operativa de los vástagos de Bin Laden en Yemen sigue muy entera. De ahí que Petreus haya ido con el palo y la zanahoria. El general habría prometido duplicar los recursos en seguridad, pero ha exigido resultados y un cambio radical de mentalidad. Desde el atentado contra el destructor Cole hace diez años, las redes jihadistas se han consolidado. La oposición yemení cree que el presidente las ha utilizado para debilitar a sus enemigos. Dice Erlanger que sólo cuando los servicios de inteligencia norteamericano le enseñaron a Saleh pruebas contundentes de que los integristas también tenían a su gente en el punto de mira, el presidente yemení encontró estímulos para acentuar la represión. Gilles Paris se hace eco de cómo Saleh había manipulado previamente a los integristas para combatir los residuos prosoviéticos en el sur. Conscientes de ello, los extremistas islámicos han ido entablado relaciones reforzadas de parentesco con líderes tribales del sur, para contrarrestar la estrategia del presidente, según asegura Johnsen en su artículo para el FOREIGN POLICY.
Un veterano agente especial antiterrorista del FBI con experiencia en Yemen, Ali Soufan, ha escrito estos días un relato muy ilustrativo sobre la frustración norteamericana. Después de relatar las numerosas operaciones terroristas auspiciadas en Yemen, Soufan detalla los sospechosos fallos (¿ingenuidades?) del sistema judicial y carcelario yemení, que han permitido la puesta en libertad o la fuga de cabecillas extremadamente peligrosos, algunos huéspedes en Guantánamo. Entre ellos, el organizador del atentado contra el Cole, o el presumible dirigente máximo del Al Qaeda en la Península arábiga, Nasser Al-Wahichi.
Con estos antecedentes, se entiende el desasosiego en la Casa Blanca. Presionado por la derecha republicana, que lo acusa de debilidad, decepcionado por la falta de eficacia de sus servicios de inteligencia y hastiado por la nula credibilidad de sus forzosos aliados locales, el presidente Obama puede ver hipotecada gran parte de su agenda reformista por la amenaza terrorista y la falta de una solución clara y limpia para afrontarla.
Yemen recupera protagonismo en el terrorismo e inspiración islamista. La pista del atentado frustrado en víspera de Navidad conduce a ese pequeño país de la península arábiga, donde se ha reestructurado la sucursal local de Al Qaeda, después de los sucesivos golpes sufridos en el reino saudí desde 2003. El potencial suicida nigeriano Abdulmutallab recibió en Sanaa, la capital yemení, el material explosivo y la instrucción básica para realizar el atentado.
¿Cómo responderá Estados Unidos? La opción afgana de despliegue directo de tropas no se contempla a día de hoy. Los bombardeos de bases yihadistas mediante los aviones drone pilotados a distancia, como en Pakistán, se antoja problemáticos. El escenario yemení tiene complicaciones locales más severas que en Pakistán. Sin olvidar que, al otro lado del golfo de Aden, en Somalía, las milicias integristas (Al Shahab) que mantienen en jaque al gobierno más frágil del mundo ya han manifestado su apoyo expreso a sus hermanos yemeníes.
El premier británico ha propuesto la celebración de una conferencia internacional, a finales de este mes en Londres, con el objetivo de ayudar al gobierno yemení a combatir la pujante célula yihadista. Se trataría, en realidad, de evitar lo indeseable: que Estados Unidos se viera obligado a abrir en Yemen un tercer frente militar. Es decir, evita otra “guerra justa”.
El problema es que el gobierno de Yemen es incluso menos fiable que el de Afganistán. Estos días, especialistas internacionales han dibujado una radiografía deprimente. Yemen es un caos, si atendemos a los análisis más precisos. El país dispone de petróleo, pero se agotan aceleradamente sus reservas, de ahí que se encuentre en el ranking de los estados más depauperados de la región. Otros problemas medioambientales son especialmente acuciantes, hasta el punto de que su capacidad de producción agrícola está seriamente en entredicho, según asegura Gregory Johnsen en FOREIGN POLICY.
A las tribulaciones económicas se une la inestabilidad política y tribal. Yemen soporta en estos momentos una rebelión de los chíies en el norte y un intento secesionista en el sur. El primer conflicto es una úlcera sangrante: miles de muertos y decenas de miles de desplazados, según el especialista de LE MONDE Gilles Paris, aunque las autoridades mantienen en secreto los datos. La amenaza separatista es menos alarmante pero no menos insidiosa. Yemen fue unificado a sangre y fuego hace ahora veinte años. El gobierno marxista del Sur terminó cediendo ante la mayor pujanza del Norte, apoyado por los saudíes y, discretamente, por Occidente, justo en plena descomposición soviética. Pero la unidad ha sido siempre ficticia. Ahora está más cuestionada que nunca. La presencia del Estado en los territorios meridional es pura fantasía, según cuentan conocedores del país y analistas locales.
El tercer factor de inquietud es la deriva autoritaria y nepótica del régimen. El presidente Ali Saleh lleva treinta años en el poder y aspira no sólo a permanecer indefinidamente, sino a crear una auténtica dinastía. En esto, sigue la estela de otros líderes árabes empeñados en consolidar el esperpento de las repúblicas monárquicas. El caso yemení es escandaloso. Lo describe esta semana el experimentado periodista del NEW YORK TIMES Steven Erlanger. El heredero in pectore, Ahmed, hijo mayor de actual presidente, es ahora el Jefe de la Guardia Republicana y de las Fuerzas Armadas Especiales. Control máximo del poder de fuego decisivo. Pero como el Presidente no es amante de los riesgos, las otras instituciones militares y de seguridad están en manos de la “Corporación Saleh”: primos, sobrinos, cuñados. Un estado-familia que se hace intragable incluso a los más fieles. Como el militar que dirige el combate contra los rebeldes chíies del norte, Ali Mohsen. Compañero de Saleh en la guerra de unidad nacional, Mohsen asegura que no aspira al cargo, pero no ve con buenos ojos la sucesión y ha puesto seriamente en duda la competencia del hijo del presidente para gobernar el país. Desde el gobierno reprochan a Mohsen su incapacidad para controlar a los herejes chiíes y lo acusan de comportarse como un rigorista sunní. El precio de estas discrepancias internas es el enquistamiento de la rebelión. Saleh hace sus cálculos. Tarde o temprano, las tribus chiíes cederán porque Arabía Saudí así lo desea. El régimen de Sanaa recibe anualmente 2 mil millones de dólares de Ryad para tapar agujeros en el presupuesto nacional.
Con esta misma lógica, el Presidente Saleh hace virtud de la necesidad y contempla la presión norteamericana en ciernes como una oportunidad para consolidar sus proyectos políticos. El jefe militar del Pentágono en esta zona de guerra, el galardonado General Petreus, ha visitado estos días Sanaa. Las angustias y deseos de Washington han sido avivados con el sobresalto de Navidad. Saleh tenía sus bazas que exhibir. En los días previos al atentado fallido, las fuerzas de seguridad yemení habían aprovechado el apoyo logístico norteamericano para asestar dos golpes mortales a núcleos yihadistas.
Obviamente, too little and too late. Los principales responsables siguen en busca y captura y Washington sabe que la capacidad operativa de los vástagos de Bin Laden en Yemen sigue muy entera. De ahí que Petreus haya ido con el palo y la zanahoria. El general habría prometido duplicar los recursos en seguridad, pero ha exigido resultados y un cambio radical de mentalidad. Desde el atentado contra el destructor Cole hace diez años, las redes jihadistas se han consolidado. La oposición yemení cree que el presidente las ha utilizado para debilitar a sus enemigos. Dice Erlanger que sólo cuando los servicios de inteligencia norteamericano le enseñaron a Saleh pruebas contundentes de que los integristas también tenían a su gente en el punto de mira, el presidente yemení encontró estímulos para acentuar la represión. Gilles Paris se hace eco de cómo Saleh había manipulado previamente a los integristas para combatir los residuos prosoviéticos en el sur. Conscientes de ello, los extremistas islámicos han ido entablado relaciones reforzadas de parentesco con líderes tribales del sur, para contrarrestar la estrategia del presidente, según asegura Johnsen en su artículo para el FOREIGN POLICY.
Un veterano agente especial antiterrorista del FBI con experiencia en Yemen, Ali Soufan, ha escrito estos días un relato muy ilustrativo sobre la frustración norteamericana. Después de relatar las numerosas operaciones terroristas auspiciadas en Yemen, Soufan detalla los sospechosos fallos (¿ingenuidades?) del sistema judicial y carcelario yemení, que han permitido la puesta en libertad o la fuga de cabecillas extremadamente peligrosos, algunos huéspedes en Guantánamo. Entre ellos, el organizador del atentado contra el Cole, o el presumible dirigente máximo del Al Qaeda en la Península arábiga, Nasser Al-Wahichi.
Con estos antecedentes, se entiende el desasosiego en la Casa Blanca. Presionado por la derecha republicana, que lo acusa de debilidad, decepcionado por la falta de eficacia de sus servicios de inteligencia y hastiado por la nula credibilidad de sus forzosos aliados locales, el presidente Obama puede ver hipotecada gran parte de su agenda reformista por la amenaza terrorista y la falta de una solución clara y limpia para afrontarla.
LAS IMPOSTURAS DE COPENHAGUE
24 de Diciembre de 2009
En una cosa están de acuerdo todos los participantes en la Cumbre sobre el Clima de Copenhague : no se han conseguido los resultados deseados. En otras dos cosas resulta imposible encontrar dos opiniones idénticas : por qué el fracaso y, sobre todo, a quién cabe atribuirle la principal responsabilidad.
Lógicamente, China y Estados Unidos, son el blanco preferido de ecologistas y observadores críticos, pero ni siquiera en este vívero donde normalmente existe cierto consenso está garantizada en este caso la unanimidad.
Los chinos, que no admiten estar entre los principales responsables del fracaso, intentan incluso ofrecer una proyección favorable de la Cumbre : « un pequeño paso, pero esencial », señalaba el editorial de China Daily, que sirve de portavoz del gobierno de Pekin para el mundo. Consciente de que la mayoría de los dedos acusadores lo señalan, el gobierno chino se afana, con su proverbial tenacidad, en defender la legitimidad de sus intereses desarrollistas y en desviar hacia el egoismo o la incomprensión occidental la principal responsabilidad de la modestia de los resultados.
Desde el otro gigante en desarrollo, la India, el análisis presenta matices diferentes. Algunos medios indios consideran que los países en desarrollo también salen perjudicados por el fracaso, ya que, si bien no se les impone un frenazo a su industrialización contaminante, tampoco han obtenido compromisos firmes de financiación occidental para acceder a tecnologías verdes. Los indios abominan de ser colocados en el mismo paquete que los chinos y ponen sordina a la supuesta concordancia entre los dos grandes asiáticos. « Esta bonhomía chino-india no durará », aventura THE TIMES OF INDIA.
El otro gran país emergente con más relevancia en el fallido proceso de Copenhague es Brasil. El presidente Lula había puesto intensidad e ilusión en la consecución de un resultado positivo, pero cuando empezó a hablar en términos de «milagro» quedó claro su escasa confianza en el resultado final. El diálogo entre Brasilia y Washington se complica y Copenhague no ha sido una excepción. Cuando se creía solventada la crisis de confianza por la crisis de Honduras, han vuelto a brotar los reproches brasileños por el reforzamiento de las bases norteamericanas en Colombia.
En fin, los africanos, perdedores sempiternos de estas Conferencias mediáticas, no ocultan su decepción. En el limosneo con el que se disimula la falta de compromisos serios, algunos ponen buena cara a las promesas de ayuda. En Copenhague se ha manejado la cifra de 30 mil millones de dólares para favorecer la transición productiva a los países subdesarrollados hasta 2020, y otros 100 mil millones después de esa fecha emblemática. Pero dirigentes poco confiados , como el presidente de Senegal, no ocultan su escepticismo : "No creo en la ayuda. Vamos a tener que contar con nuestros propios medios, porque hace años que el G-8 nos viene prometiendo una ayuda de 50 mil millones de dólares, y todavía estamos esperando »
En Europa, también hay frustración para repartir. El diario LE MONDE lo resume en términos sombríos para el futuro de la influencia europea en el devenir mundial. « En el mundo actual, sobre la cuestiones de gran alcance como las del clima, no se consigue gran cosa, si no existe un acuerdo previo entre China y Estados Unidos ». O sea, el G-2 (China y Estados Unidos) : en realidad, el único G (o grupo en términos de equilibrio mundial) que realmente cuenta. Pero los europeos no habían calibrado hasta qué punto podían sentirse marginados. Algunos diarios han contado con estupor cómo Obama se incorporó –sin que se sepa a ciencia cierta si había sido invitado- a la reunión de los países BASIC (los emergentes). Ahi se terminó abortando la iniciativa europea de compromisos firmes sobre reducción de los gases de efecto invernadero.
A partir del fracaso, tocaba hacer virtud de la necesidad y convocar nuevos esfuerzos para la próxima cita, en México, en 2010. En este punto, los líderes europeos han preferido pasar de puntillas y asumir el fracaso con una elegancia de escaso recorrido.
En Estados Unidos, el decepcionante resultado de la Cumbre no ha provocado tanta amargura. Obama ha preferido avanzar en su proyecto de economía verde, porque le resulta políticamente más rentable que una inmediata operación internacional de relaciones públicas sobre el futuro del planeta. La ecología es rentable si no se percibe como excesivamente hostil a la economía. Y a tenor de lo ocurrido con la reforma sanitaria, el respaldo del legislativo a otra política más ambiciosa resulta más que dudosa. Por esa razón, el NEW YORK TIMES le concede crédito al presidente norteamericano y le reconoce la autoría de un compromiso débil pero provechoso. En particular, valora que Pekin haya admitido el principio de la verificación, aunque sin compromisos determinados, por el momento. Como es habitual, establece la comparación con su antecesor en la Casa Blanca, para concluir un resultado favorable.
Cuestión de miradas, porque los medios progresistas han visto en Copenhague una muestra más del estilo indeciso y componedor del presidente. Noemi Klein, una de las más conspicuas portavoces del movimiento altermundista, asegura en THE NATION que Obama es el principal responsable del fracaso, porque era el único dirigente mundial con poder para haber cambiado el signo de la cumbre y no lo hizo. Klein establece un vínculo entre los tres oportunidades perdidas en la política económica de la Casa Blanca (programa de estímulo, salvamento de los bancos y reflotamiento de la industria autonomovilística) y el frenazo a la economía verde.
En todo caso, más allá –o, mejor dicho, más acá- de la falta de resultados concretos y de medidas de verificación de los esfuerzos para reducir las agresiones contra el planeta, lo que ha hecho definitivamente crisis en Copenhague ha sido el sistema de las grandes cumbres para afrontar los problemas mundiales. Como en Roma, en la Conferencia de FAO para frenar el último brote del hambre, estas dinámicas terminan mostrando sus carencias más que sus potencialidad para conseguir los objetivos deseables. Por supuesto, el problema de fondo es el rearme de los intereses nacionales frente a un empeño común. Pero el método no ayuda.
En una cosa están de acuerdo todos los participantes en la Cumbre sobre el Clima de Copenhague : no se han conseguido los resultados deseados. En otras dos cosas resulta imposible encontrar dos opiniones idénticas : por qué el fracaso y, sobre todo, a quién cabe atribuirle la principal responsabilidad.
Lógicamente, China y Estados Unidos, son el blanco preferido de ecologistas y observadores críticos, pero ni siquiera en este vívero donde normalmente existe cierto consenso está garantizada en este caso la unanimidad.
Los chinos, que no admiten estar entre los principales responsables del fracaso, intentan incluso ofrecer una proyección favorable de la Cumbre : « un pequeño paso, pero esencial », señalaba el editorial de China Daily, que sirve de portavoz del gobierno de Pekin para el mundo. Consciente de que la mayoría de los dedos acusadores lo señalan, el gobierno chino se afana, con su proverbial tenacidad, en defender la legitimidad de sus intereses desarrollistas y en desviar hacia el egoismo o la incomprensión occidental la principal responsabilidad de la modestia de los resultados.
Desde el otro gigante en desarrollo, la India, el análisis presenta matices diferentes. Algunos medios indios consideran que los países en desarrollo también salen perjudicados por el fracaso, ya que, si bien no se les impone un frenazo a su industrialización contaminante, tampoco han obtenido compromisos firmes de financiación occidental para acceder a tecnologías verdes. Los indios abominan de ser colocados en el mismo paquete que los chinos y ponen sordina a la supuesta concordancia entre los dos grandes asiáticos. « Esta bonhomía chino-india no durará », aventura THE TIMES OF INDIA.
El otro gran país emergente con más relevancia en el fallido proceso de Copenhague es Brasil. El presidente Lula había puesto intensidad e ilusión en la consecución de un resultado positivo, pero cuando empezó a hablar en términos de «milagro» quedó claro su escasa confianza en el resultado final. El diálogo entre Brasilia y Washington se complica y Copenhague no ha sido una excepción. Cuando se creía solventada la crisis de confianza por la crisis de Honduras, han vuelto a brotar los reproches brasileños por el reforzamiento de las bases norteamericanas en Colombia.
En fin, los africanos, perdedores sempiternos de estas Conferencias mediáticas, no ocultan su decepción. En el limosneo con el que se disimula la falta de compromisos serios, algunos ponen buena cara a las promesas de ayuda. En Copenhague se ha manejado la cifra de 30 mil millones de dólares para favorecer la transición productiva a los países subdesarrollados hasta 2020, y otros 100 mil millones después de esa fecha emblemática. Pero dirigentes poco confiados , como el presidente de Senegal, no ocultan su escepticismo : "No creo en la ayuda. Vamos a tener que contar con nuestros propios medios, porque hace años que el G-8 nos viene prometiendo una ayuda de 50 mil millones de dólares, y todavía estamos esperando »
En Europa, también hay frustración para repartir. El diario LE MONDE lo resume en términos sombríos para el futuro de la influencia europea en el devenir mundial. « En el mundo actual, sobre la cuestiones de gran alcance como las del clima, no se consigue gran cosa, si no existe un acuerdo previo entre China y Estados Unidos ». O sea, el G-2 (China y Estados Unidos) : en realidad, el único G (o grupo en términos de equilibrio mundial) que realmente cuenta. Pero los europeos no habían calibrado hasta qué punto podían sentirse marginados. Algunos diarios han contado con estupor cómo Obama se incorporó –sin que se sepa a ciencia cierta si había sido invitado- a la reunión de los países BASIC (los emergentes). Ahi se terminó abortando la iniciativa europea de compromisos firmes sobre reducción de los gases de efecto invernadero.
A partir del fracaso, tocaba hacer virtud de la necesidad y convocar nuevos esfuerzos para la próxima cita, en México, en 2010. En este punto, los líderes europeos han preferido pasar de puntillas y asumir el fracaso con una elegancia de escaso recorrido.
En Estados Unidos, el decepcionante resultado de la Cumbre no ha provocado tanta amargura. Obama ha preferido avanzar en su proyecto de economía verde, porque le resulta políticamente más rentable que una inmediata operación internacional de relaciones públicas sobre el futuro del planeta. La ecología es rentable si no se percibe como excesivamente hostil a la economía. Y a tenor de lo ocurrido con la reforma sanitaria, el respaldo del legislativo a otra política más ambiciosa resulta más que dudosa. Por esa razón, el NEW YORK TIMES le concede crédito al presidente norteamericano y le reconoce la autoría de un compromiso débil pero provechoso. En particular, valora que Pekin haya admitido el principio de la verificación, aunque sin compromisos determinados, por el momento. Como es habitual, establece la comparación con su antecesor en la Casa Blanca, para concluir un resultado favorable.
Cuestión de miradas, porque los medios progresistas han visto en Copenhague una muestra más del estilo indeciso y componedor del presidente. Noemi Klein, una de las más conspicuas portavoces del movimiento altermundista, asegura en THE NATION que Obama es el principal responsable del fracaso, porque era el único dirigente mundial con poder para haber cambiado el signo de la cumbre y no lo hizo. Klein establece un vínculo entre los tres oportunidades perdidas en la política económica de la Casa Blanca (programa de estímulo, salvamento de los bancos y reflotamiento de la industria autonomovilística) y el frenazo a la economía verde.
En todo caso, más allá –o, mejor dicho, más acá- de la falta de resultados concretos y de medidas de verificación de los esfuerzos para reducir las agresiones contra el planeta, lo que ha hecho definitivamente crisis en Copenhague ha sido el sistema de las grandes cumbres para afrontar los problemas mundiales. Como en Roma, en la Conferencia de FAO para frenar el último brote del hambre, estas dinámicas terminan mostrando sus carencias más que sus potencialidad para conseguir los objetivos deseables. Por supuesto, el problema de fondo es el rearme de los intereses nacionales frente a un empeño común. Pero el método no ayuda.
AJUSTES Y DESAJUSTES EN EL PATIO TRASERO
17 de diciembre de 2009
América Latina seguirá ocupando un lugar secundario en la agenda internacional de Washington. La administración Obama no supondrá un gran cambio con la política tradicional de Estados Unidos hacia la región. Este diagnóstico empieza a consolidarse entre diplomáticos, observadores y periodistas. En gran parte, porque los esfuerzos diplomáticos norteamericanos se van a concentrar en torno al eje Palestina-Irán-Afganistán-Pakistán. El resto quedará muy en segundo plano.
Pero hay otras motivaciones. En esta zona, como en otras, las expectativas se dispararon con escaso fundamento. Cuba se presentó –como también resulta habitual- como la gran piedra de toque para cualquier administración estadounidense en el último medio siglo. Los cambios apuntados por Obama se hacen esperar, y en esa demora pueden permanecer un buen tiempo, a falta de sorpresa o acontecimiento extraordinario (la desaparición física de Fidel, por ejemplo).
Los factores que reducen el apetito de Washington por implicarse activamente tienen que ver con una correlación de fuerzas más adversa que de costumbre, la emergencia de Brasil como potencia regional cada día más reconocida por sus vecinos y la presión de sectores populares e intelectuales a favor de una mayor autonomía.
Hace unos días, Hillary Clinton se dejó llevar por este desapego, durante una rueda de prensa en la que hizo un repaso a este primer año de la actual administración. A distintos medios latinoamericanos les llamó la atención la intensidad del desagrado con que se refirió la Secretaria de Estado a los dirigentes regionales más díscolos. “Nos preocupan los líderes que son elegidos libre y legítimamente, pero que luego de ser electos comienzan a socavar el orden constitucional y democrático, el sector privado, los derechos del pueblo de no ser hostigado y presionado”. Referencia indisimulable a Hugo Chávez, pero también al boliviano Evo Morales o al nicaragüense Daniel Ortega. Novedad cero. Como tampoco debe sorprender las alusiones a Cuba se hicieran en términos clásicos. (“Obviamente todos esperamos poder ver en un futuro no demasiado lejano a una Cuba democrática, eso es algo que sería extraordinariamente positivo”). Ningún atisbo de iniciativa.
Pero lo más llamativo fue la toma de distancias con el Brasil de Lula, a quien Obama, con seguridad, admira sinceramente, Hillary se mostró crítica por los “coqueteos” de algunos países con Irán. “Esperamos que haya un reconocimiento de que Irán es uno de los países que más apoyan, promueven y exportan el terrorismo hoy en día en el mundo”, aseveró la Secretaria de Estado. El reproche iba dirigido solamente a Chávez (o a sus protegidos habituales); también a Lula, que acaba de recibir calurosamente a Ahmadineyad.
En todo caso, Clinton evitó mencionar a Brasil, para prevenir una acritud que sería perjudicial para la buena imagen de Obama en América Latina. Su segundo para la zona, Arturo Valenzuela, está visitando estos días las principales capitales de la región para ofrecer la de cal. Especialmente en Brasilia, quiso escenificar la concordia, en un encuentro con Marco Aurelio García. Este histórico dirigente del PT y Consejero Internacional de Lula había manifestado días anteriores al NEW YORK TIMES que “tenían un fuerte sentimiento de decepción” hacia la nueva administración norteamericana.
El desencuentro resultó incómodo porque llegaba en un momento de enfriamiento entre Brasilia y Washington por el lamentable desarrollo de la crisis hondureña. El reconocimiento de las elecciones presidenciales del 29 de noviembre sin haber restablecido la normalidad constitucional ha provocado malestar entre la mayoría de las democracias latinoamericanas. La administración norteamericana estaba deseando cerrar un asunto que le importa poco o nada, si exceptuamos la seguridad de las bases militares de las operaciones antinarcóticos. Satisfechos por haberse librado de un amigo inesperado de Chávez, los norteamericanos confían en que todo se convierta pronto en historia. Pero Brasil no es un agente lateral, y no está dispuesto a que se la engañe piadosamente.
Los comentaristas conservadores, liberales o afectos a intereses económicos y mediáticos en la zona han liberado sus primeras críticas al gobierno de Lula. Después de años elogiando su moderación, no han dudado en dudar de la idoneidad y conveniencia de sus actuaciones en Honduras, en cuanto han sospechado coincidencias con Venezuela.
Los resultados electorales en Bolivia consolidan el eje izquierdista, pese a las presiones para deslegitimar el proyecto indigenista de Evo Morales. Y en Uruguay, pese a las precauciones de Pepe Mujica, su fuerte personalidad y su pasado tupamaro agitan renuencias. La gran esperanza es cambiar de columna a Chile. Los medios han valorado con estrépito la ventaja de Sebastián Piñera en la primera vuelta de las presidenciales. Es cierto que la holgura (catorce puntos) con la que ha distanciado a su rival directo, el expresidente democristiano Eduardo Frei, ha alentado a sus seguidores. Pero el megaempresario no ha ganado todavía.
Chile necesita el cambio, pero no en el sentido que se dibuja la alternancia. La alta popularidad con la que se despide Bachelet no es extensible a la coalición de centro-izquierda que ha gobernado el país durante las últimas dos décadas. Los innegables avances sociales se antojan aún insuficientes para presentar una sociedad aceptablemente justa y un sistema político maduro. Chile continúa exhibiendo sonrojantes índices de desigualdad. El legado de Pinochet no pesa sólo en términos de miedo y despolitización, sino también de debilidad del papel distributivo del Estado y de anclaje de los intereses corporativos y oligárquicos.
Consciente de ello, Piñera intenta cuadrar el círculo: suaviza su programa económico de tinte liberal con un discurso de protección social para seducir a las clases menesterosas, desengañadas o cansadas de la coalición multicolor. Es un populismo de smoking, que tiene asegurado un buen respaldo propagandístico, a través de la cadena ChileVisión, propiedad del candidato. Su pasión futbolística (es dueño del Colo-Colo, uno de los clubes más afamados de Chile) le concede un plus de notoriedad en un año de triunfos para la selección nacional, que estará en el Mundial de Suráfrica (y será rival de España en la primera fase).
La respuesta va a depender de los que han respaldado la heterodoxia del exsocialista Ominami. Si deciden que el toque de atención está dado y que una alternativa renovadora de izquierdas se construye mejor bajo el epílogo de la coalición actual que con Piñera, y a ese convencimiento se suman los comunistas y socialistas de izquierdas, el Berlusconi chileno puede ver de nuevo frustradas sus ambiciones de firmar la mejor operación de su historia. Si, por el contrario, el electorado progresista entiende que la Concertación está definitivamente agotada, el grupo de países más cercano a los criterios exteriores de Washington se verá reforzado con la relevante presencia de Chile.
América Latina seguirá ocupando un lugar secundario en la agenda internacional de Washington. La administración Obama no supondrá un gran cambio con la política tradicional de Estados Unidos hacia la región. Este diagnóstico empieza a consolidarse entre diplomáticos, observadores y periodistas. En gran parte, porque los esfuerzos diplomáticos norteamericanos se van a concentrar en torno al eje Palestina-Irán-Afganistán-Pakistán. El resto quedará muy en segundo plano.
Pero hay otras motivaciones. En esta zona, como en otras, las expectativas se dispararon con escaso fundamento. Cuba se presentó –como también resulta habitual- como la gran piedra de toque para cualquier administración estadounidense en el último medio siglo. Los cambios apuntados por Obama se hacen esperar, y en esa demora pueden permanecer un buen tiempo, a falta de sorpresa o acontecimiento extraordinario (la desaparición física de Fidel, por ejemplo).
Los factores que reducen el apetito de Washington por implicarse activamente tienen que ver con una correlación de fuerzas más adversa que de costumbre, la emergencia de Brasil como potencia regional cada día más reconocida por sus vecinos y la presión de sectores populares e intelectuales a favor de una mayor autonomía.
Hace unos días, Hillary Clinton se dejó llevar por este desapego, durante una rueda de prensa en la que hizo un repaso a este primer año de la actual administración. A distintos medios latinoamericanos les llamó la atención la intensidad del desagrado con que se refirió la Secretaria de Estado a los dirigentes regionales más díscolos. “Nos preocupan los líderes que son elegidos libre y legítimamente, pero que luego de ser electos comienzan a socavar el orden constitucional y democrático, el sector privado, los derechos del pueblo de no ser hostigado y presionado”. Referencia indisimulable a Hugo Chávez, pero también al boliviano Evo Morales o al nicaragüense Daniel Ortega. Novedad cero. Como tampoco debe sorprender las alusiones a Cuba se hicieran en términos clásicos. (“Obviamente todos esperamos poder ver en un futuro no demasiado lejano a una Cuba democrática, eso es algo que sería extraordinariamente positivo”). Ningún atisbo de iniciativa.
Pero lo más llamativo fue la toma de distancias con el Brasil de Lula, a quien Obama, con seguridad, admira sinceramente, Hillary se mostró crítica por los “coqueteos” de algunos países con Irán. “Esperamos que haya un reconocimiento de que Irán es uno de los países que más apoyan, promueven y exportan el terrorismo hoy en día en el mundo”, aseveró la Secretaria de Estado. El reproche iba dirigido solamente a Chávez (o a sus protegidos habituales); también a Lula, que acaba de recibir calurosamente a Ahmadineyad.
En todo caso, Clinton evitó mencionar a Brasil, para prevenir una acritud que sería perjudicial para la buena imagen de Obama en América Latina. Su segundo para la zona, Arturo Valenzuela, está visitando estos días las principales capitales de la región para ofrecer la de cal. Especialmente en Brasilia, quiso escenificar la concordia, en un encuentro con Marco Aurelio García. Este histórico dirigente del PT y Consejero Internacional de Lula había manifestado días anteriores al NEW YORK TIMES que “tenían un fuerte sentimiento de decepción” hacia la nueva administración norteamericana.
El desencuentro resultó incómodo porque llegaba en un momento de enfriamiento entre Brasilia y Washington por el lamentable desarrollo de la crisis hondureña. El reconocimiento de las elecciones presidenciales del 29 de noviembre sin haber restablecido la normalidad constitucional ha provocado malestar entre la mayoría de las democracias latinoamericanas. La administración norteamericana estaba deseando cerrar un asunto que le importa poco o nada, si exceptuamos la seguridad de las bases militares de las operaciones antinarcóticos. Satisfechos por haberse librado de un amigo inesperado de Chávez, los norteamericanos confían en que todo se convierta pronto en historia. Pero Brasil no es un agente lateral, y no está dispuesto a que se la engañe piadosamente.
Los comentaristas conservadores, liberales o afectos a intereses económicos y mediáticos en la zona han liberado sus primeras críticas al gobierno de Lula. Después de años elogiando su moderación, no han dudado en dudar de la idoneidad y conveniencia de sus actuaciones en Honduras, en cuanto han sospechado coincidencias con Venezuela.
Los resultados electorales en Bolivia consolidan el eje izquierdista, pese a las presiones para deslegitimar el proyecto indigenista de Evo Morales. Y en Uruguay, pese a las precauciones de Pepe Mujica, su fuerte personalidad y su pasado tupamaro agitan renuencias. La gran esperanza es cambiar de columna a Chile. Los medios han valorado con estrépito la ventaja de Sebastián Piñera en la primera vuelta de las presidenciales. Es cierto que la holgura (catorce puntos) con la que ha distanciado a su rival directo, el expresidente democristiano Eduardo Frei, ha alentado a sus seguidores. Pero el megaempresario no ha ganado todavía.
Chile necesita el cambio, pero no en el sentido que se dibuja la alternancia. La alta popularidad con la que se despide Bachelet no es extensible a la coalición de centro-izquierda que ha gobernado el país durante las últimas dos décadas. Los innegables avances sociales se antojan aún insuficientes para presentar una sociedad aceptablemente justa y un sistema político maduro. Chile continúa exhibiendo sonrojantes índices de desigualdad. El legado de Pinochet no pesa sólo en términos de miedo y despolitización, sino también de debilidad del papel distributivo del Estado y de anclaje de los intereses corporativos y oligárquicos.
Consciente de ello, Piñera intenta cuadrar el círculo: suaviza su programa económico de tinte liberal con un discurso de protección social para seducir a las clases menesterosas, desengañadas o cansadas de la coalición multicolor. Es un populismo de smoking, que tiene asegurado un buen respaldo propagandístico, a través de la cadena ChileVisión, propiedad del candidato. Su pasión futbolística (es dueño del Colo-Colo, uno de los clubes más afamados de Chile) le concede un plus de notoriedad en un año de triunfos para la selección nacional, que estará en el Mundial de Suráfrica (y será rival de España en la primera fase).
La respuesta va a depender de los que han respaldado la heterodoxia del exsocialista Ominami. Si deciden que el toque de atención está dado y que una alternativa renovadora de izquierdas se construye mejor bajo el epílogo de la coalición actual que con Piñera, y a ese convencimiento se suman los comunistas y socialistas de izquierdas, el Berlusconi chileno puede ver de nuevo frustradas sus ambiciones de firmar la mejor operación de su historia. Si, por el contrario, el electorado progresista entiende que la Concertación está definitivamente agotada, el grupo de países más cercano a los criterios exteriores de Washington se verá reforzado con la relevante presencia de Chile.
ANTES Y DESPUÉS DE HAIDAR
10 de diciembre de 2009
El destino de Aminatu Haidar es lo que más preocupa ahora al Gobierno español y a las fuerzas sociales y políticas, que tratan por todos los medios de detener un proceso que amenaza con su muerte. Así debe ser, por supuesto. Pero la tragedia personal, ocurra lo que ocurra –y esperemos que se encuentre una solución que salve su vida sin traicionar su empeño- su ejemplo tendrá consecuencias perdurables para las relaciones hispano-marroquíes y para la posición española en el conflicto del Sahara Occidental.
El asunto es de una dificultad endiablada, no sólo por las propias complicaciones de este episodio concreto de la reivindicación saharaui. Probablemente, no toda la actuación de la activista saharaui ha sido irreprochable. Más allá de sus motivaciones éticas y políticas, algunos gestos y declaraciones han pecado de excesivamente calculadas. Pero el gobierno español hace bien en controlar su irritación. El coraje de Aminatu ha puesto en evidencia las contradicciones y acumulación de errores de todos los actores implicados en el conflicto saharaui.
Ha desnudado la fallida transición democrática en Marruecos y provocado reacciones y comentarios del Palacio Real propios de sensibilidades medievales. Ha colocado a España en la habitual posición de incomodidad y limitada capacidad de maniobra cuando se trata de gestionar los desencuentros con el vecino del sur. Ha revelado la debilidad del actual liderazgo saharaui, superado por los acontecimientos y tratando de rentabilizarlos a posteriori. Y ha dibujado la indiferencia aparente de la nueva diplomacia europea atareada y distraída en la mudanza de sus altos despachos.
UN CONFLICTO ENQUISTADO
Marruecos figura en el pelotón de países que con más contumacia y astucia han incumplido o escamoteado las resoluciones de la ONU. Lógicamente, ese comportamiento no es posible sin la anuencia internacional; o, más bien, de las grandes potencias occidentales, que han puesto por delante, sistemáticamente, sus intereses por encima de la legalidad internacional, ésa que tanto se invoca en otros casos que no hace falta recordar aquí, por demasiado obvios.
Las sucesivas resoluciones de la ONU sobre la celebración de un referéndum llamado a resolver la disputa sobre la soberanía en la antigua colonia española se perdieron bajo las dilaciones y excusas que Rabat fabricó durante años. No solamente se orilló la legalidad y se puso en entredicho el prestigio de las Naciones Unidas: también se despilfarraron recursos y, sobre todo, se defraudó a un pueblo ansioso de pronunciarse sobre su futuro.
Sobre la tumba del referéndum se edificó la propuesta marroquí de una autonomía saharaui, con perfiles demasiado imprecisos. Las tres capitales claves para la bendición internacional (Washington, París y Madrid) esbozaron su consentimiento. Pero los saharauis movilizaron, aunque sin el vigor de otros tiempos, las renuencias africanas y tercermundistas.
Los distintos gobiernos socialistas españoles han exhibido prudencia y tacto con Rabat sin obtener muchas veces recíproca respuesta. Como si España estuviera obligada por una fantasmagórica deuda histórica a proceder de esa manera tan desequilibrada. Los independentistas saharauis ya no ocultan su frustración por la inhibición española ante la flagrante ausencia de respeto de Marruecos a sus compromisos internacionales.
No quiero escamotear los errores y contradicciones de los dirigentes polisarios durante todos estos años. Es justo afirmar que tienen parte de responsabilidad en el bloqueo de la situación: no todo lo que ha ocurrido –y, sobre todo, lo que no ha ocurrido- puede imputársele a la indolencia de las grandes potencias.
La jerarquía saharaui se dejó enredar por las maniobras marroquíes en torno al censo. La disputa sobre quienes tendrían derecho a votar estaba envenenada, porque ambas partes estaban condenadas a defender propuestas con trampa para inclinar las estadísticas a su favor. Rabat sabía que el tiempo corría a su favor y el Polisario se dio cuenta demasiado tarde de que nunca habría referéndum. Luego, cuando la línea mantenida en los noventa se desmoronó, la amenaza de volver a las armas, esgrimida por los independentistas, se reveló inmediatamente como un farol clamoroso y el Polisario anduvo varios años sin estrategia.
El fracaso de la comunidad internacional precipitó el estancamiento previsible. La fallida evolución democrática en Marruecos, el ensimismamiento de Argelia tras la sangría integrista, la consolidación de una fantasmal amenaza jihadista en el Magreb, los ocho años de administración republicana en Washington y la esclerosis del liderazgo independentista saharaui se combinaron para alejar cualquier atisbo de solución aceptable por todos.
En este marasmo, España no ha aportado claridad, sino todo lo contrario. Los gobiernos de Aznar se enzarzaron en una bronca arcaica, con ribetes colonialistas y militaristas, enfangándose en lo accesorio y olvidando lo fundamental, ofendiendo inútilmente más a los ciudadanos que al régimen y rescatando los peores reflejos de la derecha más rancia. En contraste, el mandato de Zapatero difícilmente puede considerarse un éxito, a la luz de estas últimas semanas. Y no por falta de voluntad, y menos por ausencia de conocimientos.
El empeño de sectores derechistas en atribuir a los servicios secretos marroquíes cierta responsabilidad intelectual en los atentados del 11-M no tenía como objetivo simplemente deslegitimar el triunfo electoral socialista en 2004, sino colocar una carga de profundidad en las relaciones bilaterales con Rabat. Zapatero sorteó la trampa con cierta habilidad, avanzando hacia una reconciliación necesaria en dos capítulos estratégicos para España: la gestión ordenada de la inmigración y la colaboración contra la delincuencia (ya sea narcotraficante o terrorista). Pero, como les ocurrió a los gobiernos de Felipe González, en esta estrategia fue sacrificado el irrenunciable compromiso con la justicia histórica en el Sahara. O al menos, con el respeto al cumplimiento de las resoluciones internacionales.
NADA SERÁ COMO ANTES
Algunos se asombran ahora, con una ingenuidad increíble, que Rabat haya esgrimido el chantaje para condicionar las complicadas opciones de la diplomacia española en la resolución de caso Haidar. Rabat lo ha hecho siempre: con la pesca, con la inmigración ilegal, con Ceuta y Melilla, con el tráfico de drogas. Con la amenaza integrista, la convergencia de intereses y el ojo vigilante de Washington ha evitado cualquier veleidad utilitarista.
Puede admitirse que España siempre tendrá dificultades para estabilizar una relación equilibrada, justa y satisfactoria con Marruecos. Puede admitirse que el diálogo y la paciencia son herramientas irrenunciables. A buen seguro que España también habrá presionado en esta y en otras ocasiones anteriores. Pero el mensaje que cala en la opinión pública es de desconcierto, cuando no de debilidad. Con hipocresía escandalosa, los líderes de la derecha española se lo reprochan al gobierno, como si el exhibicionismo obsceno –e inútil- de Perejil hubiera obtenido mejores resultados.
Con Haidar viva o convertida en mártir, las relaciones entre España y Marruecos no serán las mismas, a partir de ahora. La herida sin curar del Sahara está de nuevo en la agenda de la diplomacia española, sin menoscabo de otras correcciones. Debe estarlo también en la mesa de la recién estrenada diplomacia europea, supuestamente relanzada con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Se sabe que la Casa Blanca se ha preocupado por el destino de la activista saharaui y que la organización estadounidense más prestigiosa en materia de derechos humanos, Human Rights Watch, ha denunciado el agravamiento de la represión en el Sahara tras el rechazo de la autonomía. Y no olvidemos que el actual emisario especial de la ONU para el Sahara es un norteamericano, Christopher Ross, antiguo embajador en Argelia, para más señas. Esperemos que, como ya ocurrió durante el mandato de Clinton, la señal de activación no tenga que venir de Washington.
El destino de Aminatu Haidar es lo que más preocupa ahora al Gobierno español y a las fuerzas sociales y políticas, que tratan por todos los medios de detener un proceso que amenaza con su muerte. Así debe ser, por supuesto. Pero la tragedia personal, ocurra lo que ocurra –y esperemos que se encuentre una solución que salve su vida sin traicionar su empeño- su ejemplo tendrá consecuencias perdurables para las relaciones hispano-marroquíes y para la posición española en el conflicto del Sahara Occidental.
El asunto es de una dificultad endiablada, no sólo por las propias complicaciones de este episodio concreto de la reivindicación saharaui. Probablemente, no toda la actuación de la activista saharaui ha sido irreprochable. Más allá de sus motivaciones éticas y políticas, algunos gestos y declaraciones han pecado de excesivamente calculadas. Pero el gobierno español hace bien en controlar su irritación. El coraje de Aminatu ha puesto en evidencia las contradicciones y acumulación de errores de todos los actores implicados en el conflicto saharaui.
Ha desnudado la fallida transición democrática en Marruecos y provocado reacciones y comentarios del Palacio Real propios de sensibilidades medievales. Ha colocado a España en la habitual posición de incomodidad y limitada capacidad de maniobra cuando se trata de gestionar los desencuentros con el vecino del sur. Ha revelado la debilidad del actual liderazgo saharaui, superado por los acontecimientos y tratando de rentabilizarlos a posteriori. Y ha dibujado la indiferencia aparente de la nueva diplomacia europea atareada y distraída en la mudanza de sus altos despachos.
UN CONFLICTO ENQUISTADO
Marruecos figura en el pelotón de países que con más contumacia y astucia han incumplido o escamoteado las resoluciones de la ONU. Lógicamente, ese comportamiento no es posible sin la anuencia internacional; o, más bien, de las grandes potencias occidentales, que han puesto por delante, sistemáticamente, sus intereses por encima de la legalidad internacional, ésa que tanto se invoca en otros casos que no hace falta recordar aquí, por demasiado obvios.
Las sucesivas resoluciones de la ONU sobre la celebración de un referéndum llamado a resolver la disputa sobre la soberanía en la antigua colonia española se perdieron bajo las dilaciones y excusas que Rabat fabricó durante años. No solamente se orilló la legalidad y se puso en entredicho el prestigio de las Naciones Unidas: también se despilfarraron recursos y, sobre todo, se defraudó a un pueblo ansioso de pronunciarse sobre su futuro.
Sobre la tumba del referéndum se edificó la propuesta marroquí de una autonomía saharaui, con perfiles demasiado imprecisos. Las tres capitales claves para la bendición internacional (Washington, París y Madrid) esbozaron su consentimiento. Pero los saharauis movilizaron, aunque sin el vigor de otros tiempos, las renuencias africanas y tercermundistas.
Los distintos gobiernos socialistas españoles han exhibido prudencia y tacto con Rabat sin obtener muchas veces recíproca respuesta. Como si España estuviera obligada por una fantasmagórica deuda histórica a proceder de esa manera tan desequilibrada. Los independentistas saharauis ya no ocultan su frustración por la inhibición española ante la flagrante ausencia de respeto de Marruecos a sus compromisos internacionales.
No quiero escamotear los errores y contradicciones de los dirigentes polisarios durante todos estos años. Es justo afirmar que tienen parte de responsabilidad en el bloqueo de la situación: no todo lo que ha ocurrido –y, sobre todo, lo que no ha ocurrido- puede imputársele a la indolencia de las grandes potencias.
La jerarquía saharaui se dejó enredar por las maniobras marroquíes en torno al censo. La disputa sobre quienes tendrían derecho a votar estaba envenenada, porque ambas partes estaban condenadas a defender propuestas con trampa para inclinar las estadísticas a su favor. Rabat sabía que el tiempo corría a su favor y el Polisario se dio cuenta demasiado tarde de que nunca habría referéndum. Luego, cuando la línea mantenida en los noventa se desmoronó, la amenaza de volver a las armas, esgrimida por los independentistas, se reveló inmediatamente como un farol clamoroso y el Polisario anduvo varios años sin estrategia.
El fracaso de la comunidad internacional precipitó el estancamiento previsible. La fallida evolución democrática en Marruecos, el ensimismamiento de Argelia tras la sangría integrista, la consolidación de una fantasmal amenaza jihadista en el Magreb, los ocho años de administración republicana en Washington y la esclerosis del liderazgo independentista saharaui se combinaron para alejar cualquier atisbo de solución aceptable por todos.
En este marasmo, España no ha aportado claridad, sino todo lo contrario. Los gobiernos de Aznar se enzarzaron en una bronca arcaica, con ribetes colonialistas y militaristas, enfangándose en lo accesorio y olvidando lo fundamental, ofendiendo inútilmente más a los ciudadanos que al régimen y rescatando los peores reflejos de la derecha más rancia. En contraste, el mandato de Zapatero difícilmente puede considerarse un éxito, a la luz de estas últimas semanas. Y no por falta de voluntad, y menos por ausencia de conocimientos.
El empeño de sectores derechistas en atribuir a los servicios secretos marroquíes cierta responsabilidad intelectual en los atentados del 11-M no tenía como objetivo simplemente deslegitimar el triunfo electoral socialista en 2004, sino colocar una carga de profundidad en las relaciones bilaterales con Rabat. Zapatero sorteó la trampa con cierta habilidad, avanzando hacia una reconciliación necesaria en dos capítulos estratégicos para España: la gestión ordenada de la inmigración y la colaboración contra la delincuencia (ya sea narcotraficante o terrorista). Pero, como les ocurrió a los gobiernos de Felipe González, en esta estrategia fue sacrificado el irrenunciable compromiso con la justicia histórica en el Sahara. O al menos, con el respeto al cumplimiento de las resoluciones internacionales.
NADA SERÁ COMO ANTES
Algunos se asombran ahora, con una ingenuidad increíble, que Rabat haya esgrimido el chantaje para condicionar las complicadas opciones de la diplomacia española en la resolución de caso Haidar. Rabat lo ha hecho siempre: con la pesca, con la inmigración ilegal, con Ceuta y Melilla, con el tráfico de drogas. Con la amenaza integrista, la convergencia de intereses y el ojo vigilante de Washington ha evitado cualquier veleidad utilitarista.
Puede admitirse que España siempre tendrá dificultades para estabilizar una relación equilibrada, justa y satisfactoria con Marruecos. Puede admitirse que el diálogo y la paciencia son herramientas irrenunciables. A buen seguro que España también habrá presionado en esta y en otras ocasiones anteriores. Pero el mensaje que cala en la opinión pública es de desconcierto, cuando no de debilidad. Con hipocresía escandalosa, los líderes de la derecha española se lo reprochan al gobierno, como si el exhibicionismo obsceno –e inútil- de Perejil hubiera obtenido mejores resultados.
Con Haidar viva o convertida en mártir, las relaciones entre España y Marruecos no serán las mismas, a partir de ahora. La herida sin curar del Sahara está de nuevo en la agenda de la diplomacia española, sin menoscabo de otras correcciones. Debe estarlo también en la mesa de la recién estrenada diplomacia europea, supuestamente relanzada con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Se sabe que la Casa Blanca se ha preocupado por el destino de la activista saharaui y que la organización estadounidense más prestigiosa en materia de derechos humanos, Human Rights Watch, ha denunciado el agravamiento de la represión en el Sahara tras el rechazo de la autonomía. Y no olvidemos que el actual emisario especial de la ONU para el Sahara es un norteamericano, Christopher Ross, antiguo embajador en Argelia, para más señas. Esperemos que, como ya ocurrió durante el mandato de Clinton, la señal de activación no tenga que venir de Washington.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
